El Partido Popular y el Partido Socialista observan con atención una posible variante en las elecciones catalanas de este domingo: la ley electoral puede favorecer a los partidos independentistas y añade cierta incertidumbre a las previsiones electorales de los sondeos. Cataluña no tiene una ley electoral propia —a diferencia del resto de autonomías, que sí han aprobado las suyas desde el inicio de la democracia—. Se rige por la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG), la misma que regula las elecciones generales o las municipales, por lo que hay circunscripciones con poca población que deciden una parte importante de los escaños del Parlament.
De los 135 escaños que tiene el parlamento de Cataluña, Barcelona reparte la gran parte porque es, de largo, la provincia con mayor número de habitantes. En total, los votantes barceloneses eligen a 85 diputados, casi el 63% de los escaños. Se trata de una de las circunscripciones con menor apoyo al independentismo, junto con Tarragona, pero provincias más cercanas a Junts, Esquerra Republicana y la CUP, como Lleida y Girona, también aportan un gran número de parlamentarios. Entre las dos suman 32 diputados autonómicos, casi el 24% del total, a pesar de que solo residen en estos territorios el 15% de los catalanes. Esto es, tiene el doble de poder parlamentario que porcentaje de población, mientras Barcelona, donde vive el 75% de la población, solo elige al 63%.
En Lleida habitan alrededor de 400.000 personas, en Girona más de 700.000, pero en Barcelona, viven casi seis millones catalanes, frente 1.100.000 que residen en estas dos provincias. La paradoja de la ley electoral que opera en Cataluña es que los partidos independentistas terminan saliendo beneficiados porque territorios, tradicionalmente afines al nacionalismo y al separatismo, tienen más poder, proporcionalmente, que los ciudadanos de zonas más cosmopolitas que suelen apostar por partidos como el PSC, los comunes, Vox o el Partido Popular, aunque en menor medida.
Otra paradoja de la ley electoral es el poco interés de los partidos independentistas en elaborar una propia. A diferencia del resto de materias, en las que tanto ERC como Junts y la CUP pelean por diferenciarse del Estado y tener más autonomía, en este caso las formaciones separatistas sí asumen la ley nacional como propia, conscientes de que les beneficia en cada convocatoria. Si el Parlamento catalán optase por cambiarla, las fuerzas nacionalistas se arriesgarían a que la votación fuera más proporcional al número de habitantes y, por tanto, perdiese poder político.
Los dos principales partidos del país conocen esta peculiaridad y se mantienen atentos a cualquier variación de voto que detecten los trackings en estos días. Aunque la ley electoral prohíbe publicar encuestas desde los cinco días anteriores a las elecciones, es decir, desde el martes, sí tienen sus propios sondeos, aunque no los den a conocer. Esta prima electoral a los nacionalistas pone límite al crecimiento y el apoyo a opciones no nacionalistas, como el PSC.
Fuentes de Ferraz reconocen a ECD que es muy difícil mejorar los resultados que ya pronostican los sondeos porque el apoyo al independentismo en estas zonas suele ser muy férreo y cualquier movilización de última hora a favor de Junts o ERC tendría un impacto importante en el reparto final de escaños.
Un ingrediente que caldea un final de campaña en el que parece decidido que el candidato socialista, Salvador Illa, será la primera fuerza con distancia de la segunda, pero los barómetros publicados hasta este lunes dejan en el aire una posible mayoría absoluta del independentismo. Con unos pronósticos tan ajustados, cualquier movimiento puede resultar trascendental. Sería la primera vez en una década que Junts, ERC y la CUP no suman los 68 escaños necesarios para obtener dicha mayoría.
Si las formaciones independentistas no consiguen alcanzarla, supondría un éxito para el PSC y las políticas de negociación del Gobierno central, mientras que una nueva victoria del soberanismo haría saltar por los aires el argumentario de Moncloa, que ha defendido los acuerdos alcanzados con los partidos separatistas —indultos, ley de amnistía, derogación de la sedición y rebaja de la malversación— como la vía adecuada para terminar con el conflicto en Cataluña.
