El entonces asesor externo afirma que en la mesa de contratación "nunca nadie" puso incidencias
MADRID, 23 (EUROPA PRESS)
El que fue director del área de Seguridad de Campus de la Justicia, Andrés Gómez Gordo, ha declarado este martes que en los contratos que valoró, siempre miró por el buen uso del dinero público. "Lo trataba como si fuera mi casa", ha sostenido.
Gómez Gordo ha sido el último de los seis acusados en declarar, en el marco del juicio que se sigue en la Audiencia Nacional por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos por parte de la sociedad pública, creada en 2005 por la Comunidad de Madrid para construir un complejo de 14 edificios que reuniera en un mismo lugar las sedes judiciales regionales.
La Fiscalía pide 8 años de cárcel para el exconsejero madrileño Prada por presuntos delitos continuados de prevaricación y malversación y 6 años para los otros cinco acusados, que formaban parte del equipo directivo: Isabelino Baños (director general técnico), Mariano José Sanz (subdirector general técnico), Alicio de las Heras (director financiero), Félix García de Castro (letrado asesor externo) y el propio Gómez Gordo.
Gómez Gordo ha precisado que no planteó ningún contrato, sino que le vinieron dados, puesto que entró en la empresa en 2007. En su caso, se limitó a valorar las ofertas para varios concursos relacionados con la seguridad del complejo y apostó "siempre por el menor precio posible, para ahorrar lo máximo posible."
"Trataba el dinero público como si fuera mi casa, para ahorrar lo máximo posible y no gastar lo innecesario", ha trasladado, antes de mostrarse "convencido" de que actuó correctamente y ajustándose "a la más absoluta legalidad".
Ha indicado que los trabajos se ejecutaron y ha negado que recibiera alguna indicación de Prada, presidente de la sociedad pública, para beneficiar a empresas en los procesos de contratación. Asimismo, ha señalado que "jamás" sobrepasó el límite que le pusieron.
Gómez Gordo ha mencionado que llegó a Campus de la Justicia en el momento "más álgido", cuando era "el proyecto estrella" de la Comunidad de Madrid y "las prisas por contratar servicios de seguridad eran muchísimas".
"NADA ME LLAMÓ LA ATENCIÓN"
Antes ha sido el turno de Alicio de las Heras, que según la Fiscalía era el director financiero, pero que al empezar a declarar ha desmentido que ocupara ese puesto y ha matizado que fue contratado como jefe de oficina.
"Yo nunca he realizado funciones ni financieras ni directivas, ni he tomado decisiones estratégicas dentro de la sociedad, como pueden ser contrataciones, ampliaciones de capital, venta de inmuebles o inyecciones de fondos", ha relatado.
De las Heras ha indicado que fue el primer empleado y que una de las primeras funciones que le encomendó Prada fue buscar una oficina para que se pudiera desarrollar la actividad de la empresa.
Según ha contado, entre sus funciones estaba tramitar y contabilizar las facturas, hacer las declaraciones de impuestos o preparar las nóminas, pero "nunca" se encargó de contratar a personal.
"No tuve ningún poder en la sociedad, ninguno", ha remarcado, para descartar también que operara con las cuentas bancarias. "La única persona era el señor Prada como presidente", ha indicado al respecto.
De las Heras, que participó en la mesa de contratación, ha expresado que todos los servicios "fueron totalmente prestados" y que no conocía a ningún proveedor. "Y nunca hubo nada que me llamara la atención, aunque no fuera mi obligación, pero he de decir que no lo hubo", ha añadido.
EL ASESOR EXTERNO
Por su parte, Félix García de Castro, asesor jurídico externo de Campus de la Justicia y secretario de la mesa de contratación, ha subrayado que si hubiera habido "la más mínima tacha de ilegalidad" en la adjudicación de contratos, los secretarios generales técnicos tendrían que haber parado el procedimiento.
El acusado ha señalado que la documentación sobre los contratos estaba presente siempre para todos los miembros de la mesa y su desarrollo era normal: "Se iba leyendo el informe, había gente que tenía dudas, preguntaban, se resolvían y luego se votaba. Además, se votaron todas por unanimidad, nunca hubo nadie que pusiera alguna incidencia".
García de Castro, que ha remarcado que nunca ocupó un puesto directivo, ha rechazado que tuviera contacto o relación profesional con alguna de las empresas que contrató con Campus de la Justicia ni poder para efectuar contrataciones o disponer de fondos.
El proyecto finalmente resultó fallido, dado que no se terminó de construir y quedó abandonado, habiéndose gastado 355 millones de euros. Según el primer juez instructor, Prada y los demás acusados se pusieron de acuerdo con distintas personas y mercantiles para adjudicarles de manera irregular distintos contratos, corrompiendo así el procedimiento de adjudicación.
