Los letrados de Congreso y Senado, que forman parte de un mismo cuerpo de funcionarios con mucho prestigio (es una de las carreras de más difícil acceso), han adquirido un gran protagonismo en los últimos meses por sus pronunciamientos sobre la amnistía, aunque sus informes no son vinculantes y eso ha permitido que el PSOE los haya desoído pese a que siempre se respetaban. En cambio, la palabra de los letrados sí va a ser vinculante en el pleito que se avecina entre el Congreso y el Senado ante el Tribunal Constitucional por la amnistía ya que tienen un papel trascendental en la defensa de cada uno de los órganos constitucionales que hay en liza. En este sentido, según ha podido saber LA RAZÓN, hay nervios e, incluso, algunos letrados del Congreso han amagado con presentar su renuncia en puestos clave para evitar quedar salpicados por la amnistía.
Tanto el Congreso como el Senado tienen a un grupo de letrados que van a llevar el peso de la defensa jurídica de cada órgano constitucional y, en la Cámara Baja en concreto, ha habido miembros del cuerpo que han amagado con apartarse de este pleito porque no comparten la amnistía y porque quieren evitar quedar arrollados por un escenario de desenlace imprevisible. Los letrados, como expertos en Derecho, no son nada ajenos al debate jurídico que hay en torno a la amnistía y la gran mayoría de ellos son conscientes de que es muy mayoritario el número de juristas, con prestigio, que se ha situado en contra de la medida de gracia. Los juristas que se han posicionado a favor de la amnistía son prácticamente testimoniales. Por tanto, la situación preocupa y mucho porque nadie, ni ningún funcionario, quiere abrasar su nombre y su trayectoria por la amnistía.
En este sentido, voces con gran reconocimiento y autoridad en el mundo jurídico ya se han pronunciado, con mayor o menor vehemencia: el magistrado emérito del Tribunal Constitucional Manuel Aragón es uno de los que mayor contundencia está mostrando y el pasado miércoles en una conferencia en el Instituto de España volvió a repetirlo, asegurando que la amnistía es el «mayor ataque» que va a recibir «nuestro Estado de derecho».
Hay letrados del Congreso que quieren evitar quedar señalados y, sobre todo, el pleito ante el Tribunal Constitucional pone a prueba al nuevo equipo que ha formado el secretario general Fernando Galindo, ya que, tras su llegada, la Cámara Baja sufrió muchas salidas hacia el Senado en puestos claves del organigrama. En este sentido, letradas de mucho peso y prestigio se fueron a la Cámara Alta y han dejado un vacío importante en el Congreso. De hecho, algunas de esas letradas han liderado la defensa del Congreso en pleitos importantes que han acabado con victoria en los últimos años, como el de 2018, cuando el Tribunal Constitucional falló a favor de la Cámara Baja por incomparecencias del Gobierno de Mariano Rajoy cuando estaba en funciones en 2016. Ese pleito se impulsó a iniciativa del PSOE y los letrados del Congreso se encargaron de llevar la defensa jurídica, venciendo al Ejecutivo ante un Tribunal Constitucional con una composición mayoritariamente conservadora.
Desde la entrada en vigor de la Constitución en 1978, nunca se había producido un choque entre Congreso y Senado, dos órganos constitucionales. En estos momentos, el Senado tiene que tramitar el requerimiento formal al Congreso para que retire la ley de amnistía y, a partir de ahí, la Cámara Baja tendrá un mes para responder: todo indica que, previsiblemente, se sustanciará en Pleno el 3 de abril (el 2 de abril se califica en la Mesa), por lo que el 3 de mayo, como máximo, el Senado pondrá en marcha el pleito. Lo más probable es que el Congreso no responda al requerimiento y, por tanto, que el Senado planteé conflicto ante el Tribunal Constitucional. A partir de ahí, el Tribunal de Garantías dará un mes de margen al Congreso para que pueda formular sus alegaciones.
El argumento que van a invocar en el Senado es que la amnistía es una reforma encubierta de la Constitución y, por tanto, el Congreso está invadiendo atribuciones que corresponden a la Cámara Alta. En el caso de una reforma constitucional, regulada en los artículos 166 a 169 de la Carta Magna, el Senado tiene capacidad para frenarla y tumbarla ya que tiene las mismas facultades que el Congreso. En cambio, ahora, tal y como se está tramitando la ley de amnistía, por el procedimiento legislativo, el Senado queda en una mera Cámara de «segunda lectura», sin capacidad para frenar la iniciativa legislativa.
La amnistía entró en el Senado el pasado 16 de marzo y ya se encuentra admitida a trámite: el PP, que tiene mayoría absoluta en la Cámara Alta, tiene capacidad ahora para marcar los tiempos, aunque, como muy tarde, el 16 de mayo deberá devolver la ley al Congreso, salvo que el Tribunal Constitucional tome alguna decisión que altere el calendario. El PP tiene capacidad para explorar vías sobre cómo frenarla, como con el planteamiento de un conflicto de atribuciones ante el Tribunal Constitucional.
