Coparmex acentuó que actualmente México invierte sólo el 4.6 por ciento de su PIB en educación.
Ante los señalamientos de que la participación de México en la prueba PISA 2025 no ha sido confirmada, la iniciativa privada aseguró que de no efectuarse la evaluación, la educación en el país podría retroceder.
“Preocupa que México quede fuera de la aplicación de la prueba PISA y que esto impacte todavía más en el rezago educativo que tiene nuestro país; la prueba sirve para conocer el nivel y con base en los resultados, tomar medidas públicas que fomenten el mejoramiento del aprendizaje de los estudiantes”, destacó la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
“La decisión de participar en la prueba PISA de 2025 puede esperar hasta finales de 2024, la participación de México sólo sería posible si se realiza una prueba de campo este año. Por lo que es fundamental que los preparativos comiencen en las próximas semanas. Si el gobierno no levanta la muestra, quedará fuera de la evaluación internacional”, externó.
El sector privado también resaltó que en 2022, año en que se realizó la última prueba, los resultados de México en las áreas de ciencias, matemáticas y lectura, fueron inferiores a los obtenidos en 2018, al retroceder 12 puestos y ubicarse en el número 51.
Coparmex acentuó que actualmente México invierte sólo el 4.6 por ciento de su PIB en educación, comparado con el 5.3 por ciento promedio de los países de la OCDE, y gasta apenas tres mil 239 dólares al año.
Dentro de las mayores preocupaciones de la iniciativa privada, el organismo presidido por José Medina Mora Icaza subrayó que los hogares con menores ingresos podrían ser los más afectados, por lo que dicha evaluación es crucial para dotarlos de las herramientas educativas necesarias.
“Los estudiantes mexicanos de hogares con mayores ingresos, superaron a aquellos de hogares con menores ingresos en matemáticas por 59 puntos, lo que equivale a tres grados de escolaridad”, abundó.
Enfatizó que la prueba PISA es un recurso que ofrece información que permite a los países adoptar decisiones y políticas públicas necesarias para mejorar los niveles educativos, sobre todo, porque la población que la presenta se encuentra a punto de iniciar la educación post-secundaria o que está a punto de integrarse a la vida laboral.
