El reciente informe anual del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre las prácticas de derechos humanos en Uruguay del 2023 ha planteado serias preocupaciones respecto a la situación carcelaria y el trato a grupos vulnerables en el país sudamericano.
En su informe, el Departamento de Estado destacó que no se han observado cambios significativos en la situación de los derechos humanos en Uruguay desde informes anteriores. Uno de los puntos críticos señalados fue el estado de las cárceles y centros de detención, donde se reportaron condiciones potencialmente mortales debido al hacinamiento, malas condiciones sanitarias, atención médica insuficiente y niveles alarmantes de violencia entre los reclusos.
Las condiciones inhumanas en las cárceles de Uruguay han sido objeto de preocupación. El informe menciona que en algunas prisiones, los reclusos se ven obligados a dormir en el piso debido a la superpoblación. Además, se destaca la falta de condiciones sanitarias adecuadas y la atención médica insuficiente como factores que agravan la situación.
Otro aspecto crítico abordado en el informe es el trato diferenciado hacia las mujeres en prisiones mixtas. Se señala que a menudo se les asignan las peores zonas de las cárceles, con menor acceso a alimentos, espacios privados y visitas de familiares, lo que plantea serias preocupaciones sobre la equidad de género y el respeto a los derechos de las mujeres privadas de libertad.
El informe también hace referencia a los requisitos de cuota de empleo para afrouruguayos en el sector público. Aunque la ley exige que el 8% de los puestos gubernamentales sean ocupados por esta comunidad, se observa una brecha significativa entre la cuota establecida y la ocupación real de puestos por afroamericanos, lo que indica desafíos en la implementación efectiva de políticas inclusivas.
El informe menciona denuncias de abusos en centros de niños con discapacidades de salud mental, incluyendo maltrato físico y verbal. Se destaca la falta de canales adecuados para denunciar estos abusos, lo que pone en evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección y denuncia de violaciones a los derechos de niños y adolescentes con discapacidades. “Algunos centros priorizaron la seguridad, el orden y el control, y algunos carecían de canales adecuados para denunciar abusos”, expresa.
