El Instituto de la Memoria de Euskadi (Gogora) ultima la contratación de una empresa que se desplazará al Centro Documental de la Memoria Histórica de España, un archivo ubicado en Salamanca y que recopila buena parte de la documentación conservada de la Guerra Civil y de la dictadura, para digitalizar 460.000 páginas de los sumarios de 2.718 vascos procesados entre 1963 y 1977 por el Tribunal de Orden Público, también conocido por sus siglas TOP. La documentación inicial del contrato prevé que se complete el proceso en dos años, es decir, en 2026. Se estima que los procedimientos incoados en total fueron 22.660, con unas 50.000 personas imputadas. Una vez obtenida la información, Gogora creará una base de datos que será accesible para familiares de los afectados y también para historiadores, periodistas u otros profesionales autorizados.
En noviembre de 2023 Gogora suscribió un convenio de colaboración con el Ministerio de Cultura, en concreto con el director general de Patrimonio Cultural y Bellas Artes, Isaac Sastre de Diego. El motivo es que Gogora, cuya directora es Aintzane Ezenarro a la espera de posibles cambios en la nueva legislatura, desea realizar un informe global de “vulneraciones de derechos humanos” en Euskadi desde 1936, momento en que se produjo el golpe de Estado, y hasta 1978, fecha de aprobación en referéndum de la Constitución democrática. Se trata de una investigación “científica y sistemática” sobre “ejecuciones, desapariciones, detenciones arbitrarias, trabajos forzados y exilios sufridos por personas avecindadas en las tres provincias de Euskadi”.
Dentro de ese plan se enmarca la recopilación de datos de organismos como el Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo, la Comisión Central de Incautación de Bienes o también el denominado TOP, que en 1977 dejó paso a la Audiencia Nacional. Así, el acuerdo entre los Gobiernos central y vasco autorizaba a personal contratado por Gogora a trabajar en Salamanca -que fue una de las ciudades de referencia en el primer franquismo junto con Burgos o la propia Vitoria- para poder consultar y escanear el material relativo a vascos. El texto íntegro de ese acuerdo ha sido publicado en los últimos días.
Aunque el proceso de selección de una empresa ha quedado desierto en un primer intento, Gogora insiste en buscar a un equipo con un archivero coordinador -con al menos dos años de experiencia-, con un auxiliar que revise los expedientes -un año de experiencia- y dos digitalizadores. El director del archivo de Salamanca podrá pedir a Gogora que sean relevados “en un plazo de una semana” si no cumplen los estándares “mínimos de calidad exigibles” en una instalación de esas características. Este equipo dispondrá de dos años para entregar el trabajo, aunque habrá descargos de información cada dos meses. Eso sí, se prevé una posible prórroga hasta 2027 en caso de necesidad justificada. El presupuesto base es de 205.942 euros, IVA incluido, aunque podrían ser 308.913 euros como máximo si se precisa de ese tercer año de trabajo.
Gogora admite ciertas dificultades por motivos de protección de datos para expedientes de menos de 50 años, aunque si se llega a 2027 no quedará ningún documento con menos de esa antigüedad. La última sentencia del TOP fue emitida el 4 de enero de ese año. En el trabajo previo realizado en el Centro Documental de la Memoria Histórica han aparecido ya 2.718 referencias de vascos. Son considerados como tal los nacidos en Álava, Bizkaia y Gipuzkoa aunque no residieran en esos lugares y también los residentes en esos territorios aunque nacieran fuera. En concreto, hay 243 referencias alavesas, 1.037 guipuzcoanas y 1.438 vizcaínas. Se estima que son 460.000 páginas las que habría que escanear. Es el equivalente a unos 900 paquetes de folios puestos uno encima de otro.
“Cabe señalar que el tamaño de los expedientes es muy irregular. Hay expedientes muy cortos, y hay expedientes de gran extensión, que pueden alcanzar y superar las 1.000 páginas. Los expedientes en general se estructuran en piezas distintas: sumario, pieza de responsabilidad civil, pieza de situación [y] rollo resguardo. Los expedientes se identifican mediante su correspondiente numeración”, explica Gogora. Y añade: “Los documentos se estiman bien conservados. El soporte de los documentos es principalmente papel y cartulina”. Los materiales se procesaran en formato TIFF (a una resolución de 300) y luego se harán copias en formato JPEG, a 50 de resolución y en PDF, todo ello “para facilitar la investigación”. Serán imágenes legibles y navegables.
El archivo requiere que “la digitalización de los documentos” se realice “con escáner cenital” y “que cumpla el nivel Metamorfoze light o Fadgi 3 de calidad de imagen y fidelidad de color”. “En ningún caso los documentos podrán ser manipulados incorrectamente, guillotinados o manipulados de manera que puedan dañarse”, se pide al equipo de trabajo.
