Los diputados del Partido Liberal Progresista (PLP) presentaron un proyecto de ley con el objetivo de que el Estado otorgue licencias para la comercialización de productos de cannabis medicinal y cáñamo industrial, sin necesidad de que el interesado cultive o participe en el proceso de producción.
Según el PLP, la legislación actual tiene un vacío que impide conceder permisos de comercialización independientes de la cadena de producción, por lo que aboga por una reforma para dinamizar el mercado y propiciar que los derivados del cannabis sean más asequibles.
Actualmente, el artículo 9 de la ley de cannabis medicinal establece tres tipos de títulos habilitantes:
-Para el cultivo, producción y otras actividades conexas a la producción
-Para la industrialización y elaboración de productos
-Para investigación científica o docencia universitaria sin fines de lucro.
Ante la ausencia de una disposición específica sobre la comercialización, el plan propone la inclusión de un inciso 4, en el cual se permitiría otorgar licencias para la comercialización con fines médicos, terapéuticos o industriales.
La propuesta incluye un artículo 13 bis, el cual definiría a las autoridades responsables de regular las licencias y las actividades.
Las licencias de comercialización serían otorgadas por el Ministerio de Salud, mientras que el control de la comercialización estaría a cargo del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) y el Ministerio de Comercio Exterior (Comex).
Además, la iniciativa contempla la eliminación del segundo párrafo del artículo 4 de la ley de cannabis, con el objetivo de eliminar las trabas que afrontan personas que desean cultivar, producir, almacenar, transportar, industrializar y comercializar tanto cannabis medicinal como cáñamo.
El párrafo que se derogaría otorga al Poder Ejecutivo la potestad para limitar el número de licencias, así como establecer limitaciones temporales a la producción, las áreas totales de siembra y los sectores del territorio nacional donde se permiten estas actividades.
La derogatoria también afectaría el artículo 17, relacionado con el límite de las licencias, y el artículo 18, que obliga a quienes realizan actividades autorizadas a pagar un impuesto especial incluso cuando se ubiquen dentro de zonas francas.
Según la exposición de motivos del proyecto, el objetivo es fortalecer esta actividad productiva mediante la agilización de trámites y la emisión de nuevas licencias, aprovechando el crecimiento del mercado para crear nuevos empleos.
“Las restricciones actuales sobre licencias y requisitos adicionales establecen un oligopolio, el cual debe ser atacado para que los inversionistas compitan en igualdad de condiciones y generen más fuentes de trabajo para los costarricenses, dinamizando así la economía del país”, explica el texto del proyecto.
La iniciativa busca evitar que las restricciones provoquen un encarecimiento de los productos, lo que podría fomentar el cultivo ilegal debido a la reducción del mercado.
El proyecto de ley también eliminaría una sobretasa del 1% sobre el impuesto de renta a las personas físicas y jurídicas que se dedican a la producción, comercialización o actividades relacionadas con el cannabis.
Actualmente, los recursos recaudados mediante esta sobretasa pasan a formar parte de los presupuestos públicos y se distribuyen entre el Ministerio de Salud (10%), el Ministerio de Agricultura y Ganadería (10%), el Instituto Costarricense sobre Drogas (10%), el Seguro de Enfermedad y Maternidad de la Caja Costarricense del Seguro Social (20%), el Centro Nacional de Control del Dolor y Cuidados Paliativos de la Caja Costarricense de Seguro Social (20%) y el Fondo Nacional de Desarrollo del Sistema de Banca para el Desarrollo (30%).
Sin embargo, el proyecto de ley considera que, debido al uso medicinal que persiguen los derivados de cannabis, no se debe cobrar la sobretasa para evitar un encarecimiento.
En este sentido, un criterio de la Contraloría General de la República (CGR), emitido este 25 de abril, recomendó a los legisladores de la Comisión de Agropecuarios, órgano legislativo donde se trabaja el expediente, contar con los datos necesarios que les permitan tener claridad sobre las eventuales implicaciones relacionadas con la eliminación de este tributo.
El órgano fiscalizador sugirió consultar el proyecto a las instituciones afectadas, con el fin de que puedan referirse a los eventuales impactos financieros.
