División del sector e inseguridad jurídica de los agricultores y ganaderos respecto a las reglas del juego de la PAC: esos son dos de los hechos más importantes que se dan en estos momentos en el campo español, en estas vísperas de San Isidro. Y es que los representantes del sector agrario han vuelto a poner de manifiesto su división frente al paquete de medidas anunciado en su día por Luis Planas y que tan solo contó con el apoyo de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), el sindicato socialista, y de la Unión de Uniones, en este caso con el objetivo de conseguir la representatividad ante el Ministerio de Agricultura. Mientras tanto, Asaja, COAG y las Cooperativas, no solo rechazaron el «paquete Planas», sino que la semana pasada han firmado y presentado un documento conjunto en el que recogen sus reivindicaciones más importantes. En lo que denominan tabla de «soluciones concretas para el campo» se incluyen desde una mayor simplificación de la PAC hasta mejoras en el sistema de seguros agrarios, pasando por cambios en la reforma laboral para adaptarla a las necesidades del sector agrario y del empleo en el medio rural.
Además de la simplificación real de la PAC, también solicitan el cumplimiento estricto de los acuerdos comerciales de carácter internacional y la introducción de cláusulas espejo en los mismos. Respecto al funcionamiento de la cadena alimentaria señalan que el objetivo de la ley debe ser garantizar la rentabilidad de las explotaciones agrarias, lo que se hace muy difícil con normativas diferentes dentro de la UE y sin medidas de regulación del mercado y de protección de la producción europea en frontera. Dicen también que el Gobierno debe apostar de forma decidida por una política de agua, con inversiones en infraestructuras que permitan su almacenamiento para hacer frente a las épocas de escasez y mantener así el nivel de la producción agraria. En el caso de la ganadería debe reconocerse la importancia que tiene, tanto la extensiva como la intensiva, y piden que todas las normas que las afecten cuenten antes con estudios de impacto y se basen en evidencias científicas.
En el capítulo de seguros agrarios, Asaja, COAG y las cooperativas plantean que se debe garantizar el presupuesto necesario para cubrir una serie de necesidades en este ámbito, como atender la siniestralidad extraordinaria provocada por el cambio climático con fondos fuera del Seguro Agrario Combinado. Asimismo, hay que revisar el actual sistema de subvenciones, de forma que los profesionales jóvenes y socios de organizaciones de productores lleguen al 70% y apoyar más la contratación colectiva. Solicitan también que el lobo salga del Listado de Especies en Régimen de Protección Especial (Lespre) y que la reforma laboral se adapte a las necesidades del campo por circunstancias de producción. En este último punto precisan algunas medidas, como la aplicación de contratos de 90 días en las campañas agrarias cuando haya necesidades de producción que lo requieran; bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad Social ante la subida del SMI y un estudio en profundidad sobre la mano de obra y las cargas sociales.
Mientras tanto, los agricultores y ganaderos constatan una día sí y otro también la situación de inseguridad jurídica en la que se encuentran respecto a la aplicación de las normas de la PAC y la confusión sobre su anunciada flexibilización. Un ejemplo claro de esto último es lo que sucede con la llamada BCAM 7 (buenas condiciones ambientales) referida a la rotación en tierras de cultivo, excepto en los que están bajo el agua. Según el documento que presentó Planas con las 43 medidas, se da la posibilidad de cumplir con los requisitos de la citada norma mediante rotación tras tres años o bien mediante la diversificación de cultivos con las mismas condiciones del anterior pago verde en cuanto a número y porcentaje de cultivos.
Sin embargo, la realidad es muy distinta, porque el Real Decreto de condicionalidad reforzada no se ha modificado todavía, por lo que sigue vigente y hay solo dos opciones: rotación más diversificación o diversificación. No es el único ejemplo que se podría poner de esta situación de inseguridad jurídica en la que se mueven los agricultores y ganaderos, y también los responsables de aplicar estas normas en cada una de las comunidades autónomas en estos momentos.
La gran pregunta que se plantea ahora en el sector es si terminará alguna vez esta inseguridad jurídica, que tiene su origen en Bruselas, pero que se agrava cuando los Gobiernos de los Estados miembros desarrollan sus normas. Es lo que está sucediendo en España en estos momentos. Y la simplificación de las normas de la PAC, debería ser una de las prioridades del Parlamento Europeo durante la próxima legislatura. También convendría que la reducción de la carga burocrática figure en el programa de trabajo que están elaborando los Estados miembros para imponer a la futura Comisión Europea, que tomará posesión en noviembre.
