Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, está en el foco del debate político y mediático tras la apertura de una investigación en un juzgado de Madrid por sus actividades y relaciones profesionales. Una decisión judicial, ya recurrida por la Fiscalía, que ha llevado al límite al jefe del Ejecutivo, que valora su dimisión. La investigación judicial se sustenta en una querella de siete folios que lista ocho informaciones periodísticas, incluido el bulo publicado por The Objective en el que le atribuía una subvención cuando en realidad se trataba de otra persona con el mismo nombre.
Gómez es licenciada en Marketing por la universidad privada ESIC y experta en crowdfunding y captación de fondos, según publicó El País en un reportaje en 2018. Es un desempeño profesional que realizaba antes de que su esposo fuera elegido presidente del Gobierno. Después de que Sánchez desembarcara en La Moncloa, pidió una excedencia en el Grupo Inmark, donde ejercía como directora de consultoría, y en agosto de 2018 la fichó el Instituto de Empresa para dirigir el IE Africa Center, de nueva creación.
Además, en 2012, había empezado a trabajar en la Universidad Complutense de Madrid, según detalla el campus en su portal de transparencia. Primero, como codirectora de un curso de Técnico de Fundraising [captación de fondos] durante los cursos 2012/13 y 2013/14; y, después, como codirectora de dos másteres propios, uno de Dirección de Fundraising Público y Privado en Organizaciones sin Ánimo de Lucro (2014/2023) y otro de Transformación Social Competitiva (2020/2022). Por otro lado, en 2020 fue nombrada directora de la Cátedra para la Transformación Social Competitiva.
Las informaciones que aluden a Gómez se centran en dos cuestiones. Por un lado, la relación que estableció en el IE con los dueños de Globalia, propietaria de la compañía Air Europa, y que después fue rescatada por el Gobierno en la pandemia; y, por otro, su apoyo puntual a un empresario que optó a ayudas públicas y que ejercía como profesor en el Máster de Transformación Social que Gómez dirigía en la Complutense.
Respecto a Air Europa, según publicó El Confidencial, Gómez habría pactado un contrato de patrocinio de 40.000 euros al año de la aerolínea con el IE Africa Center que ella codirigía. El objeto era sufragar unas becas, vuelos y la organización de eventos. El convenio se firmó en enero de 2020, antes de la pandemia. Y nunca se puso en marcha, precisamente por la crisis sanitaria. Es decir, los 40.000 euros prometidos no llegaron en su totalidad. La aerolínea reconoció haber pagado sólo 1.716 euros por dos billetes a Londres para que Gómez y la presidenta del África Center asistieran a un evento.
El citado medio vinculó el trabajo de Gómez en el IE y el citado convenio de patrocinio con el rescate a Air Europa en plena pandemia. La aerolínea recibió cientos de millones de euros en préstamos del Gobierno para evitar la quiebra en un momento en el que el confinamiento frenó en seco el transporte aéreo mundial.
No fue la única empresa ayudada con fondos públicos. En su día, el PP apoyó el rescate e incluso lo consideró insuficiente porque, en su opinión, otras empresas recibieron más dinero por trabajador. Pese a ello, denunció a Sánchez ante la Oficina de Conflicto de Intereses por no ausentarse del Consejo de Ministros que aprobó el rescate por los supuestos “vínculos” de su mujer con la empresa rescatada. La denuncia fue archivada.
Además, algunas de esas informaciones han tratado de vincular el rescate de Air Europa con el ‘caso Koldo’ de supuesta corrupción en la compra de mascarillas por la Administración central durante la pandemia. Uno de los principales investigados en esa trama, el empresario Victor de Aldama, mantenía relaciones con la familia Hidalgo, propietaria de Globalia, y estuvo presente en reuniones en las que también estuvo Gómez. Algunas, un año antes de que se aprobase el rescate a Air Europa, y meses antes de que en China se detectara el coronavirus que provocó la pandemia.
En relación al segundo asunto, El Confidencial publicó el pasado 2 de abril que Gómez había firmado en 2020 una carta para apoyar a la UTE Barrabés-The Valley en una licitación del Ministerio de Economía. Otra información, publicada un día después, hablaba de una segunda carta. Detrás de una de esas empresas recomendadas está el empresario tecnológico Carlos Barrabés, que había participado como profesor en el máster y la cátedra de Transformación Social que Gómez dirigía en la Complutense.
Las cartas, siempre según estas informaciones, habrían sido clave para que las empresas se llevaran más de ocho millones de euros en ayudas públicas para realizar cursos para jóvenes y desempleados. El organismo que licitó los contratos —Red.es, dependiente del Ministerio de Economía que entonces dirigía Nadia Calviño— desmintió que las cartas tuvieran relevancia en la concesión de los lotes a la citada UTE.
De hecho, las cartas firmadas por la mujer de Sánchez no eran originales, sino una plantilla que las dos empresas distribuyeron entre diferentes organismos y empresas con las que habían colaborado. Por ejemplo, la gerente de la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid (PP) firmó otra exactamente igual a la de Gómez.
Por otro lado, en la denuncia que Manos Limpias presentó en el juzgado y que ha sido admitida a trámite figura también un bulo publicado por el digital The Objective. Ese medio difundió una noticia que daba a entender que la esposa del presidente del Gobierno había recibido una subvención y que el Ejecutivo ocultaba los detalles. En realidad, se trataba de una hostelera cántabra que se llama igual que ella. Telemadrid difundió también esta información y se vio obligada a rectificar.
En un comunicado hecho público este jueves, el pseudosindicato de extrema derecha reconocía que su denuncia se basa “solo” en informaciones periodísticas y que éstas podrían ser falsas. “Será ahora el juez instructor quien deberá comprobar si dichas informaciones periodísticas son ciertas o no. Si las mismas no son ciertas, serán quienes las publicaron, quienes deberán asumir la falsedad, pero si no son inciertas, entendemos que la causa judicial deberá proseguir”, recogía esa nota de prensa.
