El derecho al aborto es un tema central en la agenda mundial. Dime si entorpeces, dificultas y obstaculizas el aborto y te diré quién eres; dime si luchas para que las mujeres no tengan obstáculos a la hora de decidir si ser madres o no serlo y te diré quién quieres ser. Mientras que en Italia Giorgia Meloni ha habilitado que los sectores antiabortistas puedan entrar a las clínicas y culpabilizar a las mujeres, jóvenes o niñas que deciden abortar, en Ecuador ha pasado más de un mes desde la presentación judicial para despenalizar el aborto por parte del movimiento Justa Libertad ante la Corte Constitucional.
La estrategia es lograr que el aborto sea legal a través de un fallo judicial, igual que ya lo hicieron en Colombia. En este país, en febrero de 2022, se despenalizó el aborto hasta la semana 24, a partir de una demanda del movimiento Causa Justa. Ahora, en Ecuador, el objetivo es que se declare la inconstitucionalidad del artículo 149 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que prevé condenas de entre seis meses y dos años de cárcel para las mujeres que aborten o permitan que otra persona les realice un aborto; y de entre uno y tres años, para las personas que las ayuden.
En 2021, la Corte Constitucional ecuatoriana permitió que las víctimas de violación pudieran acceder al aborto y que ese supuesto no sea considerado un delito. Pero el movimiento Justa Libertad ya no quiere sólo permisos parciales, sino la libertad de decidir.
La demanda de Ecuador no es sólo un hito de un país latinoamericano con acceso al aborto en algunos supuestos –esto es, no está permitido, pero no está totalmente prohibido–, sino una de las formas de lograr la legalización a través de la Justicia.
Las estrategias para lograr el acceso al aborto son diferentes según cada realidad política, territorial y legislativa, pero también constituyen herramientas –como el litigio estratégico– que pueden utilizarse en otros países, incluso, que fueron pioneros, pero que cuentan con legislaciones aprobadas hace muchos años y hoy en día cuentan con legislaciones vetustas que permiten avances de grupos anti derechos (un ejemplo es Italia, que legalizó el aborto en 1978 mediante la Ley 194).
Las estrategias para lograr el acceso al aborto son diferentes según cada realidad política, territorial y legislativa, pero también constituyen herramientas que pueden utilizarse en otros países
En ese sentido, la campaña 'Mi voz, mi decisión', una Iniciativa ciudadana europea, ha empezado la recolección de firmas el 24 de abril para blindar el derecho al aborto seguro, gratuito y accesible en toda la Unión Europea. “Nos preocupa el acceso a un servicio esencial de parte de las migrantes de Ecuador y de toda Latinoamérica que todos los días llegan a Europa”, explica la portavoz de Justa Libertad, Ana Cristina Vera Sánchez, abogada, socióloga y coordinadora de litigio estratégico del Centro de Apoyo y Protección de los Derechos Humanos (Surkuna), en Ecuador.
La letrada respalda la iniciativa europea y recalca que el acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) no debe tener fronteras humanas, ni legales. Pero no se trata sólo del acceso para migrantes, sino de las ciudadanas de países europeos que limitan, regulan, restringen, dilatan, obstaculizan o culpabilizan la práctica del aborto.
“Nos preocupa el acceso al aborto de las mujeres de Polonia y de Malta, que debe garantizarse para todas las mujeres y personas gestantes en cualquier territorio. Europa puede ser un continente más justo si avanza la iniciativa 'Mi voz, mi decisión' y garantiza el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva a todas las personas gestantes que lo necesiten”, afirma Vera Sánchez.
En Ecuador, el movimiento nacional Justa Libertad está impulsado por ocho organizaciones sociales de derechos humanos (Surkuna, Las Comadres, Alianza de Derechos Humanos, Amazon Frontlines, Bolena, CEPAM Guayaquil, Fundación Lunita Lunera y Sendas) que buscan eliminar el artículo 149 del COIP, que establece el delito de aborto. En la última década, fueron criminalizadas casi 500 personas por ese delito, según el registro de la Fiscalía General del Estado de 2023.
En un mundo donde el consumo de drogas y la narcocriminalidad crece, la condena a las mujeres que abortan redobla los riesgos a que caigan en manos del crimen organizado. Lina María Espinosa, defensora de derechos humanos e integrante del movimiento Justa Libertad enfatiza: “Ya el supuesto de violación no resulta suficiente. Las mujeres, las adolescentes y las niñas que acceden a un aborto por otros supuestos siguen siendo estigmatizadas y condenadas a la cárcel. Y en un país donde las cárceles y el sistema penitenciario están tomados por el crimen organizado, enviar a una mujer a la cárcel por abortar no es sólo privarla de su libertad, sino condenarla a morir”.
