Estamos a menos de un mes de las elecciones. Además de la contienda presidencial, habrá relevo de gobernador en nueve entidades federativas que, en conjunto, suman 40 por ciento de la población del país: Chiapas, la Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán. Sólo en Chiapas, Puebla y Tabasco la victoria de Morena está cantada. En contraste, en Guanajuato, Jalisco, Morelos, Veracruz y Yucatán tendremos final de película. Los cambios de titulares de los Ejecutivos estatales son momentos complejos en materia de seguridad. Sobre todo si hay alternancia, y sobre todo si el gobernador que se va fue displicente.
En el pasado, las salidas de gobernadores polémicos, con señalamientos creíbles de vínculos criminales, han dado lugar a crisis severas. En estos contextos, ‘los arreglos se desarreglan’ y la transición da lugar a un periodo muy difícil, en el que algunos grupos criminales buscan ganar terreno frente a rivales que antes eran protegidos por las autoridades. Las nuevas administraciones, además, llegan a trabajar con instituciones en las que no confían y tienen que dedicar los primeros meses a procesos desgastantes de depuración. Dos ejemplos de esta dinámica fueron la salida, en 2016, de Roberto Borge, en Quintana Roo, y de Javier Duarte, en Veracruz. Ambas propiciaron que, en 2017, se registrará un dramático repunte de los homicidios y de otros delitos de alto impacto. Este año, y el próximo, las cosas podrían ponerse difíciles en varios de los estados que cambiarán de gobernador. Estos son los cuatro casos que me parecen más preocupantes.
Primero, Guanajuato. Desde hace años, el conflicto entre el CJNG y las mafias locales han convertido al estado en el escenario de cruentos enfrentamientos y ataques criminales. El fiscal estatal –Carlos Zamarripa, muy cercano al actual gobernador panista– lleva desde 2009 en el cargo, y su periodo legal se extiende hasta 2028. Lo anterior, a pesar de los señalamientos de negligencia en investigaciones clave (al grado de que el presidente López Obrador ha solicitado su renuncia en varias ocasiones). Es previsible que, haya o no haya alternancia en Guanajuato, el distanciamiento entre la fiscalía y la nueva gobernadora, sea ésta Libia Dennise García, de la alianza PAN-PRI-PRD, o la morenista Alma Alcaraz, las cuales han anticipado la renuncia de Zamarripa, en caso de que cualquiera de ellas gane las elecciones, dé lugar a un conflicto institucional. Este conflicto se sumará a las presiones criminales por controlar los ayuntamientos, y propiciará un recrudecimiento de la violencia entre el CJNG y sus rivales, así como de las agresiones a policías y otras autoridades.
Segundo, Chiapas. Aquí el panorama de seguridad es de franco deterioro, y las elecciones, y el relevo de autoridades, abonarán a la crisis. En el primer trimestre de 2024, el número de víctimas letales del crimen organizado aumentó 150 por ciento, con relación al mismo periodo del año previo. Los conflictos comunitarios se han convertido en pequeñas guerras entre grupos paramilitares, financiados por el crimen organizado, y la extorsión a empresarios está a la orden del día. La nueva inquilina de Palacio Nacional y el futuro gobernador, con toda seguridad el morenista Eduardo Ramírez, encontrarán el estado convertido en zona de desastre.
Tercero, Morelos. Esta entidad, junto con Michoacán y Guerrero, es una donde la penetración criminal en la esfera política ha sido mayor. El desempeño insatisfactorio del gobierno de Cuauhtémoc Blanco, en materia de seguridad, es uno de los factores que explican que sea uno de los pocos estados donde la coalición oficialista está en riesgo de perder la gubernatura este año. Al respecto, cabe enfatizar que la candidata opositora, Lucy Meza, ha logrado remontar en las encuestas por medio de una estrategia de críticas a la política de seguridad del actual gobernador y al actual titular de la Comisión Estatal de Seguridad, José Antonio Ortiz Guarneros, a quien ha acusado de tener vínculos con la delincuencia.
Cuarto, Tabasco. Hasta hace poco este era un estado relativamente tranquilo. Sin embargo, a partir de febrero pasado, la violencia criminal se disparó. El perfil de los ataques sugiere la llegada de nuevas mafias que buscan instalarse en el estado, principalmente para extorsionar negocios. La intimidación a candidatos también ha sido un sello distintivo de esta oleada de violencia, que se perfila como la más severa en la historia del estado. El morenista Javier May deberá hacer frente a un complejo panorama, con grupos criminales en disputa y corporaciones policiales cooptadas por la delincuencia.
¿El panorama es malo en todos los estados donde se elegirá a un nuevo titular del ejecutivo? No. Me parece que en la Ciudad de México y en Yucatán, al menos, las cosas no pintan mal. En ambos casos se ha realizado un trabajo importante de profesionalización del sector seguridad. En la capital del país también se logró debilitar a los grupos criminales que generaban más violencia y mayores daños a la sociedad. Por lo mismo, en estas dos entidades, incluso si hubiera un cambio en el partido gobernante, las próximas administraciones contarán con las herramientas necesarias para mantener la paz. Más allá de lo que se diga en las campañas, creo que nadie tirará estas herramientas a la basura.
