El concepto de 'lawfare', usado para designar el uso de los tribunales para conseguir objetivos políticos, se ha convertido en uno de los protagonistas del debate político y la campaña electoral de las elecciones catalanas después de que un juez haya decidido investigar a Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez por una denuncia de Manos Limpias y de que este, tras unos días de “reflexión”, haya anunciado que combatir estas actuaciones se convertirá en un objetivo del Ejecutivo central. Pero el objetivo, tal y como constatan varios expertos consultados por elDiarioes, puede no tener un recorrido claro.
Cinco juristas de distintas ramas del derecho opinan sobre el 'lawfare' y las posibles reformas legales para combatirlo, en los casos en los que consideran que exista. Mencionan posibles cambios en la configuración de la acusación popular, la necesidad de agilizar el sistema de recursos y apelar a la propia conciencia de los jueces de que, en ocasiones según opinan, pueden estar siendo utilizados para conseguir un fin político a través de sus resoluciones judiciales.
El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y catedrático de Derecho Civil en la Universidad de Granada, Miguel Pasquau, entiende que existe un uso indiscriminado del término 'lawfare' cuando la pregunta real es si existe un riesgo “de que se instrumentalice la Justicia para obtener resultados políticos con la complicidad o la tolerancia de algunos jueces”. La respuesta, indica, “es muy difícil” ya que “no se puede decir ni sí ni no, no hay un sistema para verificarlo”.
La cuestión, entiende este magistrado, provoca “relatos paralelos de unos y de otros que abundan en la polarización y sirven de poco”. En España, “como en cualquier parte del mundo”, explica, “puede haber malas prácticas judiciales” y la pregunta es si las herramientas existentes son suficiente para combatirlas.
Para Pasquau es “difícil” pensar en mecanismos distintos a los que ya existen, aunque eso no significa “que sean suficientes”. “Hay garantías, hay recursos, la mala práctica tiene menos espacio porque ahí es más difícil el voluntarismo”, argumenta. “También está el delito de prevaricación, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos... estamos llenos de garantías. Pero son garantías que no han impedido que en ese primer momento, en el juzgado de instrucción se hayan podido conseguir objetivos políticos”. En ese momento, apunta, una denuncia pasa al juzgado, de ahí salta a la prensa y de ahí al debate político, momento en el que el denunciante “consigue ya una buena parte de los objetivos que pudieran perseguirse. Importa mucho más la noticia del juzgado que finalmente la sentencia”.
“¿Qué más podríamos hacer?”, se pregunta Pasquau. “Muy poco. Solo los jueces pueden determinar que hay una mala práctica judicial, es una regla fundamental. ¿Quién puede determinar eso? Desde luego no el Parlamento, el legislativo no puede juzgar a un juez. Tienen que ser los jueces. Tiene que ser a través de un proceso judicial, a través de los recursos, de las querellas por prevaricación y a través del recurso de amparo, no hay otra manera”. El magistrado también invita a que la crítica a las resoluciones judiciales sea “leal, seria, con argumentos, en un debate serio” y que, además, no desemboque en “la reacción inmediatamente corporativista del mundo judicial, que considera un agravio que se ponga en duda” la decisión de un juez.
Otra posibilidad, explica el magistrado del tribunal superior andaluz, tiene que ver con la acusación popular y el riesgo de que asociaciones o partidos consigan instrumentalizar procesos judiciales según sus intereses. “La acusación popular mal ejercitada provoca distorsiones, puede ser utilizada para darse notoriedad o para efectivamente instrumentalizar la Justicia”, señala. Cualquier “control de seriedad” de estas acusaciones populares, tal y como existe en otras jurisdicciones como la civil o la contencioso-administrativa, tendría que ir precedido de “un proceso serio de reflexión” por cómo cualquier limitación puede chocar con la posibilidad de que la sociedad civil intervenga en procesos judiciales sin dar el “monopolio” de la acusación a la Fiscalía.
“Que los partidos no puedan ejercitar la acusación popular me parecería algo admisible, quizás un buen paso, pero no sería definitivo. Y la puede ejercitar un chiringuito”, lamenta. “Sería positivo que pensáramos algún tipo de controles racionales que no impidieran el ejercicio a la acción popular, pero sí un filtro similar al que hay en otras jurisdicciones”.
María Jesús del Barco, magistrada decana de los juzgados de Madrid y portavoz de la mayoritaria y conservadora Asociación Profesional de la Magistratura, considera que el debate político en torno al 'lawfare' gira en torno a algo que “no existe”. “Nuestro país es un estado de derecho donde los jueces estamos comprometidos con la Constitución y aplicamos la ley. Los ciudadanos pueden estar muy tranquilos, más allá de las acusaciones interesadas, los jueces siguen siendo independientes”, remarca.
Ella considera que el camino para discrepar de una resolución judicial es “el sistema de recursos establecido en la ley”. “Lamento informar a los políticos que han cometido delitos de que los jueces no hemos actuado con criterios políticos, sino con criterios legales, nada más”, remarca. Se puede recurrir, asegura, y también discrepar, pero “no puedes decir que los jueces prevarican porque eso es el 'lawfare': acusar a los jueces de dictar resoluciones injustas a sabiendas”.
La decana de los jueces de Madrid vincula la utilización de este término y la apertura del debate público a las condenas de los políticos independentistas catalanes y los posteriores pactos entre el PSOE y sus partidos. “¿Por qué hablan de 'lawfare'? Porque no les interesa la aplicación de las normas y que funcione el estado de derecho, que supone también aplicar el Código Penal a los políticos cuando cometen delitos. Es mejor desprestigiar la labor de un juez y decir que no hay que cumplir las sentencias, que es en lo que definitiva se quiere, está todo inventado”, lamenta. Cualquier posible reforma, añade, tendría que pasar por reforzar la independencia judicial y por un “cambio de mentalidad política”.
