El Pleno del Parlamento Europeo ha anulado la decisión de la Comisión Europea de excluir a Gibraltar, junto a Barbados, Panamá, Uganda y Emiratos Árabes Unidos, de la lista de territorios que representan una amenaza para el sistema financiero de la Unión por sus deficiencias normativas en materia de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. En relación con Gibraltar, la moción original denunciaba que “hay evidencias recientes que sugieren que no hace los esfuerzos suficientes o incluso facilita la evasión de las sanciones impuestas a Rusia en respuesta a la agresión a Ucrania”. Añade que Gibraltar “podría actuar como una plataforma para eludir las sanciones impuestas a las entidades de la Unión, dificultando los esfuerzos de la Unión Europea para parar la máquina de guerra rusa”.
Además de adherirse al texto referido, José Manuel García-Margallo, Isabel Benjumea y Javier Zarzalejos, en nombre del Grupo PPE, han presentado cuatro enmiendas que abordan directamente la cuestión de Gibraltar y que han contribuido al resultado final de la decisión.
La primera de ellas infiere que el acuerdo entre la Unión Europea y Reino Unido sobre la colonia de Gibraltar aún no se ha cerrado después del Brexit y se desconoce su contenido. Por tanto, alegan, no se puede excluir a Gibraltar de la lista gris cuando el acuerdo UE - Reino Unido sobre Gibraltar se está negociando con absoluta opacidad y aún no se conocen las medidas que incluirá para luchar contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
La segunda de las enmiendas incide en que esa clarificación resulta tanto más necesaria cuando son de sobra conocidas las facilidades financieras y tributarias que Gibraltar concede a sus residentes. El Acuerdo entre la UE y el Reino Unido no sólo es importante por sus efectos socioeconómicos, sino también para garantizar la estabilidad y buena gobernanza de una puerta exterior crucial y vulnerable de la Unión Europea con un tercer país. Todos los grupos parlamentarios, excepto el Socialista y Los Verdes, mostraron su apoyo a ambas enmiendas, lo que ha permitido su aprobación abrumadora por el Parlamento Europeo.
La tercera enmienda de los populares recalca que la colonia ocupa el tercer lugar mundial de PIB per cápita, a pesar de tener una población no superior a 32 000 habitantes y su contrastable falta de recursos naturales. Su situación privilegiada, continúa, está basada en que no existen impuestos sobre el valor añadido ni impuestos sobre el alcohol, tabaco y derivados del petróleo, en que las tasas sobre juegos de azar online son tan bajas que el Peñón llegó a absorber la cuarta parte del mercado mundial, y en que no pagan impuesto de sociedades las ganancias derivadas de actividades realizadas fuera de su territorio.
Por su parte, la cuarta y última enmienda considera que entre las prioridades que defiende la Unión Europea debe tener un lugar destacado la lucha contra el fraude fiscal y los paraísos fiscales, así como impedir el uso del sistema financiero con el fin de blanqueo de capitales. Redunda, igualmente, en el especial interés de la Unión Europea en aplicar fielmente su legislación, incluyendo ámbitos como fiscalidad, justicia, asuntos internos, pesca y aviación. Estas dos enmiendas y la resolución contaron con el apoyo mayoritario de los grupos de la Cámara, con 490 votos a favor, 64 en contra y 56 abstenciones.
El artículo 9 de la directiva antiblanqueo establece que deben identificarse los terceros países que tienen «deficiencias estratégicas en sus sistemas nacionales de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo».
Cabe recordar que desde 1960 Gibraltar está listado por la ONU como un territorio pendiente de descolonización y que es ampliamente reconocido como territorio con un régimen fiscal favorable y una regulación financiera que ha suscitado preocupaciones por su uso para actividades financieras ilícitas
