El expresidente catalán alega que el Tribunal Constitucional no fue categórico cuando le advirtió de la prohibición para realizarla
Este jueves será el día en que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) decidirá sobre la demanda del expresidente catalán Artur Mas contra España, tras ser condenado a más de un año de inhabilitación para cargo público como consecuencia de la consulta del 9N que organizó en 2014.
Mas acudió a la corte de Estrasburgo después de que el Tribunal Constitucional (TC) le denegara el amparo frente a la sentencia que le condenó por desarrollar la consulta independentista a pesar de las advertencias precias que la propia corte de garantías realizó para que desistiera de su propósito.
Mas elevó su caso a esta instancia bajo el argumento de que se ha incumplido “el requisito de claridad y previsibilidad” que recoge el artículo 7 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. En él se indica que nadie podrá ser condenado por una acción que no constituya una infracción según el derecho nacional o internacional en el momento en que fue cometida.
El TEDH ha confirmado que el jueves 16 de mayo los magistrados estudiarán las preguntas a las partes que ha planteado el expresidente de la Generalitat, que sostiene que el Tribunal Constitucional no fue lo suficientemente preciso, concreto y categórico cuando le advirtió sobre la prohibición de realizar la consulta. También cuestiona el carácter “penal” de la realización de dicha consulta.
La consulta sobre una posible independencia de Cataluña se realizó el 9 de noviembre de 2014 y se financió con fondos públicos. Tres años más tarde, en 2017, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Cataluña dicto una sentencia condenatoria a dos años de inhabilitación para cargos públicos al considerar probado que desobedeció la advertencia de la corte de garantías.
Al año siguiente, el Tribunal Supremo (TS) confirmó la condena pero rebajó la pena un año y un mes de inhabilitación. Frente a esta resolución, Mas presentó un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, que fue rechazado.
Finalmente, el expresidente catalán optó por elevar su caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos que se pronunciará este jueves, mediante una demanda contra España.
