El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de la Ley de universalidad del Sistema Nacional de Salud (SNS) con el objetivo de "seguir ampliando la cobertura sanitaria a más ciudadanos", tal y como ha avanzado la portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
El proyecto de Ley recoge la asistencia sanitaria en igualdad de condiciones para las personas españolas que residan en el extranjero y para los extranjeros que vienen por reagrupación familiar. Pero todavía va más allá, ya que la nueva norma permitiría incluso la asistencia sanitaria con una "declaración responsable" de toda persona residente en España con independencia de su condición administrativa, mediante la revisión de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del SNS, informa Ep.
"La nueva Ley de Universalidad es un hito dentro de nuestro Sistema Nacional de Salud para recuperar parte del orgullo que perdimos en 2012. Queremos garantizar con esta Ley el acceso universal y desterrar para siempre esa exclusión sanitaria que, como bien saben, trajo una ley en el año 2012 el Partido Popular y queremos cerrar esa herida", ha declarado este martes la ministra de Sanidad, Mónica García, en rueda de prensa.
Así, la ministra ha asegurado que esta Ley viene a materializar el aprendizaje de la pandemia de que "nadie está a salvo hasta que todo el mundo esté a salvo", que "garantiza el derecho a la salud". "En un momento en el que estamos escuchando multitud de discursos xenófobos y multitud de discursos que son excluyentes, deshumanizantes, nosotros hacemos gala de todo lo contrario. El Gobierno de España presume de la universalidad y considera que esta es una herramienta más para tener sociedades más cohesionadas, más justas y también sociedades más eficientes", ha señalado García.
Según ha explicado la ministra, esta Ley "recupera el derecho a la asistencia sanitaria en igualdad de condiciones, no solamente para las personas que residen en España y que hasta ahora estaban excluidos, sino también para los españoles residentes en el extranjero que cuando venían a España no tenían derecho a esta prestación".
En este sentido, ha detallado que, para que esto sea posible, se habilitaría una "declaración responsable" para las personas que residen en España, con lo que "no se le negaría nunca a ningún residente, a ninguna persona, la asistencia sanitaria". "La ley que introdujo en el año 2012 el Partido Popular no solamente era una ley que debilitaba nuestro SNS, sino que además conculcaba con el código deontológico de los propios profesionales que no podemos excluir a ningún paciente por ninguna condición", ha advertido.
Con la Ley del 2012 las personas mencionadas "solamente tenían derecho a la asistencia en urgencias", lo que hacía que a muchas de las patologías ya "se llegara tarde". "Con lo cual, es una medida que no solamente es eficiente desde el punto de vista de la salud, sino también es una medida eficiente desde el punto de vista de la economía", ha apuntado García.
También se amplían los derechos a la protección de la salud y a la atención sanitaria a las personas ascendientes reagrupadas por hija o hijo titular del derecho a la asistencia sanitaria en el Sistema Nacional de Salud, cuando estén a su cargo y siempre que no exista un tercero obligado al pago de dicha asistencia.
Además, tendrán derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria en las mismas condiciones que las personas titulares del derecho durante su permanencia en España: las personas solicitantes de protección internacional, las personas solicitantes y beneficiarias de protección temporal, las víctimas de trata de seres humanos cuya estancia temporal en España haya sido autorizada durante el periodo de restablecimiento y reflexión, y las personas no registradas ni autorizadas como residentes en España.
En este último caso, la asistencia -que no genera un derecho de cobertura fuera del territorio español- será con cargo a los fondos públicos de las administraciones competentes siempre que se cumplan los siguientes requisitos: no tener la obligación de acreditar cobertura obligatoria de la prestación sanitaria por otra vía, no poder exportar el derecho de cobertura sanitaria desde su país de origen y no existir un tercero obligado al pago.
Estos requisitos podrán acreditarse mediante la presentación de una declaración responsable, sin menoscabo de que, posteriormente, al resolverse el procedimiento administrativo, se deba gestionar el pago de la asistencia recibida por el usuario o por un tercero obligado al pago.
Respecto a la prestación farmacéutica, todos los grupos antes mencionados se incorporan al sistema para que no tengan que pagar el cien por cien de los medicamentos.
El Proyecto de Ley recupera, además, la "cartera común de servicios única", que agrupa la cartera común básica de servicios asistenciales, la cartera común suplementaria y la cartera común de servicios accesorios y se garantiza que no se puedan incluir nuevos copagos.
Se clarifica la inclusión y pertenencia a la cartera común de servicios del SNS de las prestaciones que mejoran la salud desde una perspectiva poblacional y, dentro de la prestación de atención especializada, se concreta la medicina de precisión, personalizada, predictiva, participativa y poblacional, que está centrada en las características de cada paciente para adaptar de una manera más efectiva y más personalizada el diagnóstico y las medidas terapéuticas o preventivas.
