La expresidenta de Baleares comparece ante la comisión de investigación del Congreso para explicar los puntos opacos de las adjudicaciones de emergencia junto a dos de sus ex altos cargos
Hoy es el día en el que la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, debe aclarar las dudas en torno a los contratos de emergencia que se firmaron en las Islas Baleares durante la pandemia, cuando ella lideraba el Gobierno autonómico. Estas incongruencias las ha constatado la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción de las Islas Baleares en un informe en que señala, por ejemplo, que el montante total de los contratos con Globalia Broker Services durante la pandemia asciende a los 4.315.560,55 euros, una cifra que contradice los datos que figuran en el Portal de Transparencia del Gobierno Balear, que cifra en 3.805.498,42 euros los contratos con esa entidad. Es decir, hay una diferencia en las cifras de más de medio millón de euros. También señala que contrató en varias ocasiones a Air Europa para el envío del material sanitario.
A pesar de la resaca electoral de las elecciones catalanas, la expresidenta balear comparece esta tarde ante la comisión de investigación de la Cámara Baja para dar cuenta de los puntos opacos que afectan a la compra de material durante la crisis sanitaria de 2020 y que se destaparon a raíz del «caso Koldo». Precisamente, la Audiencia Nacional (AN) investiga un contrato que formalizó su Administración con la empresa de la trama, Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas SL, por 3,7 millones de euros, aunque posteriormente se han conocido más incumplimientos vinculados a otras contrataciones en las islas durante la crisis pandémica.
La de hoy es la tercera sesión de comparecencias de la comisión. Además de Armengol, acudirán dos ex altos cargos de su Ejecutivo. El primero en comparecer, a las 11.30 horas, será Manuel Palomino, quien fuera director del Servicio de Salud de las islas, IB Salut, durante la pandemia. Más tarde, a las 15 horas, será el turno del actual portavoz del PSOE en el Parlamento balear, Iago Negueruela, que fue consejero de Trabajo, Comercio e Industria entre 2015 y 2023. La última será la expresidenta de Baleares, a partir de las 18 horas, que no solo tendrá que dar explicaciones sobre el contrato con la trama del «caso Koldo», sino que también tendrá que responder a cuestiones relacionadas con otras adjudicaciones en las que se han constatado malas prácticas o irregularidades.
Algunas de ellas quedaron recogidas de manera temprana en el informe de la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción que investigaba la compra pública de emergencia con motivo de la crisis sanitaria. El documento, que adelantó este periódico, alertó de que casi el 70% de las 294 licitaciones de emergencia que auditó no cumplió con los requisitos de transparencia de los contratos. Esto porque no fueron incluidas en plazo en la Plataforma de Contratación del Sector Público. «Solo 90 contratos de los 294 adjudicados –equivalentes al 30,6%- dentro del período analizado, se han publicado dentro del plazo de 15 días marcado por la LCSP –Ley de Contratación del Sector Público-, publicándose el resto posteriormente», concluye el documento.
Los riesgos que surgen en torno a los contratos de este tipo también quedan señalados en el texto de la entidad de Lucha contra la Corrupción, que advierte que «las adquisiciones de emergencia se han convertido así en un ámbito muy vulnerable a las malas prácticas», debido a que «suelen implicar un solo abastecimiento, plazos acelerados, prepagos y una lucha general para asegurar los suministros». La urgencia para hacerse con suministros sanitarios «pueden minimizar la diligencia debida y el escrutinio de los requisitos mínimos que debe reunir del proveedor», advierte. Otra situación irregular que detalla el informe es que el Gobierno de Armengol adquirió un total de 28.300.000 mascarillas, seis veces más que las que necesitaban los hospitales.
Esto se traduce en un exceso de 22 millones de unidades, cuyo coste, en los cálculos más austeros, sería de 8,8 millones de euros y que se adquirieron sin publicidad. «La conclusión es que se ha hecho acopio de mascarillas quirúrgicas para más tiempo del necesario, utilizando la contratación de emergencia, con proveedores desconocidos y a los precios que estos imponían», concluye la auditoría de ese organismo.
El uso intensivo de la contratación de emergencia en pocos días también se constata en otros contratos. El informe alude a un encargo para adquirir 5.000.000 de mascarillas del 2 de mayo con la empresa Rayan Holdings PTE LID que «debería haberse tramitado por una vía distinta a la de emergencia» ya que unos días antes se habían encargado 5.000.000 y 1.480.600 unidades a otras dos empresas. Con esto pone de relieve que la vía de emergencia tiene menos controles y más riesgos.
