El Ministerio Público de La Araucanía solicitó a la Corte de Apelaciones de Temuco el desafuero del diputado independiente Mauricio Ojeda, investigado por fraude en el marco del Caso Convenios.
El escrito fue presentado por el fiscal Carlos Cornejo quien le imputa el delito de fraude al fisco en carácter de reiterado, acciones que generaron un perjuicio de $730 millones que llegaron a las fundaciones Folab y Educc.
De acuerdo a lo mencionado en una audiencia de reformalización por este caso realizada en abril pasado, la fiscalía mencionó que mientras el parlamentario ejercía su labor, entre junio y agosto de 2022, habría mantenido comunicaciones con la imputada Rinett Ortiz, quien le habría informado que la Fundación Folab -en la que ella era directora y representante legal- tenía problemas financieros.
Frente a esto el diputado accedió a ayudarla entregando aportes en dinero que provenían de fuentes propias y de terceros.
La indagatoria también determinó que el 16 de octubre pasado, cuando funcionarios de la PDI le solicitaron la entrega voluntaria de su teléfono celular, el legislador hizo llegar un aparato que había sido dañado por su hijo de 3 años, según comunicó su defensa.
Él hecho adquirió ribetes sospechosos cuando con la declaración de uno de los imputados, Miguel Ortiz, hermano de Rinett y Juvenal Ortiz -representantes de Folab-, quien afirmó que Ojeda habría dado la instrucción de quemar los celulares de los implicados en la causa y entregado orientaciones de cómo enfrentar la indagatoria del Ministerio Público.
De acogerse la solicitud de desafuero, Ojeda puede ser acusado y sometido a medidas cautelares como la prisión preventiva.
Si el parlamentario pierde su inmunidad, no podría ingresar a la Sala de la Cámara de Diputados, ni a las comisiones y tampoco ejercer su cargo de parlamentario.
