El responsable de Área Económica y Financiera de Gesturcal entre los años 2006 y 2008, Pascual Alfonso Pérez, ha apuntado este lunes que determinadas obras realizadas en el Edificio de Soluciones Empresariales en Arroyo de la Encomienda (Valladolid), más conocido como 'La Perla Negra' , suscitaron «problemas» en el seno de dicha sociedad porque no habían sido encargadas ni ejecutadas por ella sino por la Agencia de Inversiones ADE. En la octava jornada del juicio que se sigue en la Audiencia de Valladolid por delitos de prevaricación, malversación, revelación de secretos y tráfico de influencia contra doce encausados , entre exaltos cargos de la Junta y empresarios, el citado testigo, este lunes en el área de Intervención de la Administración regional pero en la época investigada responsable de contabilizar las facturas en Gesturca l, ha hecho referencia a los «problemas» con el pago de algunas facturas por obras encargadas por la Agencia de Inversiones ADE. En concreto, el testigo se refería a una por importe de 380.554 euros por trabajos de telecomunicaciones y datos en 'La Perla' y a una segunda de casi 243.000 euros por el acondicionamiento del edificio norte. «Al no haber sido encargadas ni ejecutadas por Gesturcal, no estábamos facultados para hace nada con ellas y se decidió buscar una solución pasando los acuerdos de esas obras por el Consejo de Administración de la sociedad« , ha indicado Pascual Alfonso Pérez, al igual de lo que se hizo con una tercera factura posterior de 1.884.000 euros por trabajos de modificación en el interior del edificio. Noticia Relacionada estandar No Herrera tomó contacto con la 'Perla Negra' por una «confidencia» M. Gajate El expresidente de la Junta asegura que él se «informó» a través de Tomás Villanueva y confió en el Consejo de Administración de la empresa pública que gestionó la operación. Los «errores» los achaca a prescindir de este órgano En el caso de esta última, el responsable económico de Gesturcal ha precisado que tuvo que desplazarse a la Consejería de Economía y Empleo para recoger un documento con la firma del entonces secretario genera l de dicho departamento, el encausado Rafael Delgado, que validó la operación para que pasara por el Consejo de Administración de Gesturcal, informa Ep. A lo largo de su testimonio, Pascual Alfonso Pérez también ha matizado que durante la época en la que él estuvo al frente del Área Económico y Financiera, Gesturcal no recibió ayudas de los presupuestos de la Junta y que en la etapa «pre-fusión», en referencia a la previa a su fusión con ADE Parques, la sociedad «no contabilizó pérdidas». Deuda pública Por su parte, Fernando Vallelado, tesorero general de la Consejería de Hacienda , a diferencia de lo que en otra sesión señaló la entonces consejera de este departamento, Pilar del Olmo , quien indicó que no tenía sentido controlar Gesturcal porque sus operaciones no se contabilizaban como endeudamiento de la Junta, sí considera que la deuda contraída con la compra de 'La Perla' en 2009 y la adquisición de terrenos en Portillo en 2010 computaba como deuda pública. Vallelado ha explicado que recibieron autorizaciones para las dos operaciones y que Tesorería General se limitó a dar el visto bueno, «sin entrar en la oportunidad o no de ambas ni en el fondo», ya que, como así ha matizado, su cometido se limitaba a velar por que la Junta de Castilla y León respetara el correspondiente nivel de endeudamieto. También ha comparecido como testigo, abriendo la jornada, el exdirector gerente de Gesturcal en 2011, Mariano Gredilla, quien, a preguntas únicamente del letrado de la exviceconsejera de Economía y con cargos en ADE y Gesturcal, la encausada Begoña Hernández, ha relatado por espacio de poco más de cinco minutos que la crisis de la época, a raíz de la quiebra de Lehman Brothers en 2008 por la burbuja inmobiliaria, obligó a la Junta a tomar medidas para lograr ahorros de todo tipo. Noticia Relacionada estandar No El estudio de arquitectos de la 'Perla' confirma que conoció el proyecto y tuvo el pliego antes de ser público M. Gajate Unifica reconoce que no hubo un «concurso típico» para la ordenación del interior del edificio y que se lo «adjudicaron» tras presentar su «oferta» Entres esas medidas, el a su vez exdelegado de la Junta, exviceconsejero de Empleo y Diálogo Social y hoy gerente de la Universidad de Valladolid ha citado la rebaja de salario a los funcionarios y la revisión de los contratos de alquiler de sedes administrativas, la cancelación de algunos y el traslado de su personal al edificio de Arroyo en cuyo proceso de alquiler ha apuntado que participó «directamente». Por su parte, Francisco Rabadán, a quien se encomendó realizar auditorías de las cuentas de Gesturcal en 2006, que incluía el alquiler de 'La Perla', así como las de 2007 y 2008, aprobadas sin reparo alguno, ha explicado por videoconferencia que su trabajo consistió en examinar la documentación recibida bajo la normativa mercantil, «como si se tratara de cualquier sociedad anónima», sin que el testigo aportara muchos más detalles debido a que, como así ha justificado, «han pasado ya dieciséis o dieciocho años desde entonces». Hasta el 1 de abril En la misma línea se ha manifestado el auditor Daniel Fraga Romero, a quien se encomendó revisar la cuentas de la sociedad entre los años 2009 y 2011, sin que en ninguno de los ejercicios se realizara reparo alguno porque, como así se imagina, «en su globalidad respetaban las normas contables». El juicio no se reanudará hasta el próximo día 1 de abril , a partir de las 09.30 horas. El proceso judicial investiga la compra de 'La Perla' y el fallido polígono industrial de Portillo , operaciones que, según las acusaciones, fueron propiciadas desde la cúpula de la Consejería de Economía y Empleo con el propósito de beneficiar a determinadas mercantiles (especialmente Urban Proyecta PM3 y Parque Empresarial de Portillo) a través de sociedades de participación pública de la Junta, Gesturcal SA y a partir del año 2008 ADE Parques Tecnológicos de Castilla y León S.A. Las peticiones de cárcel oscilan entre los 79 años en su conjunto que pide Fiscalía para los doce imputados, los 221 interesados por el Partido Socialista de Castilla y León, como acusación popular, y los 20 que globalmente pide la Junta, como acusación particular, para ocho de los encausados.
