El autor es Médico especialista, analista en temas de salud y extitular de la Unidad de Atención Médica del IMSS.
En el debate sobre la salud en México, recientemente se ha estado utilizado una narrativa que describe el sector público como “desastroso, maltratado, y desatendido”. Algunos líderes de opinión critican la gestión actual, usando datos del Quinto Informe de Gobierno para argumentar un declive en la salud pública.
Específicamente, señalan una supuesta manipulación de datos para favorecer la imagen del gobierno en turno, presentando un “análisis” de indicadores que han tenido malos resultados. (Ciro-Murayama El Financiero 17/04/2024), (Rolando Cordera La Jornada 21/04/2024). Sin embargo, es fundamental analizar los datos con objetividad, especialmente en tiempos electorales, donde las percepciones pueden estar sesgadas por intereses políticos.
Murayama sostiene que “el gobierno pretende, con fines electorales, generar una percepción de logros que, en realidad, son inexistentes”. Sustentando en 20 puntos en los que habla de indicadores de salud tomados del anexo estadístico del Informe de Gobierno del 2023 y retomados por Cordera en su artículo de opinión. En todos sus puntos, “evidencian” una disminución en los indicadores al comparar el 2018 con los resultados del año pasado y en algunos casos hasta con el 2022.
El análisis del exconsejero del INE pasa por alto el desfase del tiempo que existe en los indicadores de salud al momento de realizar algún informe o documento oficial. Así tenemos que los informes que se presentan en un año específico corresponden al año inmediato anterior (en el mejor de los casos), sobre todo cuando se trata de indicadores nacionales que se recopilan de diferentes fuentes.
El Quinto Informe de Gobierno presenta datos que corresponden al año 2022 y así viene establecido y aclarado en los pies de nota de las tablas presentadas en dicho informe: “Los datos del 2022 son preliminares y las cifras del 2023 son estimaciones”.
El columnista omite analizar que durante 2019-2021 vivimos una pandemia de enormes dimensiones que obligó a una reconfiguración sustancial del sistema de salud para atender la emergencia sanitaria. Se tuvieron que suspender consultas generales, de especialidad, cirugías, hospitalizaciones no COVID, etc. y destinar las camas hospitalarias para atender a los pacientes con afección por el virus del COVID-19. De allí que los indicadores de salud para el año 2022 invariablemente van a estar a la baja al compararlos con los prepandémicos.
También, de manera sesgada se publican únicamente los indicadores que han tenido una evolución no satisfactoria, pero se omite opinar de manera equilibrada sobre los indicadores que están en el Quinto Informe y que hablan de logros en esta administración, como los incrementos en la infraestructura hospitalaria, el número de profesionales de la salud y mejoras en indicadores clave como la mortalidad infantil y el manejo de enfermedades crónicas, entre muchos otros.
Contrariamente, Murayama reporta un incremento del 59% de la muerte materna, cuando el informe de gobierno (pág. 402) indica una disminución del 11%, al pasar de 34.6% en 2018 a 30.9% en 2023.
Ante la afirmación de que “este gobierno acabó con mil unidades médicas”, se debe entender que la actualización anual de la Clave Única de Establecimientos de Salud (CLUES) involucra ajustar registros duplicados o inactivos, y no indica un cierre real de instalaciones. Es esencial discernir entre la actualización administrativa y la eliminación física de recursos.
Manipular la información para ajustarla a narrativas políticas que hacen apología de la derecha, buscando dañar el proyecto de transformación de la Dra. Claudia Sheinbaum, no hace justicia a los esfuerzos realizados ni a los desafíos reales que enfrenta nuestro sistema de salud. Es crucial que en la discusión de temas tan vitales como la salud pública, las cifras se manejen con precisión y sin sesgos que puedan distorsionar la realidad.
