La insitución no puede dejar de lado la función orteguiana de formar al hombre culto como aquel que es capaz de observar, entender y apreciar la sociedad en la que vive
Hace un año de la entrada en vigor de la Ley de Ordenación del Sistema Universitario (LOSU) y más de dos de los reales decretos que la precedieron, que establecen las condiciones para la creación de universidades y el desarrollo de su oferta académica.
Las universidades, públicas y privadas, seguimos a la espera de que se concreten las principales exigencias que establece el nuevo marco normativo: quién asume el elevado coste de transformación de algunos perfiles docentes e investigadores en el caso de las universidades públicas, cómo debe entenderse la obligación de dedicar un porcentaje del presupuesto anual a gastos de investigación, cómo se evaluará la producción académica del profesorado, cómo se medirá la capacidad investigadora de las universidades, cómo se aplicarán los techos a la oferta de titulaciones propias y otras cuestiones abiertas entre las cuales no es menor la de quién y cuándo procederá a la fiscalización de todas y cada una de las exigencias que afectan al hiperregulado sector universitario.
No es propósito de este artículo incidir en la dificultad que supone gestionar una universidad en este entorno de incertidumbre. La mayoría de las universidades privadas nos estamos adaptando a este nuevo marco sin grandes aspavientos, asumiendo en algunos casos las hipótesis más adversas y a sabiendas de que se exige un esfuerzo especialmente elevado a las universidades de nueva creación. Tampoco se pretende llamar la atención sobre algunos aspectos particularmente controvertidos del modelo de universidad que traslucen las nuevas leyes, en las que la misión de transmisión del conocimiento, razón fundacional de la institución, apenas se percibe, desdibujada en el perfil multifuncional en el que se ha convertido a cada miembro del colectivo conocido como Personal Docente e Investigador (PDI). Al PDI se le exige que produzca, sobre todo artículos en revistas académicas, y no tanto que enseñe bien.
En este contexto resulta fácil deslizarse por la pendiente del desánimo o perderse por los vericuetos del sistema normativo hasta convertirlo en coartada que enmascare la pérdida del verdadero sentido de la universidad. Pero el contexto, por muy incómodo que sea, puede servir también como acicate para reavivar la reflexión sobre la misión de la universidad y el autoanálisis respecto a cómo se concreta y vive en la institución a la que cada uno pertenece.
Una posible aproximación integradora exigiría trabajar en tres niveles el “mínimo exigible”, fijado conforme a la visión del regulador y que en el marco actual se define con parámetros meramente cuantitativos. Un segundo nivel son los “estándares deseables”, que añaden exigencias internas de calidad y valor a los estándares mínimos. Un ejemplo de esto son los incentivos a la producción académica verdaderamente relevante. Sorprende comprobar cuánta producción de aparente calidad no interesa a nadie más que a quien la ha generado, sin que llegue a ser leída o citada más que por los amigos. Pero ni el mínimo exigible ni los estándares alcanzables nos hablan del alma de la universidad. Nos quedaríamos lejos de lo que se espera de la universidad si a estos dos niveles no se les superpusiera aquello que define y da vida a una institución universitaria y que aparece formulado en su misión, visión y valores.
Los tiempos actuales exigen la recuperación y actualización de un sentido de misión que esté a la altura de las necesidades de las generaciones presentes y venideras. Frente a los desafíos mundiales derivados de los procesos de globalización y digitalización, de los cambios demográficos y climáticos, de las transformaciones sociales y culturales, de los avances científicos y del vuelco en las maneras de entender las relaciones humanas, la universidad debe alzarse como dique y refugio ante los posibles riesgos de barbarie y alienación, y remanso de paz en el que dialogar sobre los grandes retos a los que nos enfrentamos.
Entre estos retos están la necesidad de repensar y poner en valor las razones para la vida en común que estructuran nuestros sistemas de derechos y libertades, razones que a su vez deberían impregnar la vida universitaria de capacidad de diálogo y de la colaboración en la búsqueda conjunta de respuestas. También se presenta como un reto urgente la noción de naturaleza humana y su protección frente al riesgo de desgarro y disgregación, lo que directamente apunta a la reivindicación de un espacio suficientemente abierto para la reflexión filosófica, antropológica y ética. Y no es menor el reto de recuperar la esencia de la educación como transmisión de conocimiento, convirtiendo al docente en protagonista de ese extraordinario proceso que sucede cuando, por su acción, entrega y capacidad, se enciende la luz del descubrimiento en el espíritu de sus alumnos.
Y si entramos en el ámbito del desarrollo de competencias, ningunas necesitan más aliento que las intelectuales y en especial, el desarrollo del pensamiento crítico y la reflexión analítica ante la avalancha de la desinformación, la polarización y la mentira. La universidad no puede dejar de lado la función orteguiana de formar al hombre culto como aquel que es capaz de observar, entender y apreciar la sociedad en la que vive.
La gestión universitaria exige en el momento presente asumir objetivos que nosolamente requieren gran esfuerzo, sino que pueden llegar a ser contradictorios e incompatibles entre sí. Porque no parecen muy compatibles las exigencias de poner en marcha titulaciones diseñadas a la medida de las necesidades del mercado laboral con las que se derivan de la vocación de alentar la reflexión aquietada sobre cuestiones menos urgidas por razones de mercado. Ante la inmensidad de la tarea, si no se puede acometer todo a la vez, podría comenzarse por ser capaces de generar las condiciones adecuadas para que la vocación y el talento docente universitario puedan dar fruto abundante.
Con estas premisas, el perímetro esencial de la universidad quedaría delimitado en la actualidad por dos conjuntos de condiciones: aquellas que son el mínimo exigible marcado por la norma, y las contenidas en la defensa de la D de Docente dentro del identificador PDI. Por debajo de esto no hay universidad; por encima, todo es universidad.
