Este mediodía los parlamentarios UDI, senadora Luz Ebensperger y diputado Jorge Alessandri, junto al alcalde de La Florida del mismo partido, Rodolfo Carter, presentarán un proyecto de amnistía a las Fuerzas de Orden y Seguridad en el contexto del estallido social. Con esta acción, estos parlamentarios corren aún más el cerco en el intento por rescribir la historia respecto a lo que ocurrió desde la tarde del 18 de octubre de 2019, con un modus operandi que, al menos en esto, se asemeja al de la dictadura militar, que trató de esconder y dar impunidad a sus crímenes con la dictación, también, de una ley de Amnistía.
A casi cinco años de la respuesta represiva de las policías a las movilizaciones sociales, asunto que está acreditado por varios informes nacionales e internacionales, es decir, respecto a lo cual no se puede tapar el sol con un dedo, las víctimas aún no consiguen una reparación integral. Por otra parte, la reforma estructural a Carabineros, comprometida por la candidatura de Gabriel Boric, no ha tenido ningún avance, todo lo cual termina por constituir un cuadro de impunidad generalizada.
Según señalaba Amnistía Internacional con motivo del último aniversario del Estallido, a octubre del año pasado tan solo el 0,2% de víctimas de violaciones a los derechos humanos, de las 10.568 denuncias presentadas, había conseguido justicia. Solo 27 condenas. Además, existe una cuenta regresiva respecto a la prescripción de casos relacionados con la represión policial, pues lo que implica es que una parte importante de los casos no se podrá seguir investigando al cumplirse cinco años desde los hechos.
Todo esto ocurre mientras se acuñó y expandió el concepto de “octubrismo”, deliberadamente impreciso pero que cundió muy rápidamente en la política y los medios de comunicación, con el cual se ha querido invisibilizar el contenido de las demandas sociales, todas de largo arrastre y que no han tenido ninguna solución consistente, como se puede ver en la agenda parlamentaria del presente: siguen estancados los anhelos de poder avanzar hacia un sistema previsional más digno, de resolver las desigualdades en salud, las diferencias en educación, todo lo cual va en directo detrimento de la calidad de vida de los habitantes de nuestro territorio.
En paralelo, la evolución de la situación de seguridad pública ha llevado a una suerte de chantaje, en el cual se hace exigible en el debate público un apoyo incondicional a las policías, pues se subentiende en caso contrario que quien no lo haga, sea dirigente político o periodista, apoya a la delincuencia. La realidad es al revés: mientras más se complejiza la situación de la seguridad pública, más se hace necesaria una reforma a las instituciones policiales, ambas además en crisis por los cuestionamientos a sus máximas autoridades actuales o recientes.
En vez del proyecto de ley en favor de la impunidad de la senadora Ebensperger, el diputado Alessandri y el alcalde Carter, sería preferible que hubiera disposición, al fin, para que el sistema político discuta las demandas y problemas sociales pendientes. Y que hubiera apertura en ayudar de verdad a las policías no siendo acríticas con ellas, sino reformándolas para hacerlas más fuertes. Pero en ambos temas, lamentablemente, parece prevalecer la negación.
