Controversia generó la decisión del Ministerio de Justicia de instruir a Gendarmería para que informe periódicamente a los tribunales y a la Fiscalía sobre la situación carcelaria.
La determinación fue explicada por el titular de la cartera, Luis Cordero, quien apuntó a la necesidad de que los miembros del Poder Judicial conozcan datos como el número de internos, capacidad y condiciones de las distintas cárceles del país. Esto, sin que la información necesariamente influyan en la decisión de los jueces de decretar medidas cautelares como la prisión preventiva.
“Es simplemente un tema de información, por una razón relativamente simple: el número de personas privadas de libertad en el país ha aumentado en los últimos 24 meses cerca de aproximadamente un 40%”, dijo el secretario de Estado.
“Yo de esto vengo hablando hace un año y ayer (lunes) yo hice una exposición en la Comisión de Derechos Humanos del Senado, donde dije que este era uno de los temas de derechos humanos, combinados con seguridad, más complejos que tiene que enfrentar al país. Chile mantiene su número de plazas desde hace aproximadamente una década”, añadió el ministro.
Sin embargo, la posición expresada por el Gobierno fue cuestionada por las asociaciones de fiscales y magistrados, desde donde recalcaron que el único elemento que deben considerar los jueces al momento de decretar una medida cautelar como la prisión preventiva, “son los criterios que la propia ley nos señala”, aseguró el presidente de la Asociación de Fiscales, Francisco Bravo.
En la Cámara de Diputados también hubieron críticas. El presidente de la Comisión de Seguridad, Andrés Longton, acusó que la instrucción del Ministerio de Justicia a Gendarmería “es un absoluto despropósito”.
“Es no solamente exceder sus atribuciones y atentar contra la independencia del Poder Judicial y la autonomía del Ministerio Público, sino que además desproteger a los chilenos que están absolutamente cansados de la delincuencia, al hacerle pagar los costos de la sobrepoblación penal y hacerlos convivir con personas que son un peligro para la sociedad”, acusó.
La Comisión de Seguridad, justamente, ofició al Ministerio de Justicia por el tema e invitó a Luis Cordero a la instancia. Se trató de una decisión apoyada por la diputada oficialista e integrante de la comisión, Lorena Fries, quien de todas maneras enfatizó en que la entrega de información a tribunales no es una inferencia en otro poder.
“Creo que siempre es importante que los jueces manejen esa información. Ahora, las decisiones no debieran hacerse en función de criterios político-judiciales, sino que en función de criterios jurídicos y ahí el problema es que la percepción de los jueces ha ido aumentando la prisión preventiva. Quizás sea momento de dar una discusión sobre el punto”, estimó.
En una línea similar a la de la parlamentaria Fries, el director territorial de la ONG Leasur, Mauricio Flores, calificó de adecuada la decisión del Ministerio de Justicia y destacó el hecho de que el Gobierno “está dándose cuenta de los conflictos y problemas que hay en Chile en temas carcelarios”.
Asimismo, planteó que la entrega de datos sobre la población carcelaria no necesariamente afectará la decisión de los funcionarios judiciales, “porque al final los jueces son personas que vienen con un sistema de enseñanza y academia bien completa que resguarda la independencia judicial como tal”.
“Al final, más que afectar la decisión de los jueces, entrega un conocimiento y actualización constante de cuál es la repercusión de sus decisiones. No es para que queden pensando: ‘Dejémoslos libres porque la cárcel se va a saturar’. Pero estar conscientes de que muchas veces se está sobre utilizando, por ejemplo, la prisión preventiva”, expresó.
Por su parte, el abogado y académico de la Universidad Diego Portales, Mauricio Duce, apuntó a la importancia de que no solo sean los jueces quienes reciban información sobre la situación en las cárceles, sino que también los parlamentarios.
“Si pensamos que el problema solo son las decisiones de fiscales o jueces, creo que no vamos a avanzar mucho, porque las decisiones de fiscales y jueces están fundamentalmente basadas en leyes, que han sido aprobadas por el Parlamento”, afirmó.
Duce recordó que durante los últimos años el Congreso “ha sido particularmente prolífico en materia de prisión preventiva y por cierto, muy prolífico en leyes que aumentan la penalidad. Entonces, que haya más gente en la cárcel, con penas más largas y más prisión preventiva, es, en primer lugar, una consecuencia de la definición político-criminal que ha hecho el Estado chileno”, opinó.
Asimismo, el académico bregó por ir más allá de los magistrados, porque “estamos viendo una parte muy parcial, tal vez no la central”. “Si no nos ponemos de acuerdo, el país, sobre la política criminal que tiene que haber detrás de esto y sobre una política pública que es la política penitenciaria, lo que podemos avanzar con los jueces es relativamente acotado o marginal”, insistió.
