Los populares llevan una iniciativa que deberá votarse en el Pleno de la Cámara del 9 al 11 de abril sobre la financiación singular para Cataluña
El Govern de Pere Aragonès se ha descolgado esta semana con una propuesta de financiación singular para Cataluña que consiste en que la Generalitat recaude todos los impuestos (estiman que 52.000 millones de euros) y luego transfiera un "cupo" para pagar los servicios que el Estado presta en Cataluña y un fondo de solidaridad (equilibrio territorial). La propuesta de la Generalitat, como es lógico, ha generado un gran terremoto político porque el resto de autonomías se han ido posicionando en contra, mientras el PSOE ha evitado adoptar una posición clara por el momento: la propia María Jesús Montero ha eludido hablar claro sobre el tema y marcar una postura por temor a descontentar a Esquerra.
En todo caso, el PSOE tiene una oportunidad para posicionarse con claridad sobre el tema en el próximo Pleno del Congreso del 9-11 de abril ya que se debatirá y votará una iniciativa del PP que rechaza el "cupo catalán". En concreto, esa iniciativa tiene forma de moción (no es vinculante, pero sirve para ver cómo se posicionan los partidos en torno a temas importantes) e incluye un punto sobre el "cupo catalán": "Rechazar la propuesta de autonomía fiscal y financiera planteada por los independentistas, así como cualquier iniciativa que vaya en contra de los principios de solidaridad, lealtad institucional y colaboración entre comunidades autónomas, fundamento del modelo territorial diseñado en la Constitución Española".
Ese es uno de los cinco puntos de la moción y se deberá debatir y votar en el Pleno, por lo que ahí se podrá recoger cuál es la postura del PSOE. Los otros cuatro puntos de la moción, que también se votarán, también están vinculados con las relaciones del Gobierno con los independentistas: el primero solicita la retirada de la ley de amnistía; el segundo pide cumplir con el dictamen del Parlamento Europeo del pasado 19 de marzo sobre el modelo lingüístico en Cataluña; el tercero exige respetar las actuaciones judiciales relacionadas con el "procés"; y, el cuarto pide comparecencias del Gobierno para rendir cuentas sobre qué está negociando con los partidos independentistas dentro y fuera de España.
El temor del Gobierno a descontentar a Esquerra es lo que alimenta las posibilidades de que acabe cediendo ante una cuestión tan impopular en el resto de España porque el "cupo" (transferir un dinero en función de los servicios que presta el Estado en Cataluña) siempre puede acabar sobrebeneficiando a Cataluña: de hecho, los independentistas quieren aprobar el "cupo" sobre la base de la creencia de que los catalanes pagan más impuestos de los servicios que acaban recibiendo del Estado y cifran esa diferencia en 22.000 millones de euros, aunque hay cálculos que reducen esa cifra a menos de 1.000 millones de euros.
En todo caso, el planteamiento del "cupo catalán" propuesto por el Govern de Aragonès es muy parecido al concierto vasco y, sobre todo, es muy parecido al pacto fiscal que reclamaba Artur Mas a Mariano Rajoy en 2012 y acabó derivando en el "procés". Por tanto, doce años después, parece que el Govern y el Gobierno, con protagonistas totalmente distintos, vuelven al punto de partida.
