La Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) presentará dos denuncias, por la vía penal y por la administrativa, contra la filtración de datos que se produjo el pasado jueves en el comunicado que emitió la Fiscalía Provincial de Madrid. En la nota de prensa, enviada a numerosos medios, se daba cuenta de las negociaciones para un posible acuerdo de conformidad que no se concretó entre el abogado defensor del empresario Alberto González y el Ministerio Público, detallando fechas y contenidos. González es la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
El objetivo de estas acciones en los tribunales es depurar responsabilidades y lograr la identificación completa de los autores finales de la filtración que se produjo con motivo del comunicado que emitió la Fiscalía, de manera que se puedan desarrollar las labores de instrucción necesarias.
Para el decano del ICAM, Eugenio Ribón, los hechos revisten una enorme gravedad y así lo ha refrendado la Junta de Gobierno que se reunió hace solo unas horas para abordar este asunto, que afecta al deber de sigilo que debe cumplir el Ministerio Fiscal y supone una vulneración del secreto profesional que ampara a la actividad de los letrados en el ejercicio de su profesión.
"La Fiscalía ha vulnerado su propia normativa”, sentenció el decano en una declaración pública ante la prensa en la que destacó que la publicación de conversaciones y de las reuniones entre ambas partes vulnera el derecho de defensa.
Fuentes de la Fiscalía General del Estado comentaron el pasado viernes a LA RAZÓN que el contenido del comunicado no revestía la gravedad que se acusaba porque no indicaba nada nuevo fuera de lo que ya habían filtrado los medios de comunicación, unos emails tanto del abogado defensor del novio de Ayuso como de la propia Fiscalía.
Sin embargo, la Abogacía de Madrid ha distinguido entre un hecho y otro. Mientras Ribón reconoció que "cualquier tipo de filtración es indeseable", admitió que no le compete comentar ni pronunciarse sobre filtraciones efectuadas en el marco del trabajo periodístico. Sin embargo, sí era competencia del Colegio hacerlo respecto de un comunicado con carácter oficial que remitió la Fiscalía provincial de Madrid en el que daba cuenta de fechas y propuestas planteadas tanto por el abogado defensor como por el propio Ministerio Fiscal. Algo "inédito", subrayó, y nunca antes visto.
Ribón aseguró que no ha recibido ninguna comunicación por parte del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que sí envió una carta dirigida a la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega.
En ella defendía que "se ha salvaguardado" la reserva en el caso de Alberto González, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que está siendo investigado por supuestos delitos fiscales y por unas facturas que Hacienda considera falsas. En ella sostiene que no es correcto afirmar que la voluntad de la Fiscalía sea interferir en las "sagradas relaciones abogado-cliente y, más aún, revelar el contenido de una oferta de negociación de un letrado al Ministerio Fiscal".
En el contenido, sostiene que el comunicado solo abordó aspectos que ya se conocían por haber sido revelados previamente por los medios de comunicación y que esto se hizo con el fin de defender la actuación de los fiscales. Según el decano, esta carta no llegó al ICAM y aseguró haber comprobado justo antes de su comparecencia si había recibido algún email u otra comunicación por parte de la Fiscalía General del Estado.
