Advierten que “debilita las garantías democráticas y atenta contra el Estado de Derecho” de El Salvador
San Salvador. Organismos internacionales, abogados y exdiplomáticos salvadoreños pidieron a la comunidad internacional que analice tomar medidas en contra del Gobierno salvadoreño, después que la Asamblea Legislativa de mayoría oficialista aprobara una polémica reforma a la Constitución de la República para agilizar cambios al texto constitucional.
Con una modificación al artículo 248 de la Constitución de la República, propuesta y aprobada por el partido político de Nayib Bukele, Nuevas Ideas y sus aliados, la nueva legislatura pretende reformar inmediatamente la Carta Magna, sin necesidad de esperar la ratificación en un segundo período.
La Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) se sumó a las críticas de decenas de organizaciones locales e internacionales que rechazan esta reforma, expresando su preocupación y advirtiendo que “debilita las garantías democráticas y atenta contra el Estado de Derecho”.
La presidenta del organismo, Carolina Jiménez Sandoval, añadió que esta reforma erosiona la democracia y debilita los pesos y contrapesos; e hizo un llamado “a la Comunidad Internacional, incluido el Gobierno de los Estados Unidos” para reaccionar ante este proceso.
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“Las Constituciones democráticas tienen pesos y contrapesos para evitar reformas que con facilidad alteren elementos fundamentales de un gobierno. (El) Partido de Nayib Bukele ha mostrado que está dispuesto a reducir dichos contrapesos y, por tanto, erosionar la democracia”, señaló Jiménez.
La directora de WOLA para Centroamérica, Ana María Méndez, se unió a este llamado, y advirtió que “Bukele y su gobierno han violado principios contenidos en al Carta Democrática Interamericana por haber una alteración del orden constitucional que afecta gravemente el orden democrático”.
La Carta Democrática es un instrumento de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para preservar a las instituciones democráticas de los países de la región.
Para Méndez, “los Estados miembros de la OEA no puden seguir ignorando” la situación de El Salvador, que podría ser “un obstáculo insuperable para la participación de su gobierno en las sesiones de la Asamblea General” de la OEA.
“Urge que el Consejo Permanente discuta y analice acciones a tomar sobre El Salvador. Aunque sabemos que Bukele ha desafiado todo orden jurídico internacional, no puede haber silencio”, agregó.
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El abogado constitucionalista Daniel Olmedo, aseguró que ante la reforma al artículo 248 “lo que correspondería seguir es un proceso de inconstitucionalidad”, pero la Sala de lo Constitucional está en poder del oficialismo desde el golpe del 1 de mayo de 2021.
“Ante la falta de independencia judicial, únicamente queda habilitada la vía internacional. Si se determina que esta es una alteración del orden constitucional que afecta gravemente la democracia, debería activarse la Carta Democrática Interamericana”, consideró.
Sin embargo, advierte, la Carta “únicamente puede activarse por los Estados Miembros y el Secretario de la OEA”, Luis Almagro, por lo que “influyen elementos políticos en esos actores para decidir activarla”.
Al respecto, el exembajador de El Salvador en Washington y ante las Naciones Unidas, Rubén Zamora, advirtió que este proceso “puede ser necesario, pero es bastante lento”.
“La OEA tiene cuidado de no inmiscuirse en asuntos internos de los países, al igual que el resto de los Estados miembros (...) Pero realmente estamos ante la muerte de la democracia en el país”, consideró.
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Un total de 39 organizaciones internacionales, incluyendo WOLA, Cristosal, la Fundación para el Debido Proceso (DPLF) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), se unieron para externar su preocupación y rechazo a la reforma al artículo 248, a la que calificaron como una acción “precipitada” y “antidemocrática” el oficialismo.
Para los firmantes, la decisión de la Asamblea “vulnera uno de los principales pilares de la democracia, el diálogo ciudadano”, pues una reforma a la Constitución debe discutirla ampliamente toda la sociedad “y no aprobarse en una plenaria con dispensa de trámite”.
“Con su reforma, los diputados se agencian un nuevo poder: manipular la Constitución en una sola legislatura quitándole el poder a la ciudadanía a decidir con su voto. Esta acumulación de poder deja a los salvadoreños y salvadoreñas sin defensa ante abusos por parte del Estado”, advirtieron las organizaciones.
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