El Gobierno ha decidido «corregir algunas lagunas» de la regulación actual con el fin de reforzar la protección de la infancia. Se trata de impedir que se den situaciones que puedan llevar a que personas con antecedentes por agresiones sexuales acaben trabajando cerca de menores. Estos agujeros afectan a los certificados de antecedentes que se exigen a quienes trabajan con menores. A partir de ahora, los empleadores podrán pedir certificados negativos de manera periódica. Los controles también se refuerzan para los ciudadanos europeos que trabajen en España y que deberán justificar que no sólo no tienen antecedentes aquí, sino tampoco en su país de origen. Por último, el Registro Central de Delincuentes Sexuales amplía su denominación para incluir a los condenados por trata de seres humanos, con independencia de la víctima y la finalidad de la misma. Los certificados podrán ser solicitados digitalmente por los empleadores con el consentimiento del trabajador.
