Cuesta imaginar una cita electoral al margen de las generales con tantas implicaciones estatales como la de este domingo en Catalunya. De lo que dictaminen las urnas depende casi todo en la política española. El resultado medirá la fuerza del independentismo tras una década de procès, evaluará los efectos de la ley de amnistía desplegada por el Gobierno de Pedro Sánchez y pondrá a prueba el castillo de naipes de la legislatura. Y todo, según apuntan los sondeos, se dilucidará por un margen muy estrecho de votos.
La victoria del líder de los socialistas catalanes, Salvador Illa, se da por descontada. Ninguna de las encuestas publicadas dibuja otro escenario que no sea el del PSC como primera fuerza política. Pero el éxito de ese resultado dependerá casi en exclusiva de dos circunstancias conectadas entre sí: que a los partidos independentistas no les alcance por primera vez en dos décadas para sumar mayoría absoluta en el Parlament y que Illa se imponga de manera holgada respecto a la segunda fuerza. En ese caso, piensan los socialistas, las puertas de la Generalitat estarían mucho más cerca de abrirse para su primer secretario.
En el PSC tienen incluso los números echados. La barrera psicológica de una gran victoria la sitúan en los 40 diputados. De superar ese listón, y si la diferencia con la segunda fuerza llega a oscilar entre los siete y los diez escaños, la lectura será la de un triunfo rotundo del socialismo que trascenderá las fronteras de la política catalana.
Porque también se la juega en esta cita el Gobierno en su conjunto y su presidente en particular. Ante la crítica generalizada de que Pedro Sánchez se ha movido siempre por el único interés de amarrar los votos suficientes para seguir en la Moncloa, el Ejecutivo ha desplegado toda una estrategia de pedagogía desde las generales del 23-J respecto al fin último de impulsar la ley de amnistía. El propio Sánchez, sus ministros y su partido se han volcado en trasladar la idea de que si la medida de gracia perseguía un objetivo, ese no era otro que el de dar carpetazo definitivo al desafío independentista liderado por Carles Puigdemont. Y eso es lo que también se evalúa este domingo.
Por eso, si bien un retroceso claro de las fuerzas independentistas reforzaría la apuesta del Gobierno de Sánchez, lo contrario supondría un fracaso de imprevisibles consecuencias. El escenario más temido de todos es que el domingo, un poco antes de la medianoche y con el escrutinio completado, Puigdemont tenga opciones reales de volver a ser president. Amnistiado en lo legal y reforzado en lo político, el hombre que declaró unilateralmente la independencia de Catalunya en 2017, la suspendió siete segundos después y huyó de España posteriormente, volvería a tener el poder suficiente para poner de nuevo a la política española en jaque.
Las previsiones, tanto en la Moncloa como en el PSOE, lejos de ser agoreras, apuntan a todo lo contrario. Un triunfo del PSC que dejara sin opciones de liderar un Govern al independentismo supondría el carpetazo definitivo al procès y la justificación política más explícita posible de la amnistía. Y un éxito de enorme trascendencia política para el Ejecutivo de Pedro Sánchez, que se anotaría el tanto de enmendar una crisis territorial tan grave como la de 2017. “Nos legaron un país quebrado”, se encargó de recordar el propio Sánchez durante un mitin esta semana en Barcelona.
Más allá de las implicaciones territoriales, la gran pregunta es qué pasará el lunes con una legislatura sustentada, entre otras fuerzas, por los diputados de Junts y ERC en el Congreso. Aunque en el Gobierno se tientan la ropa antes de responder y admiten la complejidad de la ecuación, la conclusión es nuevamente que todo dependerá de la fuerza política que repartan las urnas.
“Si ganamos y gobernamos en Catalunya se estará demostrando que la sociedad catalana valora el rumbo que hemos tomado. Y eso en sí mismo será un mensaje muy importante, de mucha fuerza para todo el mundo”, comentó recientemente el presidente del Gobierno durante una conversación informal con periodistas.
Tras el anuncio del propio Carles Puigdemont de que si no consigue ser president de la Generalitat abandonará definitivamente la política, la expectativa en el PSOE es que un fracaso electoral de Junts y ERC este domingo dé paso a un profundo debate interno en el seno del independentismo que pueda implicar movimientos hacia posiciones definitivamente más pragmáticas. Y en ese contexto podrían abrirse camino liderazgos como los de Jordi Turull, uno de los principales interlocutores del Gobierno, o Josep Rull, perfiles percibidos en la Moncloa como mucho menos airados que el de Puigdemont.
También manejan en Ferraz expectativas sobre el posible día después de ERC. El mejor de los escenarios para los socialistas sería que los de Pere Aragonès y Oriol Junqueras consiguieran retener el segundo puesto en las elecciones, una opción que no dibuja a estas alturas casi ninguna encuesta pero que supondría el descarrilamiento definitivo de Puigdemont y el refuerzo a la opción más pragmática del independentismo en los últimos años.
De no ser así y quedar terceros, confían los socialistas en que la presión interna por unos malos resultados también jugarían a favor de hacer president a Salvador Illa. Tras los vetos cruzados de la campaña, uno de los horizontes que nadie se atreve a descartar el día después es el del bloqueo y la repetición electoral. Y en ese contexto analizan en el PSC que el miedo a un descalabro aún mayor en segunda vuelta pueda arrastrar a los republicanos a apoyar la investidura del candidato socialista para conformar un Govern progresista junto a los Comuns de Jessìca Albiach.
A todas esas carambolas mira con lupa la Moncloa, preparada para reactivar la legislatura con un arsenal de medidas legislativas que van desde los Presupuestos de 2025 a reformas de calado en la Justicia o a paquetes de ayudas sociales en cuanto existan unas condiciones políticas de mínima estabilidad para abordarlas. Y por eso el presidente y su equipo seguirán la cita del 12-M como si se tratara, casi, de otras generales.
