“Defende a Galega es el bulo más grande de su factoría de fakes”. La diputada del PP en el Parlamento de Galicia, Carmen Pomar, definió así al colectivo de trabajadores de la CRTVG que lleva desde 2018 manifestándose cada viernes -venres negro- contra la manipulación en los medios públicos gallegos. Lo hizo en respuesta a una iniciativa del BNG que solicitaba el relevo del director xeral, en el cargo desde 2009 y, desde 2016, de forma provisional.
Pomar, exconselleira de Educación, atacó así a los profesionales de la información apenas dos semanas después de que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, criticase abiertamente ese tipo de prácticas en una alocución al grupo parlamentario popular en el Congreso. “No a insultar a ningún periodista como hacen los ministros”, dijo entonces, antes de ir más allá. “No a pedir campañas orquestadas contra ellos como está haciendo el Gobierno. No a que militantes socialistas dirijan medios públicos. Y no a que este Gobierno, o cualquiera, pida callar o deslegitimar a los periodistas. Y sí a la prensa libre en España”.
La diputada del BNG Olalla Rodil fue la encargada de defender una proposición no de ley con la que buscaba “acabar de una vez con la anomalía democrática” en la que se encuentra la corporación. Lo hizo, no exenta de ironía, para tratar de “satisfacer” las “exigencias de regeneración democrática” de Alberto Núñez Feijóo.
Rodil recordó que el líder del PP, tanto en sus declaraciones públicas como a través de artículos publicados en “algunos” medios, se daba “golpes de pecho” en defensa de la libertad de expresión y contra el control político de los medios públicos. Un control, dijo la diputada citando a Feijóo, que “erosiona esas instituciones y entes públicos mediante su uso partidario y su colonización”. “Nada satisfaría más al grupo parlamentario del BNG ni a los cientos de trabajadores de la CRTVG que el PP tuviese a bien hacer aquí lo que predica fuera”, concluyó.
En su respuesta, Pomar negó la existencia de manipulación y aseguró que “no existe una sola sentencia, resolución o dictamen que respalde las acusaciones” de la oposición. Sí hay al menos una que condena las represalias contra quienes denuncian esa manipulación: la que dio la razón al periodista Carlos Jiménez, expedientado como castigo por su participación en las movilizaciones de Defende a Galega, tal y como falló un juzgado de Santiago.
A su entender, la propuesta del BNG era “un nuevo episodio de deslegitimación de la CRTVG, una campaña con la que intenta coaccionar e interferir en un medio de comunicación poniendo en marcha su factoría de bulos y desinformación”.
