La Sala Constitucional condenó a la Fuerza Pública al comprobar que policías de este cuerpo torturaron a un privado de libertad de 31 años, de apellidos Chavarría Aguirre, quien fue capturado en Santa Cruz de Guanacaste el pasado 8 de abril.
Mediante un recurso de hábeas corpus, Chavarría alegó que, ese día, lo capturaron y lo trasladaron a un sector de Santa Cruz conocido como Las Huacas. En el lugar, lo acostaron boca abajo, le prensaron los pies y las manos, para luego golpearlo en varias partes del cuerpo y colocarle un “chuzo” eléctrico.
Adicionalmente, los agentes de la Fuerza Pública le reventaron la camisa, prendieron fuego a una bolsa plástica y le dejaron caer gotas de plástico ardientes encima del cuerpo, para tratar de obtener información sobre el robo que le atribuían.
El privado de libertad dijo que, antes de llevarlo a un centro médico, los oficiales le quitaron todos los residuos de plástico para que no quedaran rastros, y lo amenazaron para que no le contara al médico nada de la agresión sufrida.
El subdirector de la Delegación Policial de la Fuerza Pública de Santa Cruz dijo que los alegatos de Chavarría no tenían sustento, y negó que lo hubiesen agredido.
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Sin embargo, dos días después, el 10 de abril, el privado de libertad fue evaluado por la Unidad Médico Legal del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Santa Cruz. Los especialistas constataron que el sujeto tenía excoriaciones en el cuero cabelludo, el rostro y la espalda, así como quemaduras de segundo grado superficiales en la espalda y las extremidades.
“Por lo anterior, el señor Chavarría Aguirre sí presenta lesiones. Dadas las características de las lesiones encontradas, se estima amerita incapacidad temporal de cinco días a partir de la fecha de los hechos. Las lesiones descritas (excoriaciones y quemaduras) sí son compatibles con la historia médico legal narrada y usualmente sanan sin dejar secuelas”, destacaron los médicos en su informe.
Tras conocer esto, los magistrados de la Sala IV emitieron la sentencia N° 2024-11213, en la cual por unanimidad declararon con lugar el recurso de hábeas corpus.
Los altos jueces ordenaron que, de inmediato, el Ministerio de Seguridad inicie un procedimiento administrativo disciplinario contra los oficiales involucrados en la agresión. Además, el Estado deberá pagar los daños y perjuicios causados.
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