La Fiscalía ha pedido 45 años de cárcel y casi 260.000 euros en indemnizaciones para el hombre acusado de la brutal violación de una menor de 16 años la madrugada del 1 de noviembre de 2021, cuando salía de una discoteca en Igualada (Barcelona).
En su escrito de acusación, el ministerio público atribuye al presunto violador, Brian Raimundo C., de 24 años, los delitos de asesinato en grado de tentativa y agresión sexual y pide que se le impongan otros diez años de libertad vigilada cuando salga de prisión, informa EFE.
La brutal violación ocurrió la noche de Halloween de 2021, cuando la menor, que ingresó en la UCI en estado crítico a raíz de la agresión, se dirigía sola y a pie hacia la estación de tren para ir a su casa, en Vilanova i la Geltrú (Barcelona), tras estar de fiesta con unas amigas en la discoteca Epic de Igualada.
Según sostiene la Fiscalía en su escrito de acusación, el procesado siguió a la joven por las calles de Igualada y la atacó "de forma sorpresiva", tras lo que se la llevó a una zona "solitaria y huérfana de testigos, poco iluminada y sin cámaras", para agredirla sexualmente.
A lo largo de 20 minutos, añade el ministerio público, el procesado golpeó a la chica en varias partes del cuerpo, mientras la sujetaba con fuerza, y la penetró "de manera brutal", incluso con objetos, demostrando así su "absoluto desprecio a su condición de mujer".
Tras la violación, el procesado propinó a la víctima un "fuerte golpe en la cabeza con un objeto contundente", la dejó abandonada en el suelo y huyó del lugar.
A consecuencia de la agresión, la menor sufrió un traumatismo craneoencefálico y una ruptura craneal, además de otras lesiones por todo el cuerpo, por lo que tuvo que estar ingresada durante tres días en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y casi un año hospitalizada.
Según el ministerio público, la joven arrastra como secuelas un "estrés postraumático grave y desestabilización personal", puesto que las lesiones causadas, en la mayoría de casos "mortales de necesidad", pusieron su vida en peligro.
Por ese motivo, la Fiscalía plantea que el procesado pague casi 160.000 euros en indemnizaciones a la víctima por las secuelas físicas y psíquicas provocadas y otros 100.000 por los daños morales que le causó la violación.
Dada la "extrema gravedad" de la agresión cometida, la acusación pública solicita que se acuerde la ejecución de la condena íntegra impuesta al procesado, y que, en todo caso, cuando acceda al tercer grado o a la libertad condicional se le sustituya la pena que le quede por su expulsión de España.
También propone que, una vez salga de prisión, se inhabilite al procesado para ejercer cualquier oficio en el que pueda tener trato con menores y que se le prohíba acercarse y comunicarse con la víctima por un período de diez años una vez cumplida la pena de cárcel.
