Las llaman “las dos almas” de la Iglesia española. Pero son más bien dos cuerpos que pugnan por imponerse y marcar el rumbo de la principal institución religiosa de España, y cuya guerra interna ha quedado en evidencia este martes frente a la aprobación por parte del Gobierno de un plan para indemnizar a las víctimas de la pederastia clerical. Un proyecto que necesita de la colaboración –y la financiación– de la Conferencia Episcopal (CEE) y que, teniendo en cuenta la sucesión de reacciones contradictorias que ha desatado, promete agitar –todavía más– la batalla entre moderados y ultraconservadores en la Casa de los Obispos.
Fueron tres versiones distintas en apenas minutos: del negacionismo de la vieja guardia, todavía mayoritaria, a la voluntad de trabajo a tres bandas –víctimas, Estado e Iglesia– capitaneada por el actual vicepresidente de la CEE (y considerado el hombre del Papa en España), José Cobo, y respaldado por las congregaciones religiosas.
“La Iglesia católica durante décadas no dio respuesta a esta situación”, aseguró el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, en la rueda posterior al Consejo de Ministros, pero sugirió que esta actitud forma parte del pasado. “Entiendo que la Iglesia asumirá los costes” de las indemnizaciones para aquellos casos que ya han prescrito o que por alguna razón no pueden tener un reproche penal, señaló el ministro de la Presidencia. “No se entendería que fuera de otra manera. Nadie entendería que la Iglesia española no actuara como lo ha hecho en países de nuestro entorno como Irlanda o Bélgica o como en Estados Unidos”. Y remachó: “Me parece que tienen voluntad de colaborar. Es mi impresión y así me lo trasladan”.
El Defensor del Pueblo calculó, en un informe que le pidió el Congreso, que el 1,13% de la población ha sufrido abusos en ámbitos relacionados con la Iglesia (unas 450.000 potenciales víctimas), y recogió expresamente el caso de 487 personas.
En línea con el optimismo de Bolaños, el arzobispo de Madrid, José Cobo, aseguraba a preguntas de elDiario.es que la Iglesia española “colaborará con el Estado” para “afrontar todas las dimensiones” del escándalo de la pederastia clerical, asumiendo su “responsabilidad y colaborando en todo lo que haga falta, partiendo de los apuntes que daba el Defensor del Pueblo en su informe”.
Es más: el vicepresidente de la CEE aseguraba que “en la última Plenaria” –la que eligió a la nueva cúpula episcopal, comandada por Luis Argüello y el propio Cobo– establecieron “una línea y un horizonte” sobre este tema. “Hay un acercamiento con el Gobierno para implementar esa colaboración, siempre teniendo en cuenta la centralidad del sufrimiento de la víctima y la necesidad del acompañamiento”, explicaba Cobo.
El gesto de presidente y vicepresidente de la CEE acercándose a las víctimas apostadas a la puerta de la sala de reuniones, hace ahora un mes y medio, sumado a la reunión que mantuvieron en Semana Santa, hacía confiar a las asociaciones de supervivientes de la pederastia clerical que, por fin, las cosas comenzaban a cambiar y que la Iglesia iba a tomar en serio las reivindicaciones de las víctimas.
Sin embargo, media hora más tarde, y en un comunicado sin firma (aunque posteriormente se envió un vídeo en el que el secretario general de la CEE, César García Magán, procede a su lectura), la Conferencia Episcopal arremetía con dureza contra el proyecto de Presidencia. El plan de Bolaños, en su opinión, “parte de un juicio condenatorio de toda la Iglesia, realizado sin ningún tipo de garantía jurídica, un señalamiento público y discriminatorio por parte del Estado”.
Así, pese a considerar que los cinco ejes del plan de reparación del Gobierno “coinciden, en buena parte” con lo que “la Iglesia viene desarrollando frente a los abusos sexuales”, y aunque considera “valiosas” algunas de las medidas del proyecto, el comunicado oficial marca las distancias: “No se pueden plantear unas medidas de reparación que, siguiendo el informe del Defensor del Pueblo, dejarían fuera a nueve de cada diez víctimas”. “La Iglesia no puede aceptar un plan que discrimina a la mayoría de las víctimas de abusos sexuales”, recalca la nota.
Con estas palabras los obispos vuelven a la casilla de salida, cuando comentaron algo similar sobre el documento presentado por Ángel Gabilondo en octubre del año pasado. El entonces presidente de la CEE, Juan José Omella, declaraba en rueda de prensa que los obispos solo participarían de un hipotético fondo estatal de reparación si este incluía a todas las víctimas de abusos sexuales, no solo a las de la Iglesia.
La tesis del sector conservador es que, al centrarse sólo en la Iglesia católica, el plan aborda únicamente una parte del problema. “Es un análisis parcial y oculta un problema social de enormes dimensiones”. “Esta regulación cuestiona el principio de igualdad y de universalidad que debe tener todo proceso que afecta a derechos fundamentales”, subraya la nota, que lejos de admitir –como habían hecho ante los supervivientes de abusos hace apenas unas semanas tanto Cobo como el nuevo presidente, Luis Argüello– los fallos de gestión del pasado, reivindica cómo “la Iglesia va por delante en la acogida de las víctimas, en la formación para la prevención y en su reparación. Son los poderes públicos los que deben desarrollar medidas oportunas en esta labor de proteger a los menores en tantos ámbitos de su competencia”.
