Los sindicatos CCOO y UGT han detectado irregularidades, por importe de 22 millones de euros, en las propuestas presentadas por medio centenar de centros que aspiran a las ayudas de 2015 del Servicio Estatal de Empleo Publico (SEPE) para actividades formativas destinadas a menores de 30 años. Así se desprende de un informe elaborado por CCOO, con el dictamen jurídico de UGT, que afirma que de los 40 millones que contiene la convocatoria estatal de formación para jóvenes de este año, en más del 50 % (22 millones) se observan "subterfugios fraudulentos", como cursos con 149 docentes para 15 participantes, 33 cursos de idiomas individuales o uno de inglés que, sin embargo, suma 223 concurrentes.
A modo de ejemplo, los sindicatos han citado el caso de una empresa que va a formar a un único trabajador en dos comunidades que distan entre sí 600 kilómetros. La nueva Fundación Estatal para la Formación (antigua Tripartita), que lleva a cabo la evaluación técnica de los proyectos que después serán aprobados por el SEPE y que preside el secretario de Estado de Empleo, Juan Pablo Riesgo, ha dicho que el trabajo técnico de esta institución es "objetivo, automático e incuestionable".
Ha añadido que las propuestas se han evaluado conforme a los criterios establecidos en la convocatoria que se publicó en el BOE, "bajo los principios de concurrencia y transparencia", y que fue aprobada por la mayoría del patronato de la Fundación. No obstante, los sindicatos han recordado que, en su día, se opusieron a estos criterios y votaron en contra.
Aunque algunas de las irregularidades detectadas por los sindicatos no contravienen la ley, -es el caso de los cursos unipersonales, ya que la norma no establece un mínimo de participantes por acción formativa-, tanto CCOO como UGT entienden que hay anomalías que requieren una revisión de los expedientes.
Según el informe de los sindicatos, 11 expedientes que requieren ayudas públicas por valor de 4,2 millones de euros corresponden a siete centros que solicitan cursos de formación para un alumno o tres profesores para un curso de 600 horas con un único participante.
El resto de peticiones, más de medio centenar de diferentes centros y por valor de unos 18 millones, se refieren a cursos formativos para cinco alumnos o menos, proyectos con más docentes que participantes, alumnos con tres formadores o 149 tutores para una quincena de alumnos.
También abundan los proyectos dirigidos a varias comunidades autónomas, dado que la convocatoria puntúa que se cubran necesidades formativas en zonas que, de otra forma, tendrían una deficiente cobertura.
Por ello, y dado que la reciente reforma del modelo de formación reforzaba la transparencia y la capacidad sancionadora y creaba una Unidad Especial de Inspección para evitar el fraude de los cursos, UGT y CCOO han exigido la paralización de la convocatoria anual de los cursos para jóvenes. En caso de que el SEPE no atienda este requerimiento, ambos sindicatos han advertido de que iniciarán acciones legales.
La responsable de Formación de UGT, Teresa Muñoz, ha declarado que "la reforma del modelo de formación no garantiza para nada la ausencia de irregularidades, y esto lo confirman los resultados de la convocatoria estatal de jóvenes denunciada". Muñoz ha negado que las organizaciones sindicales estén enfadadas y que denuncien porque hayan dejado de ser "juez y parte" de los cursos de formación, y ha avisado que no permitirá que prosiga esta manipulación.
El responsable de Formación de CCOO, Javier López, ha insistido en que se revisen estas propuestas de aprobación antes de que se hagan oficiales.
López ha añadido que le consta que el secretario de Estado de Empleo ha planteado al SEPE y a la nueva Fundación Estatal para la Formación la posibilidad de que no saquen la convocatoria hasta que se verifiquen las irregularidades.
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