Ofensiva judicial de los seis agentes de los Mossos d'Esquadra , expulsados del Cuerpo tras aceptar un año de cárcel por la agresión racista a un joven negro, en 2019 en Manresa (Barcelona). Un acuerdo de conformidad que también incluía seis meses de inhabilitación y por el que el Departamento de Interior había anunciado que, una vez la sentencia fuese firme, echaría a los funcionarios. Fue el pasado enero cuando la entidad SOS Racisme denunció que el Govern no había formalizado aún el cese de los policías e Interior explicó que, una vez notificado el fallo, la Dirección General de la Policía procedería «a su inmediato cumplimiento» con «la expulsión de los agentes». Ahora, el sindicato Uspac, pese a que no ejerció la defensa de los mossos, recurre dicha decisión, al considerar que haber aceptado una inhabilitación especial de seis meses no debe comportar de manera automática que se les aparte del Cuerpo. En caso de no recurrir, apuntan desde la organización, la decisión supondría quedar apartados de manera definitiva de la Policía catalana. Apunta así Uspac que los funcionarios implicados han tenido en todo momento en contra a la División de Asuntos Internos (DAI) del Cuerpo y que han estado «desamparados» por la Administración. El incidente por el que los seis policías aceptaron un año de cárcel se produjo en enero de 2019, cuando un joven de entonces 21 años, Wubi, grabó con su móvil como los funcionarios lo insultan y vejan. «¡Por favor, dejadme en paz, soy humano como vosotros!» , implora en los audios, que avanzó el semanario 'La Directa'. «¡Tú eres un mono!» , le replicó uno de los policías. «¡Negro de mierda, hijo de la gran puta!» , volvieron a insultarlo. Ante el tribunal de la Audiencia de Barcelona, los policías admitieron haber cometido un delito de atentado grave contra la integridad moral -cinco de ellos, con el agravante de racismo- y otro leve de lesiones, y aceptaron así un año de prisión, que no cumplirán, a expensas de no reincidir y de someterse a un curso de reeducación social. También seis meses de inhabilitación para ejercer como agentes de la autoridad. Esta última pena es la que permite que la Consejería pueda expulsarlos. En un futuro, podrían pedir su readmisión, aunque es el Departamento el que debe decidir si la admite.
