Los gobiernos de Navarra y central han cerrado este martes un acuerdo para reformar la LORAFNA, equivalente navarro al estatuto en el resto de comunidades autónomas, que dará garantía jurídica al traspaso de las competencias de Tráfico y Seguridad Vial que el Tribunal Supremo paralizó en febrero argumentando que un Real Decreto no puede utilizarse para traspasar unas competencias que no estaban reconocidas en la ley navarra. El acuerdo de la reforma deberá pasar por el Parlamento de Navarra, el Congreso y el Senado para su aprobación definitiva.
En concreto se han modificado el artículo 49 del texto, que ahora fija que “corresponde a Navarra la competencia para la ejecución de la legislación del Estado, así como las funciones de vigilancia y control del tráfico”. También se ha añadido en el artículo 51 un nuevo punto en el que se especifica que será la Policía Foral quien ejerza esta competencia.
La presidenta de Navarra, María Chivite, ha celebrado que con el acuerdo alcanzado con el Estado “se blinda un derecho histórico” de Navarra y ha agradecido al Ejecutivo de Pedro Sánchez “la voluntad política” para alcanzar este acuerdo.
Chivite ha señalado que este miércoles la reforma de la LORAFNA será llevada a sesión de Gobierno para su aprobación y que, posteriormente será remitida al Consejo de Navarra. Después volverá a sesión de Gobierno y será trasladada al Parlamento para su tramitación. Una vez sea aprobada en el Legislativo navarro, será llevada a consejo de Ministros y tras ello al Congreso y al Senado, donde deberá ser aprobada por mayoría absoluta. “Espero que no haya quien ponga palos en la rueda”, ha indicado la presidenta navarra en referencia a la capacidad que tiene el PP de retrasar su aprobación con un veto en el Senado, donde tiene mayoría absoluta. Chivite confía en que el veto del Supremo pueda quedar subsanado a finales de 2024.
Pese al veto del Supremo, algunos servicios de la competencia ya han sido transferidos a Navarra y el Gobierno foral interpreta que no quedan anulados por la sentencia, ya que los magistrados únicamente se refieren en su escrito a la gestión de las carreteras. En concreto son el cobro de las tasas; autorizaciones para los centros médicos de reconocimiento; inspección de autoescuelas; autorizaciones para los centros de recuperación de puntos del carnet; campañas divulgativas de seguridad vial; autorización de eventos con vehículos históricos; y la elaboración de informes de pruebas deportivas que se desarrollen en carreteras navarras.
