La Sala Constitucional puso fin a la absurda prohibición del etiquetado frontal de alimentos para advertir del alto contenido de calorías, grasa, azúcares o sodio.
En agosto del año pasado, el Ministerio de Salud causó asombro con la decisión de prohibir las etiquetas adheridas a los alimentos para advertir del alto contenido de calorías, grasa, azúcares o sodio. La legislación nacional no obliga a proporcionar esos datos al consumidor, y el despacho encargado de preservar el bienestar de la población, en lugar de enmendar la omisión, exigió tapar las advertencias incorporadas a los productos importados.
Como es obvio, la medida no favorece la salud. En cambio, dificulta el comercio internacional e incrementa los costos de los importadores. En el plano más básico, viola el derecho de los ciudadanos a informarse por cualquier medio de los asuntos de interés. Ni a un comerciante se le puede prohibir la difusión de datos veraces ni a un consumidor se le puede impedir el acceso a esa información. La directriz del Ministerio de Salud no tenía justificación desde ningún punto de vista, pero hizo falta la intervención de la Sala Constitucional, el martes, para afirmarlo.
La reglamentación nacional y centroamericana carece de “parámetros específicos” para determinar si un alimento tiene “alto” contenido o “exceso” de algún nutriente, dijo el Ministerio de Salud para justificar la directriz. En consecuencia, “algunos productos importados ingresan con un etiquetado frontal de advertencia nutricional, basado en regulaciones aprobadas en los países donde fueron fabricados y no en la normativa costarricense”.
En otras palabras, como la normativa costarricense y centroamericana no existe, la información debe ser proscrita. Es una lógica difícil de seguir. Las decisiones sobre etiquetado deben responder a las mejores prácticas de protección de la salud. Para establecer, en este caso, la vulneración de ese derecho, los magistrados citaron evidencia proporcionada por el Colegio de Profesionales en Nutrición, la Escuela de Nutrición de la Universidad de Costa Rica, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el propio Ministerio de Salud.
Diez meses antes de publicarse la circular contra las etiquetas, el viceministro Alexei Carrillo, quien pasó a titular del despacho poco después, cuando renunció la Dra. Joselyn Chacón, enfatizó la importancia de las etiquetas: “Desde una perspectiva de derechos humanos, el etiquetado nutricional frontal constituye una real herramienta, importante para proteger la salud pública y a los consumidores. Los alimentos no saludables son uno de los principales factores de riesgo modificables asociados con las enfermedades no transmisibles y la obesidad. Se ha demostrado que el etiquetado nutricional frontal en productos alimenticios ayuda a consumidores a elegir alternativas de alimentos más saludables. La implementación de etiquetado nutricional frontal tiene un impacto positivo en la salud pública, la calidad de vida de la persona y la economía. Desde el Ministerio de Salud, queremos hacer un llamado para que este tipo de iniciativas tengan mayor respaldo y logremos el objetivo, que es una mejor salud y bienestar del país”.
Las declaraciones de Carrillo surgieron el 16 de junio del 2022 durante la presentación de un estudio sobre la eficacia del etiquetado, hecho en Costa Rica por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la Asociación Costa Rica Saludable y el Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (Inciensa), adscrito al Ministerio de Salud.
No extraña, entonces, que la sentencia de la Sala Constitucional afirme, sin las dudas expresadas por sectores de la industria alimentaria, que constató el vínculo entre el etiquetado y las decisiones mejor informadas y más saludables al adquirir productos empacados. El ocultamiento de los datos “perjudica el derecho a la salud y de información de los consumidores”, dice el fallo redactado por la magistrada Ingrid Hess.
La Sala IV también echó por tierra la supuesta incompatibilidad entre las etiquetas y los acuerdos comerciales centroamericanos. “Para la Sala es inaceptable que, con el argumento de la falta de uniformidad en el etiquetado de productos y las dudas sobre la forma de implementarlo, se optara por ocultarlo”. Esclarecidas las dudas, está por verse si el Ministerio retoma la dirección señalada durante la gestión del Dr. Carrillo.