“La Conferencia Episcopal ya adelantó al ministro Bolaños su valoración crítica sobre este plan al fijarse sólo en la Iglesia católica”, finaliza la nota, haciendo referencia a la reunión que mantuvo la cúpula de los obispos con el Gobierno el pasado jueves. Sin embargo, en privado, destacados cargos de la CEE habían asegurado a elDiario.es que el tema de los abusos solo se trató “de manera general”.
En definitiva, el comunicado parece dejar claro que la Iglesia colaborará con el Estado “en los ámbitos de su responsabilidad y competencia, pero siempre en la medida en que aborde el problema en su conjunto”.
A media tarde de este martes era la Conferencia de Religiosos Españoles (Confer) quien anunciaba que “estudiará detalladamente el Plan del Gobierno”, aunque adelantaba que “los cinco ejes que ha explicado esta mañana el ministro de la Presidencia coinciden con las acciones que los Institutos Religiosos están llevando adelante en favor de las víctimas”.
Los religiosos españoles “vienen reconociendo desde hace tiempo el daño producido en las víctimas y están trabajando de manera integral en sensibilización, prevención y reparación”, señala la nota de las congregaciones religiosas, que aseguran que “abordan seriamente cada caso de abusos de una manera individual buscando responder a lo que cada víctima necesita”. “La CONFER seguirá en diálogo con todas las instituciones, eclesiales y civiles, para encontrar los mejores caminos de reparación para todas las víctimas de abusos en los diferentes ámbitos de la sociedad”, concluye el comunicado de los consagrados españoles, que también han mantenido reuniones fructíferas con las asociaciones de víctimas en las últimas semanas.
Por su parte, en un interesante ejercicio de funambulismo eclesial, el presidente de la CEE, Luis Argüello, publicaba a media tarde un tuit en su cuenta de X, en el que subrayaba que “la Iglesia no quiere que el Estado asuma su responsabilidad económica, moral y espiritual con las víctimas de abusos ni que el Gobierno regule lo que no le corresponde”, y reclamaba al Ejecutivo “regular para todos desde el respeto al principio de legalidad y de universalidad”. “Ahí nos encontraremos”, subrayaba el arzobispo de Valladolid.
Distintas fuentes consultadas por elDiario.es muestran su perplejidad por el tono del comunicado de la Conferencia Episcopal y por el hecho de que se emitiera sin reunión de ningún tipo, y sin que el vicepresidente, que había dicho prácticamente lo contrario minutos antes, hubiera sido informado. Algunos responsables episcopales apuntan a la política comunicativa de la Casa de la Iglesia como responsable de una respuesta que no corresponde “ni en el fondo ni en las formas” con la tesis adoptada por los nuevos responsables de la Conferencia Episcopal, favorables a un entendimiento con el Gobierno y con las víctimas, teniendo como eje las directrices del informe del Defensor del Pueblo.
“Pese a las diferencias de matiz, Cobo y Argüello, en esto, ahora mismo están de acuerdo”, señalan las fuentes consultadas, que dejan caer un evidente malestar por una toma de posición que parece sacada de la voluntad del actual secretario general, César García Magán, y del jefe de prensa de la CEE, Josetxo Vera. Este último es autor, además, del polémico informe Para dar luz, cuya retirada han exigido las asociaciones de víctimas y que niega la veracidad de buena parte de las denuncias reconocidas tanto por el informe del Defensor del Pueblo como por las diócesis y las congregaciones religiosas.
De hecho, apuntan fuentes episcopales, ya existe un “diálogo avanzado” con los supervivientes para la creación de un Estatuto de las Víctimas que ponga las bases de una política de indemnizaciones en las que éstas participen, con voz y voto, así como la celebración de un acto en memoria de las víctimas de la pederastia clerical. Otra cosa, y así lo reconocen las mismas fuentes, es la preocupación, común en víctimas y obispos, por que no haya víctimas de primera y de segunda. “Queremos lograr que lo que se haga con las víctimas de la Iglesia pueda hacerse con las víctimas de abusos en cualquier ámbito social”, reconocen. Algo que no hace el comunicado de la CEE.
De un lado, la presión del Vaticano –en realidad, del propio papa Francisco– para acabar con el escándalo de la pederastia en España intenta marcar el paso a través de la figura del arzobispo de Madrid, José Cobo, que parecía estar consiguiendo un cambio de actitud de la cúpula. Del otro, un sector conservador –y en algunos casos ultraconservador y enemigo declarado de Bergoglio– que se ha impuesto en las últimas elecciones y que se niega a ver cuestionada a la Iglesia sobre este asunto. Las dos almas, los dos cuerpos de una Iglesia española que no entierra sus espadas.
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