Pedro Sánchez ha unido su destino político a Cataluña y, por extensión, a Salvador Illa. Una alianza estratégica. El presidente emprendió una arriesgada estrategia en clave catalana por su dependencia de los partidos independentistas, imprescindibles para resolver la ecuación de la gobernabilidad en cada uno de sus mandatos. De necesidad a virtud, pues en las últimas generales del 23 de julio, si el PSOE logró aguantar –mejorando en dos diputados y un millón de votos– fue gracias al excelente resultado que logró en Cataluña, donde escalaron hasta los 19 escaños. Los comicios de este 12 de mayo no se desarrollaban en el marco de izquierda-derecha, para frenar a la entente de PP y Vox, como sí se plantearon los de julio, sino en la clave de pasar pantalla y finiquitar la etapa del «procés».
En este sentido, los resultados en Cataluña suponen un aval a la política de distensión de Sánchez. Los socialistas consiguen los tres objetivos con los que comparecían a las urnas. El primero, ser la fuerza más votada: Salvador Illa ha ganado las elecciones. El segundo, hacerlo con solvencia, por encima del horizonte de los 40 escaños –logran 42– y con una distancia suficiente respecto del segundo, Junts. Y el último, y quizá más importante, que el independentismo no sume mayoría. Con un Carles Puigdemont sin opciones de ser presidente, lo único que ensombrece este buen resultado es las réplicas que pueda tener en Madrid, si Junts deja de sentirse interpelado para sostener la gobernabilidad del Estado.
Con este saldo electoral, los socialistas creen que los catalanes han lanzado el mensaje de que quieren «pasar página» y poner fin a una «década pérdida» monopolizada por el soberanismo. La única alternativa para la gobernabilidad pasa por un pacto de izquierdas, entre PSC, ERC y los Comunes, todavía por diseñar si se conformará como un nuevo tripartito, o estaremos abocados a una repetición electoral, en la que los republicanos sufrirían por la polarización entre Illa y Puigdemont. La resolución de la ecuación de la gobernabilidad en Cataluña, de la que Junts quedaría descolgado, puede tener un impacto directo en Madrid.
Fuentes gubernamentales sostienen que el independentismo no tiene incentivos para dejar caer a Sánchez. Que su apuesta por apuntalar al Ejecutivo central es estratégica. Ambos partidos dependen de la aplicación de la ley de amnistía que, pese a tener un recorrido parlamentario ya tasado y próximo a su culminación, tendrá una implantación más complicada debido a los recursos y cuestiones prejudiciales que tendrá que sortear. En este contexto de judicialización, los socialistas creen que el soberanismo no se arriesgará a propiciar un ejecutivo de la derecha. Lo que sí asumen las citadas fuentes es que si ERC y Junts no precipitan el fin de la legislatura, sí elevarán considerablemente el precio de mantenerla viva.
El PSC culmina así una estrategia exitosa. «Un resultado histórico», señalaban desde Ferraz, donde se felicitaban de que la estrategia de distensión, que les ha llevado a un desgaste en toda España con decisiones como los indultos y, en última instancia, la amnistía, ha tenido su aval en Cataluña. Salvador Illa ha desplegado un perfil de «atrapalotodo», con una transversalidad capaz de aglutinar el voto progresista, pero también el de un nacionalismo hastiado por la «década perdida» del «procés». Prueba de ello son los fichajes de Josep Lluís Trapero o las adhesiones de Manuel Castells, Santi Vila o Miquel Sàmper.
