MADRID, 13 (EUROPA PRESS)
El mercado asume que la única vía que tiene el Gobierno para poder frenar la oferta pública de adquisición (OPA) con carácter hostil que ha anunciado BBVA sobre Banco Sabadell sería influir en el dictamen que emita la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), según diversas fuentes financieras consultadas por Europa Press y siguiendo el último informe publicado por Barclays sobre la operación.
En concreto, el banco británico ha señalado, en una nota a clientes que analiza la oferta, que la aprobación del Gobierno "sería necesaria antes del cierre de la fusión por absorción, pero no es una condición para la OPA. Por tanto, sería lógico que, si hay preocupaciones por parte de las autoridades por la competencia, se bloqueara el acuerdo antes de la OPA usando la vía de competencia", indica.
Según han trasladado varias fuentes financieras a Europa Press, la opción de maniobrar a través de la CNMC se presenta como la única opción que tiene el Ejecutivo, ya que BBVA no necesita del visto bueno del Gobierno para lanzar la OPA a los accionistas.
Esta posición viene a colación de que varios miembros del Gobierno, entre ellos el ministro de de Economía, Carlos Cuerpo, se pronunciasen la semana pasada en contra de la OPA hostil que BBVA lanzó sobre Sabadell nada más conocerse la noticia. Cuerpo afirmó que el Ejecutivo "tiene la última palabra" para autorizar la operación. Por su parte, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, trasladó la intención de aplicar la Ley de Supervisión de Entidades de Crédito para frenar la OPA.
Dicha ley, aprobada en 2014, incorpora una disposición adicional, la decimosegunda, en la que se incluye la necesidad de contar con la autorización del Ministerio de Economía en caso de "fusión, escisión global o parcial de activos y pasivos en los que intervenga un banco", esto es, el segundo paso de la operación planteada por BBVA, que sería la fusión, y no la OPA.
Así, más allá de Barclays, otras fuentes financieras han señalado a Europa Press que BBVA necesita la autorización del Gobierno solo para la fusión, pero no para la OPA, si bien señalan que este tipo de operaciones de forma hostil generan "mucha incertidumbre" y "no son recomendables" precisamente por estos 'choques'.
Asimismo, también consideran que, a pesar de lo manifestado por el Gobierno, tendría "complicado" paralizar la fusión en caso de que el BCE, la CNMV y la CNMC den su visto bueno. Motivo por el cual la intervención podría ser a través del regulador de la competencia.
De momento, la operación contaría con el 'plácet' preliminar del BCE, según lo manifestado por el propio BBVA, aunque todavía necesita pedir formalmente la autorización, aunque fuentes financieras ya explicaron a Europa Press la semana pasada que el BCE lo juzga desde un punto de vista de prudencia y de solvencia. Las cuestiones de competencia y otras consideraciones recaen bajo el análisis de otros organismos y, en esos análisis, el BCE "ni entra ni juzga".
En cuanto a la CNMC, fuentes de Sumar indicaron a Europa Press que Competencia "debe y tiene" que actuar en la OPA, ya que es la competente para poner límites a esta operación como supervisor en España.
"No podemos dejar al albur de los mercados financieros y de los inversores extranjeros nuestros intereses estratégicos", afirmaban las mismas fuentes de Sumar, que alertan, a su vez, que, de materializarse la operación, España tendría una de las concentraciones bancarias más elevadas de la UE.
Cabe recordar que el Gobierno ha esgrimido la cuestión de la competencia en otros asuntos que atañen a la banca: por ejemplo, tanto para evitar que las grandes entidades trasladasen el pago del impuesto extraordinario a los clientes, como por ejemplo, en el análisis de las causas que justifican el retraso en la remuneración por los depósitos.
OTRAS FUSIONES EN ESPAÑA
Por otro lado, Competencia ya ha realizado los análisis las dos otras dos grandes fusiones bancarias que se han producido en España en los últimos años: la de CaixaBank y Bankia, y la de Unicaja y Liberbank.
En ambos casos, la CNMC dio 'luz verde' a las operaciones en primera fase, si bien con condiciones: por ejemplo, en el caso de CaixaBank y Bankia concluyó que se podía producir una amenaza para la competencia en determinados ámbitos del mercado de banca minorista y de cajeros automáticos, mientras que en el de Unicaja y Liberbank detectó riesgo en algunas provincias.
Para ambas operaciones, propuso una serie de requisitos que fueron aceptados y aplicados por las entidades.
La presidenta de la CNMC, Cani Fernández, desarrolló más de veinte años de su carrera profesional en Cuatrecasas como abogada. Entre febrero de 2020 y junio de ese mismo año, cuando fue nombrada presidenta del regulador, fue asesora de Pedro Sánchez en el Gabinete de la Presidencia.