Por un lado, Ecuador enfrenta desafíos de desigualdad estructural, crisis económica y crecimiento del narcopoder que son mucho más pronunciados en los países periféricos. Pero las estrategias de resistencia del movimiento feminista son de vanguardia y pueden resultar modelos de aprendizaje para los desafíos que presenta el avance de las extremas derechas.
Por ejemplo, si una mujer o joven es acosada en una clínica para que no aborte, se podría presentar una demanda con bases jurídicas similares a la del derecho a la intimidad en Ecuador, más allá de la letra pequeña de la ley italiana, que ya tiene casi medio siglo (en concreto, 46 años) y utilizar los avances jurídicos, narrativos y políticos del movimiento feminista latinoamericano.
Por ejemplo, en la presentación judicial de Ecuador se enfatiza el derecho a la protección de datos personales y la confidencialidad de la información cuando se accede a un servicio de salud. ¿Y si en Italia se genera un litigio estratégico con las mismas bases que las de Ecuador? La base, además, que también puede extrapolarse a otras latitudes, es proteger a las mujeres; pero también a las médicas, médicos, anestesistas, clínicas o personal administrativo y de salud que garantizan el aborto y que corren el riesgo –con el permiso de Meloni– de ser estigmatizados e invadidos en su privacidad, y de sufrir consecuencias por garantizar un derecho.
Los derechos deben ser igualitarios, pero los necesitan sobre todo las más vulnerables. El aborto afecta particularmente a las más pobres ya que las mujeres de bajos ingresos muestran más probabilidades de ser procesadas por abortar, incluso en el caso de un embarazo deseado (aborto espontáneo) o si tienen que ser atendidas después de la interrupción del embarazo, según datos de Human Rights Watch de 2021. Además, el impacto en la salud es muy marcado, ya que cada 24 horas 54 niñas, adolescentes y mujeres son hospitalizadas por causas relacionadas con abortos, según datos del Ministerio de Salud Pública de Ecuador, del año 2022.
“Esperamos que la Corte cumpla con su obligación”, enfatiza Espinosa y remarca una petición a la Corte: “Que tramite esta causa de manera prioritaria para que se protejan los derechos de las niñas, adolescentes, mujeres y personas con posibilidad de gestar que deciden acceder al aborto, para que no sigan siendo condenadas a terminar en una cárcel o perder la vida por acceder a abortos inseguros”. “Y que finalmente el Estado regule el derecho al aborto como un servicio esencial de salud. No se nos puede seguir condenando a maternidades forzadas y a morir por ejercer autonomía. La Corte debe estar a la altura del momento histórico y de la posibilidad de proteger y garantizar la vida y los derechos de las mujeres”, añade.
En ese mismo sentido, Ana Vera subraya: “Esperamos que la Corte pueda admitir la causa lo más pronto posible y tener una sentencia en marzo de 2025. El delito del aborto tiene que eliminarse. La Corte Constitucional ya sentó un precedente con la demanda de aborto por violación en la que dijo que era un delito ineficaz, que no era necesario y que ponía en riesgo gravemente los derechos de las mujeres y personas gestantes. Por eso, ahora esperamos que la Corte mantenga el mismo razonamiento y elimine el delito de aborto del Código Penal”.
La demanda de Ecuador no es una estrategia solitaria. Las venas abiertas de América Latina siguen vivas, pero ahora son verdes
La demanda de Ecuador no es una estrategia solitaria. Las venas abiertas de América Latina siguen vivas, pero ahora son verdes. “Latinoamérica tiene una característica y es que estamos muy conectadas. Actuamos mucho en redes. Y aprendemos las unas de las otras. Y lo que hacemos es tomar en cuenta la experiencia de las compañeras y pensar cómo esta experiencia sería adecuada para nuestro país, entendiendo que no se puede copiar”.
“Un primer gran hito para el movimiento latinoamericano feminista es 'Ni Una Menos', que se da en Argentina, con esas movilizaciones gigantes, que luego se replican en todos nuestros países. En Ecuador fue 'Vivas Nos Queremos', en 2016, nunca en mi vida había visto una marcha tan grande, pero, en ese momento, llenamos las calles. Hemos aprendido muchísimo de las compañeras de Argentina, de Colombia, de México y de Centroamérica, que lleva una lucha brutal en un contexto adverso”.
Ella también explica porque el pañuelo verde se convirtió en un símbolo mundial: “La marea verde argentina fue un fenómeno fundamental para Latinoamérica. Todas adoptamos el pañuelo, lo asumimos como nuestro, generamos nuestros propios pañuelos. Ahora es un símbolo de lucha. La marea verde fue central para que todas tuviéramos un símbolo que nos unifique (el pañuelo) y el color verde como esperanza, como cambio y como transformación”.
