El comienzo del juicio contra Darwin González Hernández, conocido como Pancho Villa, y otras 13 personas por los supuestos delitos de tráfico de drogas y lavado de dinero sufrió un nuevo tropiezo este lunes, luego de que trascendiera la renuncia de la jueza Ana Patricia Mora a la Jurisdicción Especial de Delincuencia Organizada (JEDO).
Según detalló una integrante del tribunal a cargo del debate, Mora estuvo incapacitada hasta el pasado 15 de marzo y luego presentó su dimisión a la JEDO a partir de este 18 de marzo.
“Esa renuncia debe ser conocida por Corte Plena, y la coordinación de la administración debe establecer las pautas que se seguirán en cuanto a la integración que conocerá este juicio, porque es un juicio que durará ocho meses y hay ciertas reglas para el nombramiento de personas interinas o propietarias de esta jurisdicción”, expresó una de las juezas.
Luego trascendió que la vacante sería ocupada por la licenciada Mariana Alvarado. No obstante, la jurista declaró haber recibido un oficio donde se le indicaba no comenzar el juicio para aclarar lo relativo a su nombramiento, ya que este vencerá el 16 de junio y se prevé que el juicio del caso Pancho Villa termine entre setiembre y diciembre de este año.
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Celso Gamboa, defensor de González Hernández, declaró a los medios de comunicación que son contratiempos normales de una jurisdicción que está iniciando.
“La preocupación es que nos están trayendo jueces interinos. La jueza declaró que está nombrada hasta junio, pero este proceso está para setiembre, pero puede estar hasta diciembre (...). Todo ese tipo de circunstancias deben preverse antes de iniciar un juicio bajo la modalidad de delincuencia organizada”, señaló Gamboa.
De momento, el juicio se encuentra suspendido a la espera de la decisión de la Corte Plena.
El sonado caso Pancho Villa vincula a un grupo narcotraficante con funcionarios públicos de la zona sur. La Fiscalía señala a los 14 involucrados por los delitos de tráfico de drogas, lavado de dinero, el favorecimiento, legitimación de capitales, procuración de la impunidad y asociación ilícita.
González Hernández, un empresario relacionado con la palma aceitera, es considerado como el líder del grupo criminal que, entre diciembre del 2018 y abril del 2021, introdujo cocaína al país por Golfito, Puerto Jiménez y Zancudo.
De acuerdo con la investigación, la banda utilizaba una vagoneta para transportar una tonelada de esa sustancia cada dos meses, con la colaboración de dos agentes judiciales de apellidos Concepción Quiel y Campos Jiménez.
Otro de los imputados es el presidente municipal de Corredores, Bernabé Chavarría Hernández. Según la Fiscalía, el funcionario habría sido el responsable de coordinar reuniones con el líder de la banda y otras personas para establecer empresas que se utilizarían para legitimar las ganancias.
En tanto, Carlos Viales, alcalde de Corredores, es investigado por aparentemente haber construido un puente de vigas, valorado en ¢75 millones, con fondos públicos en una de las propiedades del presunto líder narco.
Este no es el primer atraso que sufre este caso. El 4 de marzo anterior estaba pactado que comenzara el juicio, pero ese día Celso Gamboa presentó una recusación para que los jueces Anayancie Umaña y Mauricio Jiménez fueran apartados del debate, bajo el alegato de que en la etapa preliminar conocieron asuntos de fondo cuando no les correspondía y que, por eso, “habían perdido su imparcialidad”.
Ese mismo día, la entonces jueza Ana Patricia Mora, y Ligia Lacayo declararon sin lugar la solicitud de Gamboa y explicaron que la misma no cumplió con los requisitos para que un juez tenga que excusarse, señalando que en la audiencia preliminar solo se discutieron aspectos procesales.
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Tres días después, Esteban Chavarría, representante del Ministerio Público, presentó una actividad procesal defectuosa y pidió que otro tribunal fuera quien tomara la decisión sobre si Umaña y Jiménez debían ser apartados del juicio.
No obstante, Mariela Villalobos, Mercedes Jiménez y Christian Espinoza, quienes conformaron el otro tribunal, señalaron que “no existía ningún tipo de situación que comprometiera la imparcialidad desde el punto de vista subjetivo de las personas que han sido recusadas”.
