El OIJ y la PCD recibieron informes de la inteligencia norteamericana sobre las acciones de un grupo delictivo liderado, en apariencia, por Darwin González
Entre 2019 y 2020, la oficina de la Administración para el Control de Drogas (DEA) de los Estados Unidos envió cuatro informes a Costa Rica, alertando sobre una organización criminal que estaba enviando drogas a destinos como China, Hong Kong, Holanda, Reino Unido y Guatemala, desde nuestro país.
Esta información fue proporcionada por Cristian Montenegro, exjefe de la Sección contra el Crimen Organizado del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), durante el segundo día del juicio del caso conocido como “Pancho Villa”, en el que se están juzgando a 14 personas acusadas de narcotráfico, legitimación de capitales, procuración de impunidad y favorecimiento real.
Montenegro, quien fue el primer testigo convocado en el debate, señaló que desde 2018 la Policía Judicial había recibido información confidencial sobre las actividades delictivas del grupo, presuntamente liderado por Darwin González Hernández, lo que llevó a iniciar labores de vigilancia y seguimiento.
En este contexto, se unieron esfuerzos de las Secciones de Estupefacientes y Crimen Organizado del OIJ, así como de la Policía de Control de Drogas (PCD). Fueron estos equipos los que recibieron los informes de inteligencia provenientes de Estados Unidos.
Caso Pancho Villa: Grupo usó ¢800 millones del narco en vehículos y propiedades
“Esas informaciones (de la DEA) hablaban de la misma estructura en la que veníamos trabajando, por lo tanto hicimos una coordinación a nivel Costa Rica con compañeros destacados en la embajada (de Estados Unidos) para que, si una nueva información ingresaba referente a esa estructura criminal, la remitieran directamente a nosotros”, explicó el agente, quien tiene 24 años de experiencia en esta área.
Según la información proporcionada por los estadounidenses, en 2019 les informaron que González Hernández, junto con otros individuos identificados como Dixon, Ricardo e Iván, se establecían en la zona del Pacífico y se dedicaban al tráfico utilizando camiones. En 2020, les indicaron que la estructura liderada por González estaba vinculada a decomisos y exportaciones de sustancias psicotrópicas en países europeos, asiáticos y Guatemala. Además, en el informe del mismo año se mencionan incautaciones en Costa Rica.
“Dentro de esa última información, Darwin tenía dos investigaciones abiertas o dos acusaciones en Estados Unidos, propiamente por delito de legitimación de capitales y narcotráfico”, mencionó el funcionario judicial.
En relación con los informes de la DEA, el agente afirmó que estaban “avanzados y con fuertes elementos”. Durante los seguimientos a este grupo, el agente explicó que tuvieron acceso a videos de vigilancia donde se observaban vehículos, incluido un vehículo pesado, en una especie de caravana durante días específicos.
Gracias a estos análisis, las autoridades pudieron decomisar una tonelada de cocaína, que atribuyen al grupo criminal en cuestión. Al parecer, la ruta de la droga implicaba su ingreso por mar en Golfito y su posterior traslado a Orotina para su reexportación.
Durante la lectura de la acusación, el Ministerio Público afirmó que la banda destinó ¢800 millones para la adquisición de propiedades y vehículos con el fin de legitimar las ganancias derivadas, supuestamente, de actividades ilícitas como el narcotráfico.
Según la Fiscalía, los acusados utilizaron dicho dinero para comprar alrededor de 30 vehículos, incluyendo motocicletas, camionetas pick-up, automóviles livianos, embarcaciones e incluso maquinaria pesada. Además, se señaló que se realizaron traspasos de cinco propiedades en la zona sur del país. El órgano acusador afirma que esta práctica tenía como objetivo introducir ese dinero al sistema financiero para cometer el delito de blanqueo de capitales, lo que les habría permitido obtener ganancias de hasta ¢267 millones.
De acuerdo con la acusación, el líder de esta organización es Darwin González, conocido como “Pancho Villa”; mientras que los demás implicados responden a los apellidos: Estribí Angulo (quien era agente judicial), Concepción Quiel, Jiménez Araya (esposa de González), tres hermanos de ella con los mismos apellidos, Méndez Mora, Ramírez Zeledón, Santos Madrigal, Quirós Salazar, Chavarría Hernández (alcalde municipal de Corredores), Gómez Arroyo y Campos Jiménez.
