El gobierno asignará contratos de obras por $161 millones (más de ¢80.000 millones) sin que la Contraloría General de la República (CGR) pueda revisar la legalidad de las escogencias. Las empresas que consideren injustas las adjudicaciones no tendrán derecho a presentar recursos de apelación.
Un total de 203 proyectos seguirán el mismo proceso que permitió confeccionar un aparente contrato a la medida de Constructora MECO, para la reparación de la pista de aterrizaje del aeropuerto internacional Daniel Oduber, en Liberia, Guanacaste, sin que el competidor Consorcio Pedregal pudiese apelar la adjudicación. Los cuestionamientos alrededor de este contrato motivaron el despido del ministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador.
Los $161 millones que se asignarán por esa misma vía son parte del préstamo de $700 millones del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), que la Asamblea Legislativa aprobó para reconstruir infraestructura pública dañada o en riesgo inminente, a solicitud del Poder Ejecutivo.
De acuerdo con la ley del Programa de Emergencia para la Reconstrucción Integral y Resiliente de Infraestructura (Proeri), un total de 203 obras están incluidas en decretos de emergencia y, por tanto, su contratación le corresponde a la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) con la participación de instituciones como el Ministerios de Educación Pública (MEP) y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).
Se trata de escuelas, puentes, sistemas de agua y contención de cauces, entre otras. Esta parte representa el 23% del préstamo.
La Contraloría indicó a La Nación que estos proyectos están cobijados por la Ley Nacional de Emergencias y, por lo tanto, están amparados por mecanismos de excepción previstos en la Ley General de Contratación Pública (LGP). Por esta razón, en las contrataciones no se aplican controles previos de parte de la CGR.
Decreto de emergencia de Rodrigo Chaves impidió a Contraloría revisar contratación de MECO
Los proyectos están incorporados en los decretos de emergencia 43626-MP, 43752-MP y 43754-MP y sus posteriores reformas, todos emitidos en el 2022 por tres fenómenos: la tormenta tropical Bonnie, la influencia directa de una zona de convergencia intertropical y el huracán Julia.
La reparación de la pista del aeropuerto Daniel Oduber fue incluida, precisamente, en el primero de esos decretos, pero el gobierno lo hizo casi un año después de que la tormenta Bonnie había pasado por el país. Así, la CNE adjudicó la obra por ¢21.800 millones a MECO.
Para los restantes $516 millones del préstamo del BCIE no se aplicará el régimen de excepción de la Ley Nacional de Emergencias, aclaró la Contraloría.
Esta infraestructura fue incorporada en la “Declaratoria de peligro inminente sobre infraestructura pública en rutas nacionales, puentes, infraestructura ferroviaria, centros educativos y viviendas”, emitida por la CNE, mediante una resolución vinculante. La última modificación se hizo el 24 de marzo del 2023.
Son 299 proyectos considerados en peligro, que serán asignados por medio de la normativa de adquisiciones del BCIE. Así lo establece el artículo 5 de la ley 10.456.
El mecanismo de contratación del BCIE es el mismo que usó la Casa Presidencial para el polémico contrato por $405.000 asignado al empresario Christian Bulgarelli por servicios de comunicación para el gobierno, aunque en ese caso el productor audiovisual participó en la redacción de los términos de referencia del concurso.
Contratación irregular de Bulgarelli se fraguó apenas comenzó el gobierno
En cuanto a este mecanismo, la Contraloría sostiene que sí podrá atender impugnaciones que las empresas presenten tanto contra el pliego de condiciones como contra las adjudicaciones, sin perjuicio de la fiscalización posterior que pueda realizar el ente costarricense.
Igualmente, estos casos se deben someter a los principios de contratación pública y al régimen de prohibiciones que contempla la Ley de Contratación Pública, aseguró la Contraloría.
Bajo el esquema del BCIE, también serán contratadas las cinco empresas ejecutoras del crédito, para lo cual se asignó un monto máximo de $20 millones provenientes del préstamo.
Dichas empresas tendrán la responsabilidad de coordinar, planificar, ejecutar, supervisar y controlar los proyectos.
Operarán bajo la figura de Firmas de Implementación (FI). Cada una estará ligada a una de las instituciones públicas que tienen asignados los proyectos: Consejo Nacional de Vialidad (Conavi); Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (Mivah); MEP; Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) y la CNE.
Si bien la Asamblea Legislativa aprobó el pasado 22 de febrero el empréstito por $700 millones con el BCIE, aún está pendiente que los diputados avalen la incorporación de los recursos al Presupuesto Nacional de la República.
Estaba previsto que esto ocurriera el pasado jueves 14 de marzo, sin embargo, no se pudo avanzar en la votación porque los diputados usaron el espacio de discusión para criticar la labor del exministro Luis Amador y externar sus preocupaciones, de que se puedan presentar situaciones similares a las del aeropuerto Daniel Oduber en las contrataciones de las 502 obras que se pretenden ejecutar por medio del Proeri.
El diputado Jonathan Acuña, del Frente Amplio (FA), fue uno de los más críticos. El parlamentario reconoció que en la Comisión de Hacendarios del Congreso, las contrataciones fueron uno de los elementos que más ruido les hizo, pero decidieron dar un “voto de confianza” con la aprobación del crédito.
“Recuerdo, que intentamos hacer más transparente el proceso, en la medida de nuestras posibilidades. Recuerdo que el Ejecutivo nos indicaba que era necesario que se utilizaran esos caminos para la contratación, porque de lo contrario, se tardaría mucho en los procesos de ejecución.
“Como oposición responsable, escuchamos razones y fuimos flexibles para intentar construir un acuerdo”, expresó.
Acuña dijo que le resultaba imposible desvincular la discusión del préstamo y lo dado a conocer sobre las posibles irregularidades en la adjudicación de los trabajos en la pista del aeropuerto Daniel Oduber.
“Esas preocupaciones que teníamos al inicio, regresan como un fantasma agigantado en este momento”, advirtió.
Por su parte, Paulina Ramírez, presidenta de la Comisión de Hacendarios, hizo un llamado al Gobierno Central para que ponga atención a las contrataciones que se van a realizar con recursos del préstamo, “porque son temas que van a manejarse con procesos más abreviados, con menos controles y que requieren mayor fiscalización”.
“Estos procesos abreviados pueden prestarse para que no se cumplan con la debida transparencia, control y rendición de cuentas”, alertó la diputada del Partido Liberación Nacional (PLN).
La preocupación de los diputados de oposición es compartida por Vanessa Rosales, expresidenta de la CNE (2009-2014), para quien el esquema es abusivo al extender un régimen de excepción, contemplado para las emergencias.
La diputada oficialista Pilar Cisneros pidió a sus compañeros separar las cosas y aprobar el presupuesto. Agregó que si era necesario, se podían incorporar más mecanismos de control.
“Si ustedes quieren poner controles adicionales para asegurarse que los recursos se inviertan de manera adecuada, perfecto, no tenemos ningún problema. Lo que no podemos admitir de ninguna manera es seguir atrasando estas obras”, señaló.
En su intervención, Cisneros también pretendió desligar a la administración del presidente Rodrigo Chaves de los cuestionamientos sobre un posible acto de corrupción. “Aquí no ha habido ningún chorizo... del Gobierno”, manifestó. Sus palabras fueron inmediatamente criticadas por legisladores de oposición.
