Sector público registró 309.200 empleados en primer trimestre del año, versus 275.100 del mismo periodo de 2023, según INEC. Seguridad, Justicia, Caja y municipales entre los que crecen
La planilla del sector público se incrementó en 34.106 personas, durante el último año. Al primer trimestre del 2024 el Estado costarricense contaba con 309.208 empleados, mientras que en el mismo periodo del año pasado fueron 275.102 personas, según la Encuesta Continua de Empleo (ECE) realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). El cambio registrado es estadísticamente significativo, confirmó Braulio Villegas, coordinador del estudio.
El alza en la cantidad de trabajadores estatales se explica porque en años anteriores hubo restricciones presupuestarias en la contratación en el sector público, como en el Gobierno Central y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), y no se repusieron los puestos por jubilaciones o renuncia de personal.
Sin embargo, el empleo estatal empezó a crecer entre el 2023 y este año, según lo registran el Ministerio de Hacienda, el Banco Central Costa Rica (BCCR), la Contraloría General de la República (CGR) y la CCSS, este último uno de los principales empleadores estatales.
La planilla estatal está repartida en 281 entidades que incluyen 172 instituciones cuyos presupuestos se aprueban en la CGR, como los gobiernos locales, instituciones descentralizadas y empresas públicas. Otras 109 entidades se financian vía Presupuesto Nacional, es decir, el Gobierno Central, el Congreso, el Poder Judicial, entre otras.
Al desagregar la información de la ECE por tipo de institución, el Gobierno Central aglutina el 50% de los empleados del sector público en el primer trimestre de este año, es decir, 154.600 personas. Mientras que la otra mitad se repartió entre entidades descentralizadas, empresas públicas no financieras, empresas públicas financieras y municipalidades.
Gasto en incentivos salariales se dinamiza; sueldos base se desaceleran
Villegas explicó que históricamente la ocupación en el sector público tiene una marcada influencia del componente fiscal y depende de las directrices gubernamentales para la creación de nuevas plazas. “Durante 2011, 2012 y 2013 se observa un nivel superior a 310.000 (de ocupación en el sector público). Luego hubo niveles más bajos, pudo ocurrir por restricciones que comenzaron a darse en el tema de contratación pública”, puntualizó.
Mediante la Encuesta Continua de Empleo, el INEC realiza una estimación de la ocupación del país, para lo cual calcula la cantidad de personas que laboran en el sector privado y público por trimestres móviles desde julio de 2010. También indaga las características de los trabajadores y desempleados por edades, sexo, educación, aseguramiento, ingresos y actividad.
Para determinar dónde se da el incremento es necesario revisar varias fuentes de información como la Contraloría General de la República (CGR), el Banco Central de Costa Rica (BCCR) y el Ministerio de Hacienda. Los datos no están consolidados en una única entidad.
En el Informe de Política Monetaria presentado por el BCCR al final de abril anterior, se indica que en la administración pública hubo un aumento en el empleo durante el último año en el Ministerio de Seguridad, el Tribunal Supremo de Elecciones y las municipalidades.
Nogui Acosta, ministro de Hacienda, confirmó a este diario que la prioridad gubernamental en la creación de nuevas plazas entre el 2023 y este año está en Seguridad y el Ministerio de Justicia, con 620 y 248 puestos respectivamente.
“En cuanto al techo de crecimiento de plazas, se debe recordar que la regla fiscal establece un límite de crecimiento al gasto corriente y total, por lo que no se podrían crear plazas si se sobrepasa el límite de cumplimiento de dicha regla”, subrayó el jerarca.
La legislación dicta que las instituciones financiadas mediante el Presupuesto Nacional deben tramitar la creación de nuevos puestos ante la Autoridad Presupuestaria, dijo Acosta. De dicho mandato se excluyen aquellas que tienen independencia administrativa como el Poder Judicial y la Asamblea Legislativa.
“La institución que requiera ocupar alguna plaza vacante, sea por renuncia, despido o pensión, debe solicitar a la Autoridad Presupuestaria su autorización para hacerlo”, recalcó el ministro.
En el caso del TSE, se crearon 374 plazas para reforzar los programas electorales con miras a las elecciones municipales 2024 y 263 para un posible referéndum, según la justificación dada en la Ley de Presupuesto Nacional del 2023.
Los datos brindados por Hacienda muestran que, durante el año pasado, al INEC se le dieron 341 plazas especiales para la atención del Censo 2022 y, en el 2022, fueron 840.
La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) fue una de las instituciones descentralizadas que más plazas incorporó a su planilla en el último año. En noviembre del 2023, la Junta Directiva aprobó 550 puestos, de los cuales el 85% se destinaron al Hospital Calderón Guardia. Mientras que, en marzo pasado, habilitó 675 campos para atender la saturación en servicios de urgencias y emergencias en hospitales y Áreas de Salud.
En el informe Perspectiva Presupuestaria del Sector Municipal de la Contraloría General de la República (CGR), se registró que para este año los gobiernos locales incorporaron 1.106 plazas nuevas. En tanto que, en el 2023, sumaron 1.400 puestos. Los 82 municipios comenzaron este año con una planilla de casi 18.000 personas.
En el documento se precisa que 61 municipalidades gestionaron la creación de nuevas plazas para este año, pero a 19 entidades no se les aprobaron porque no mostraron estar respaldadas en la Ley Marco de Empleo Público y otras 24 no incluyeron la viabilidad financiera.
El incremento registrado en el estudio coincide con una aceleración en el pago de salarios de trabajadores estatales en los últimos dos años. Para este 2024, el sector público presupuestó ¢6,66 billones en pago de remuneraciones, lo cual significa un incremento del 1,8% respecto al año previo, según el informe Presupuestos Públicos 2024 de la Contraloría General de la República (CGR).
En tanto, para el 2023 se asignaron ¢6,54 billones en remuneraciones, lo cual implicó un incremento del 3,2% respecto a los ¢6,34 billones del 2022, muestran los datos de la Contraloría.
La información del ente contralor indica que, para este año, la mayoría del gasto en remuneraciones del sector público se concentran en el Gobierno Central, con el 42,8%; y las instituciones descentralizadas, con el 34,4%. Sin embargo, la CCSS destaca con una cuarta parte del monto total destinado por el Estado en sueldos.
“Con la entrada en vigencia de la Ley Marco de Empleo Público y las familias salariales, los salarios bases con pluses se transforman en salarios globales, situación que empieza a generar cambios en la estructura de las remuneraciones”, destaca la CGR.
De hecho para este año, los incentivos salariales pagados por el estado decrecen en 0,9%. Contrario ocurre con las remuneraciones básicas que crecen casi un 7%, frente al 2023, precisamente por la creación de nuevas plazas.
