El ministerio continúa el análisis de las propuestas del sector en el grupo de trabajo que ha creado al efecto
El Ministerio de Vivienda celebró ayer la segunda reunión con el grupo de trabajo con el que está estudiando las medidas para atajar el incremento de las viviendas para alquiler temporal. Aunque este tipo de contratos, regulados por la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), no se pueden destinar a vivienda habitual y permanente, pues deben ser para un tiempo y fines limitados, la realidad es que muchos caseros están recurriendo a ellos para eludir las restricciones que se han introducido al alquiler permanente con la Ley de Vivienda. Y ese es el motivo que ha llevado al ministerio a impulsar este grupo de análisis, cuyos participantes ya han empezado a poner encima de la mesa ideas con las que limitar estos alquileres.
Entre las medidas que se barajan para atajar la proliferación de los arrendamientos temporales están la limitación temporal a seis meses o un año. También se maneja la posibilidad de vincular la temporalidad a la causa de la misma y que ello se justifique adecuadamente a la hora de realizar el contrato. Es decir, que se justifique realmente la temporalidad y el domicilio habitual del inquilino, según explicaron desde las Cámaras de la Propiedad y Asociaciones de Propietarios Urbanos, presentes en la reunión ministerial.
El Sindicato de Propietarios y El Sindicat de Llogateres de Cataluña también propusieron un régimen sancionador para los que incumplan las obligaciones contractuales.
Entre los asistentes al encuentro, no todos se mostraron de acuerdo con intervenir este mercado. Los pequeños propietarios aseguraron que la intervención de los contratos temporales no va a ayudar a mejorar la situación del mercado del alquiler. "El contrato de vivienda temporal es necesario para salvaguardar la integridad del mercado de alquileres, y cualquier restricción afectaría negativamente a la integración de nuestras ciudades en la economía global", subrayaron.
A la segunda reunión del grupo acudieron el secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas; el director general de Vivienda y Suelo, Francisco Javier Martín; así como otros representantes del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa; del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes; Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y de la Secretaría General de Asuntos Económicos y G20 de Presidencia del Gobierno.
También representantes del Consejo de Colegios de Administradores de Fincas, del Consejo General de los Colegios de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, de la Asociación Española de Gestores Públicos de Vivienda y Suelo, de la Federación de Asociaciones de Empresas Inmobiliarias, de CC OO y UGT, de la CEOE, del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos, la Confederación de Cámaras de la Propiedad Urbana y las Asociaciones de Propietarios de Fincas Urbanas.
Desde que se aprobó la Ley de Vivienda, el alquiler de temporada sigue ganando posiciones en el mercado inmobiliario en detrimento del permanente. En el primer trimestre de 2024, el peso de este tipo de arrendamientos alcanzó el 11% del mercado después de que la oferta se haya disparado un 56% respecto al mismo periodo del año pasado, según los datos recopilados por la web inmobiliaria idealista. En sentido inverso, la oferta de alquileres permanentes se redujo un 15% en el mismo periodo.
Vivienda ha emplazado a una tercera reunión a los representantes del sector para decidir las conclusiones.
