La entropía es la tendencia natural a la pérdida de orden en un sistema. El físico alemán Rudolf Clausius acuñó el término tras constatar que, en cualquier proceso irreversible, siempre se pierde una pequeña cantidad de energía térmica que queda fuera de la frontera del sistema.
Indudable resulta, bajo este prisma físico, que el Poder Judicial, tradicionalmente representado como ejemplo del orden, está actualmente sometido a la entropía. En el proceso de descomposición influyen múltiples factores, pero la impronta populista y polarizadora (de izquierda y de derecha) arrastra a una deriva autocrática por la que parte de la ciudadanía cercena sus propios derechos y libertades por algo tan efímero como el «bien» de los suyos.
Si es un deber ético para cualquier ciudadano contribuir a reducir la actual polarización, los jueces, como parte integrante de un poder del Estado que tiene por función proteger y garantizar los derechos y libertades de la ciudadanía, tenemos una obligación irrenunciable: asumir la responsabilidad de comunicar los riesgos que para nuestra democracia tiene la deslegitimación del Poder Judicial.
Aparentemente robusto, el Poder Judicial es frágil. Su legitimidad viene dada por la ley y la confianza ciudadana en su independencia e imparcialidad. Si se inocula el veneno de la duda en la sociedad, la deslegitimación encuentra camino para campar a sus anchas. A mayor desconfianza en la independencia de los jueces, mayor riesgo para nuestra democracia. Sin jueces independientes, los derechos y libertades de la ciudadanía están amenazados.
Este proceso de desmontaje del Poder Judicial no es novedoso ni exclusivamente español. Integramos un complejo puzle populista que busca poner en cuestión las democracias en todo el mundo y que se ceba con el eslabón más débil de todos los poderes estatales, el judicial, encargado de contrarrestar al resto, como garante de los derechos y libertades de la sociedad.
Se ha generalizado, en una constante tendencia nada casual ni ingenua arrastrada desde hace años, la idea que la legitimidad resultante de las elecciones es patente de corso para el ejercicio ilimitado del poder. Pero España desde hace décadas es un Estado democrático de Derecho. Decidimos ser una democracia representativa siempre sujeta a límites, como señala la Constitución.
Asistimos a un creciente grito irresponsable que pretende limitar nuestras libertades bajo la bandera de una defensa dogmática de la democracia, sin controles independientes al poder.
La clave de bóveda de la hoja de ruta de la deslegitimación del Poder Judicial es el control político del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), un órgano constitucional creado para velar por la independencia de los jueces. Son casi 40 años con un sistema de elección partitocrática de vocales, no realmente parlamentario. Los únicos legitimados para iniciar el proceso de renovación del CGPJ son los Presidentes de Congreso y Senado, que llevan más de cinco años sin convocar los correspondientes plenos: viva imagen de un sistema fracasado que desprestigia al tercer poder del Estado, y al propio país.
Desde Europa se insiste, precisamente, en lo contrario: en la necesidad de despolitizar el CGPJ y reformar el sistema de designación de los doce vocales judiciales, abogando por su elección por los jueces, sin intervención de los poderes Legislativo y Ejecutivo. En cambio, se propicia el caldo de cultivo idóneo para hacer retroceder nuestro Estado de derecho con la rebaja de mayorías parlamentarias para la designación de los vocales. En ese escenario, España quebraría el principio de no regresión (sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el asunto Repubblika C-896/19), que determina que los Estados miembros no pueden reducir las garantías destinadas a proteger los valores consagrados en los tratados y, en concreto, la independencia judicial respecto de las existentes en el momento en el que se produjo su adhesión a la Unión Europea.
En una democracia liberal, el Poder Judicial debe ser lo más independiente y autónomo de los otros dos poderes estatales. Solo los jueces garantizan al final del camino que los derechos y libertades de la ciudadanía sean verdaderamente respetados. Y esta intencionada politización puede afectar a la percepción social del nivel de independencia de los jueces, aminorando la confianza en el Estado de derecho.
Para los que quieren democratizar el Poder Judicial, con un argumentario repleto de prejuicios y de miedos infundados, me vienen a la mente las palabras de Tzvetan Todorov: «El miedo a los bárbaros es lo que amenaza con convertirnos en bárbaros. Y el mal que haremos será mayor que el que temíamos al principio. La historia nos lo enseña: el remedio puede ser peor que la enfermedad. Los totalitarismos se presentaron como un medio para curar los errores de la sociedad burguesa, pero engendraron un mundo más peligroso».
Los que ahora deslegitiman, serán los primeros en arrepentirse por no tener un Poder Judicial independiente. La Historia, desgraciadamente, nos recuerda como la entropía judicial puede erosionar los cimientos de la democracia.
Sergio Oliva es portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria
