Por unanimidad, 40 diputados aprobaron el lunes, en primer debate, un proyecto ley para permitir el secuestro de capitales que surjan sin causa lícita aparente, lo que incluye propiedades, autos de lujo o cuentas bancarias, entre otros. Después de la inmovilización, los propietarios se verán obligados a justificar el origen de sus bienes.
El proyecto, presentado por la administración de Carlos Alvarado y retomado por el actual gobierno, permitiría a cuatro instituciones solicitar al Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda la adopción de una medida anticipada y provisional destinada a asegurar, secuestrar, conservar o verificar bienes y productos financieros de interés.
Las cuatro instituciones son la Contraloría General de la República (CGR), el Ministerio de Hacienda, el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) y el Ministerio Público.
El Juzgado podrá emitir los respectivos mandamientos de anotación e inmovilización registral de los bienes muebles e inmuebles, así como la orden de congelamiento de instrumentos financieros, por medio de la Unidad de Inteligencia Financiera del ICD.
ICD maniatado para vender mansiones y autos decomisados al crimen organizado
Las instituciones podrán solicitar la medida antes de presentar una denuncia sobre capitales injustificados contra el propietario. Para dictar su resolución, el juzgado no tendrá que otorgar audiencia a las partes.
La ley permitirá secuestrar bienes obtenidos por funcionarios públicos, particulares, o bien, personas jurídicas. El secuestro no se podrá solicitar si ya pasaron más de diez años desde la obtención del capital.
Hombre sin oficio conocido pagó ¢50 millones en efectivo por finca y juzgado se la decomisó
Concedida la medida, las instancias legitimadas deberán interponer la denuncia formal en el plazo de un mes, tiempo que correrá a partir del día de la notificación a la persona o de la ejecución de la diligencia.
Posteriormente, el juez Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda entregará en depósito judicial al ICD los bienes o productos financieros secuestrados o retenidos, y este podrá disponer de manera anticipada de los bienes, con todas las facilidades administrativas y exoneraciones ya previamente definidas en las normas especiales existentes en la materia.
El texto habla de capitales superiores a $50.000, pero los diputados decidieron retrotraer el proyecto, después de aprobarlo en primer debate, para ajustar esa cifra. La idea es que se puedan perseguir bienes valorados en montos menores. La definición aún está pendiente.
Juzgado decomisa $1,3 millones a grupo que no pudo demostrar existencia de ‘call center’
Una vez que la Comisión de Seguridad defina la cifra, el texto volverá al plenario para ser aprobado de nuevo en primer y segundo debate.
Jorge Rojas, diputado del gobernante Partido Progreso Social Democrático (PPSD), calificó de urgente el plan, debido a la ola de inseguridad que sufre el país. Dijo que la Ley Contra la Delincuencia Organizada, la cual se reforma con la iniciativa, no dio herramientas para evitar que estos capitales se fuguen o se traspasen, y tampoco facilita las notificaciones.
“No necesitamos una ley de extinción de dominio si bajo esta reforma dotamos de herramientas necesarias para perseguir capitales emergentes, y no necesitamos demostrar delito precedente”, resaltó el legislador.
Gloria Navas, legisladora independiente, aseguró que este plan es más poderoso que aumentar penas, porque permitirá quitarle dinero a los narcotraficantes.
La independiente resaltó que la captura del dinero no tendrá que pasar por un proceso penal, el cual es más lento,y añadió que el proyecto invierte la carga de la prueba, al exigirle al propietario demostrar la fuente lícita del capital.
