Casos como el ataque a balazos al carro de una jueza, el 21 de marzo en Aserrí, apuraron al Poder Judicial a aumentar seguridad en edificios y vigilancia a funcionarios.
Todos los tribunales de justicia del país han reforzado las medidas de seguridad luego de amenazas y ataques sufridos por funcionarios del Poder Judicial en los últimos meses.
Actualización de protocolos de ingreso y salida de los edificios, mejores máquinas detectoras de metales e identificación de funcionarios trabajando en procesos de riesgo mayor, son algunas de las medidas tomadas para evitar hechos como el del 21 de marzo pasado, cuando dos hombres en moto dispararon cuatro veces contra el carro estacionado de una jueza penal, en Tarbaca de Aserrí. Apenas dos semanas después, el 4 de abril, en Jacó de Garabito, dos hombres atacaron a balazos la casa y carro de un fiscal.
El incremento en la seguridad también se realizó tras casos como el del 26 de febrero, cuando un hombre que llegaba a cumplir con una diligencia en los Tribunales de Limón fue ultimado al frente del edificio.
Estos eventos encendieron las alarmas en el Poder Judicial y por eso la Corte Plena, en conjunto con el OIJ, coordinó las medidas necesarias para reforzar la seguridad de sus funcionarios adentro y fuera de las instalaciones judiciales.
Gerardo Rubén Alfaro, magistrado de Sala Tercera y coordinador de la Comisión Enlace Corte-OIJ, afirmó a La Nación que desde el 2021 se hizo un diagnóstico de los más de 200 edificios del Poder Judicial, propios y alquilados, para encontrar áreas de mejora en su seguridad. Además de tomar medidas en los edificios, también se busca dar mayor protección a los empleados fuera de ellos.
“Trabajamos en el nivel de la seguridad personal. Sería completamente irrazonable pensar que podemos tener seguridad personal para 13.000 personas funcionarias, entonces trabajamos en dos niveles: un nivel macro, lo estamos trabajando a partir de la capacitación en autoprotección”.
El magistrado explicó que el otro nivel consiste en determinar el riesgo que enfrentan jueces, fiscales y otros funcionarios involucrados en casos que requieren la intervención de la Unidad de Protección a Funcionarios Judiciales (UPRO) del OIJ.
Alfaro agregó que desde ya están calculando cuánto tendrían que aumentar los montos destinados a proteger funcionarios e instalaciones en el presupuesto del 2025.
“Estamos valorando cuáles son las partidas presupuestarias que vamos a ocupar, o qué vamos a recortar de otros proyectos que se tenían, para tener la seguridad como una prioridad institucional. La seguridad no se ha dejado de trabajar nunca, ni se ha dejado de presupuestar en seguridad, pero las condiciones hoy nos llevan a establecerlo como prioridad”, afirmó.
Por otro lado, Adriana Orocú, jueza y presidenta de la Asociación Costarricense de la Judicatura (Acojud), mostró su preocupación por las limitaciones presupuestarias que podría enfrentar el Poder Judicial el próximo año, debido a la regla fiscal.
“Nosotros inclusive hoy (viernes) venimos finalizando, en la Comisión de Presupuesto, la revisión del anteproyecto de presupuesto para el 2025 y son terribles los recortes, no permiten al Poder Judicial avanzar ni con la seguridad ni en otros temas, al ritmo que se avanza en la sociedad con los temas de criminalidad”, afirmó.
Orocú reconoció que sería muy costoso alcanzar el nivel de seguridad que requieren los empleados judiciales, pues muchos de ellos viven cerca de zonas marginales y se trasladan en transporte público.
Apuntó que Costa Rica aún está lejos de replicar las medidas de otros países, donde jueces de jurisdicciones especializadas cuentan con vigilancia permanente y autos blindados. A esto se le suma que no solo los jueces penales reciben amenazas, sino también jueces agrarios, por conflictos de tierras, e incluso jueces de pensiones alimentarias.
Para Orocú, el mayor peligro de estos ataques al sistema judicial es que se pierde la imparcialidad en las decisiones, lo que a su vez vulnera la estabilidad democrática de Costa Rica.
Si bien, tanto Orocú como Alfaro reconocen el incremento en las amenazas, no hay datos públicos al respecto. Este medio solicitó estadísticas al OIJ, entidad que respondió que según la Ley 8720, no se puede brindar información de personas incorporadas al proceso de protección.
Una imagen debilitada del Poder Judicial puede llevar a que aumenten hechos como los de los últimos meses, declaró el director de Ciencias Criminológicas de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), Rodrigo Campos.
Este problema se puede incrementar si los grupos criminales se sienten empoderados para amenazar al observar que ya otros grupos lo están haciendo.
“Las amenazas a operadores del sistema de justicia son muy comunes cuando una institución pierde legitimidad. Esa legitimidad es una construcción social y depende mucho de los discursos que se hagan desde espacios de poder. Por eso es tan importante que las personas con cierta audiencia sean responsables de sus dichos”, aseveró Campos.
“En Costa Rica se ha corroído la imagen institucional desde diversas tribunas, sin tener siempre evidencia contundente que demuestre hechos”, manifestó.
Este fenómeno es común en América Latina, donde ya varios funcionarios han sido asesinados por bandas narcotraficantes. Por ejemplo, el 17 de enero en Guayaquil, Ecuador, fue asesinado el fiscal César Suárez, quien investigaba el asalto armado a un canal de televisión.
“Algunas formas de evitar mayor desgaste, es la modificación legal para mantener el secreto de qué jueces y fiscales llevan las causas. También se pueden fortalecer las medidas de seguridad al ingresar a edificios judiciales y elevar los estándares de contratación a fin de evitar que el personal judicial nuevo ya sea parte de redes cuestionadas”, sugirió Campos.