Joaquín Urías, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla, no pone en duda que “estos días estamos sufriendo una situación de 'lawfare'”, pero pide acotar mejor el concepto. “Estamos usando la palabra para aludir a realidades diferentes. Técnicamente alude a la utilización de los tribunales para interferir en la política. En esa medida, 'lawfare' no significa prevaricación judicial. Es un error en España, parece que está acusando a los jueces de prevaricar”. Él diferencia entre casos como el de Victoria Rosell, en los que un juez ha sido condenado por prevaricar, y otros en los que los jueces “son simplemente instrumento de grupos de presión que acuden a los tribunales y a los jueces no les queda más remedio de investigar porque ha recibido una denuncia”.
Urías llama a hacer “un buen diagnóstico” para ver cuándo un juez “es instrumento, pero no actor voluntario” en estos procesos y que los propios jueces “tomen conciencia de que a veces son manipulados para actuar políticamente”. Por ejemplo, cita el profesor universitario, cuando “una empresa de aguas demanda a Ada Colau, lo que está intentando no es denunciar un asunto sino frenar una política”.
Una solución, para Urías, no pasa por restringir el acceso a la acusación popular, aunque haya que ser “más estricto” en la admisión cuando “hay un tufillo de que hay motivación política”. También apunta a la posibilidad de “reducir el tiempo de instrucción”, citando el caso de absueltos en el caso Mercasevilla que “durante 11 años se presentó como que habían robado”, así como el caso de Mónica Oltra. “Hay casos en los que el sistema de recursos no es bastante” explica antes de abrir la posibilidad de implantar indemnizaciones para afectados. “Eso llevaría a que se piense antes”, añade. “Hay que buscar mecanismos para que eso no suceda, y si sucede que responda alguien”.
La catedrática de Derecho Penal en la Universitat de València, Paz Lloria no cree que “con carácter general” exista una actuación judicial coordinada para perjudicar a rivales políticos. “Cuando a un juez le llega algo con un mínimo de base evidentemente tiene que entrar, tiene esa obligación”, considera. Pero sí hay asociaciones o grupos que “pueden instrumentalizar la Justicia, personas que se dedican a presentar denuncias o querellas con un mínimo de soporte para judicializar situaciones”.
El concepto de acusación popular es, para esta jurista, una de las posibilidades a estudiar. “Es una cuestión que desde hace mucho tiempo discutimos si es razonable tal cual está configurado”. Esta figura, argumenta, “tiene una razón de ser democrática” pero es necesario que “cualquiera no se pueda erigir en garante de la posibilidad de iniciar un procedimiento penal, debe estar sustentada por una buena fundamentación para la aceptación de la denuncia”.
Una posibilidad, sostiene, es que “vaya acompañado de una acusación pública o particular, y si no que la popular no pueda ir sola”. Y entender que el concepto político del 'lawfare', explica, lleva años existiendo en otros procedimientos. “Estamos hablando también de violencia por poderes. Hombres que se dedican a presentar denuncias continuamente a sus mujeres para que se vean involucradas en procedimientos judiciales que son costosos y pierdan capacidad económica o resistencia emocional. Esto no es nada nuevo, no ocurre solo en política”.
El sistema de recursos, asegura, es “bastante garantista” y una vía de mejora es “la agilización de la Justicia”. Para la catedrática, “la instrumentalización de la Justicia también hace que sea más lenta. Un buen control primario a la hora de admitir o no admitir demandas o denuncias o querellas ya sería una buena mejora”. También acelerar los procesos. “Que los recursos fueran más ágiles, sobre todo cuando estamos recurriendo autos, no sentencias”.
Y, añade, que los medios de comunicación hagan autocrítica sobre cuándo una actuación judicial merece ser llevada a una portada: “Si no nos hacemos eco de algo que carece de sentido, nos evitamos el efecto Streisand. Y desalentamos situaciones que pueden ser muy lesivas para los sujetos que se ven sometidos a ella, aunque luego salgan absueltos. El eco es muy importante y ahí tenemos que comprometernos toda la sociedad”.
Nicolás García Rivas es catedrático de Derecho penal de la Universidad de Castilla-La Mancha: “Cuando se habla del 'lawfare' en general es una lucha política en la que se utiliza el derecho. El derecho es un instrumento de la política y en general es legítimo. Lo que no me parece tan legítimo es el 'lawfare' judicial que yo creo que sí existe en España, una utilización tergiversada del derecho usado políticamente en un sentido determinado”.
El catedrático usa el término “partido judicial” para explicar que aunque “no son todos los jueces” sí hay magistrados “de tendencia conservadora y ultraconservadora” que “han tomado las riendas de la lucha política contra la izquierda y todo lo que significa la izquierda”, apuntando como punto de partida al procés de 2017.
Sobre la acción popular, García Rivas asegura que “desde hace mucho tiempo sobraría, hay otros sistemas jurídico-penales donde no existe”. Al margen de eso, no está de acuerdo con reformas que puedan llegar a “meter mano” a un 'lawfare' que, considera, es real. “Poner cortapisas a la función judicial me parece muy complicado y no estoy de acuerdo. Me parece que el 'lawfare' es un problema político y usar mecanismos de restricción o intervención judicial, aparte de esta de la acción popular, yo no estoy de acuerdo en absoluto”, concluye, en conversación con este periódico.
