Condena confirmada. El Tribunal Supremo (TS) ha ratificado la condena de tres años de cárcel para una auxiliar administrativa que accedió, aprovechándose de su puesto de trabajo, a la historia clínica de la pareja de su ex, con quien tenía una muy mala relación, para consultar sus detalles y conocer, entre otros aspectos, qué citas médicas tenía. Este espionaje llevó a que la condenada llevara a descubrir el embarazo de la nueva novia de su ex. Los hechos empezaron en verano de 2015 en Granada , cuando la mujer fue contratada para cubrir temporalmente un puesto de trabajo administrativo en un ambulatorio del Servicio Andaluz de Salud (SAS) mientras su empleado realizara las vacaciones. Entre sus funciones estaban la de asignar o anular citas de pacientes , por lo que podía tener acceso a un programa administrativo. Se llamaba ' Diraya' y podía acceder a él gracias al uso de las claves del compañero al que estaba sustituyendo. Y, según ha confirmado ahora el Supremo y avanzado Efe, ella se benefició de ello para conocer detalles de la mujer. La nueva pareja estaba embarazada Así, según se constata en los escritos, dos de los días de su sustitución accedió a la base de datos sanitarios y estuvo buscando en hasta seis ocasiones el historial de la nueva pareja de su exmarido, con el que mantenía una mala relación. Solo con la introducción del nombre y el DNI de ella pudo descubrir que la nueva pareja de él estaba embarazada. Todo ello, porque vio que ella tenía dos citas agendadas con especialistas de obstetricia en un hospital de Granada . La historia no acabó allí y es que la condenada llegó a llamar al centro al que tenía que acudir para ratificar si estaba embarazada, o no, y de cuánto estaba. Gracias a que sabía su nombre y DNI lo consiguió sin problema. Su exmarido descubrió el espionaje porque un día ella se lo reprochó por teléfono y le hizo saltar las alarmas a él, dado que la pareja todavía mantenía en secreto el embarazo y no lo había contado a nadie. En un primer momento, la Audiencia Provincial de Granada la condenó por un delito de descubrimiento y revelación de secretos por funcionario público a tres años de prisión. Además, le impusieron una multa de 3.400 euros y quedó inhabilitada para trabajar en la sanidad durante ocho años. La mujer, que entendía que se quebrantó su derecho a la presunción de inocencia porque no había suficientes pruebas porque nadie la había visto acceder a las citas o hablar con el ambulatorio fingiendo ser otra persona, presentó un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Noticias Relacionadas estandar No Libertad provisional para el entrenador de fútbol acusado de corrupción de menores en Tenerife estandar No «ATAQUE BRUTAL Y DESPIADADO» La Justicia confirma los 23 años de prisión para el individuo que mató a su pareja de 32 puñaladas tras iniciar los trámites de divorcio Elena Burés El Tribunal desestimó su petición de absolución porque entendía que existían suficientes pruebas, como el testimonio de la enfermera que la atendió al teléfono cuando llamó para preguntar por el tiempo gestacional que llevaba. Su exmarido y su novia declararon que ella se había jactado ante ellos tras conocer la noticia, entre otros motivos, por lo que los magistrados entendieron que no había ninguna duda de que había sido ella. El Tribunal también responde a la queja de ella de que fuera considerada funcionaria cuando era técnicamente una auxiliar administrativa sustituta y recuerda en su resolución que para el Derecho Penal un funcionario público lo es independientemente de las categorías y definiciones específicas.
