Los decomisos de cocaína en el país vienen en picada. Mientras Suramérica enfrenta una sobreproducción de esa droga, en Costa Rica las incautaciones decayeron un 55% entre el 2020 y el 2023.
Al revisar el sexenio 2018-2023, el 2020 fue el año con la cifra más alta de decomisos, con 47,1 toneladas de clorhidrato de cocaína.
Desde entonces, las cifras disminuyeron estrepitosamente a 24,7 toneladas en el 2022 y 21,4 toneladas en el 2023, según los datos del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD).
En cambio, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDC, por sus siglas en inglés) detalló, en un informe del 2023, cómo el cultivo de coca se disparó un 35% del 2020 al 2021.
Además, la organización Insight Crime, dedicada a la investigación del crimen organizado en América Latina, estimó que en el 2024 la cadena de suministro de cocaína alcanzará niveles récord de cultivo.
En ese escenario, Costa Rica sigue siendo un punto neurálgico en el tráfico de sur a norte en el continente y para la movilización de droga a Europa pues, aunque la sobreproducción de coca produjo una baja en el precio de comercialización, el narcotráfico sigue siendo un negocio muy lucrativo.
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Mientras en Colombia un kilo de cocaína cuesta $2.000, el monto sube a $25.000 en Estados Unidos, $35.000 en Europa, $50.000 en Asia y hasta $100.000 en Australia, lo que genera enormes ganancias para las estructuras criminales involucradas en el tráfico de esta droga, precisa Insight Crime.
La gran cantidad de droga que pasa por Costa Rica la reconoció el mismo presidente de la República, Rodrigo Chaves, en una entrevista el pasado lunes 12 de marzo, en CNN, con el periodista Fernando del Rincón, cuando este último le preguntó a quién le atribuye que el 2023 haya sido el más violento en la historia del país.
Al respecto, el mandatario respondió:
“Es responsabilidad de toda la sociedad costarricense, incluyendo al Gobierno. Ahora, la gran pregunta es cuáles mecanismos podemos utilizar en un país que no tiene Ejército, que no tiene Fuerza Aérea, que no tiene marina, donde somos uno de los principales puertos de reexportación de cocaína en el mundo, lo que llevó al narcomenudeo, porque los grandes traficantes pagan en especie”.
Una fuente policial, quien prefirió no ser identificada para este reportaje, advirtió de que el país carece de suficientes avionetas y lanchas para patrullaje, pues muchos de estos equipos están en mal estado y eso facilita el trasiego.
Fernando Ramírez, director del ICD, defiende la tesis de que gran parte de la droga está siendo interceptada en Panamá gracias al patrullaje conjunto con Estados Unidos.
Estados Unidos no solo colabora con Panamá, sino también con Honduras, Guatemala y Costa Rica. Sin embargo, según Ramírez, los lentos procesos de judicialización en Costa Rica han llevado a que los esfuerzos por parte de los norteamericanos se centren más en territorio canalero.
“Ellos (Estados Unidos) han migrado a realizar las interdicciones de las embarcaciones que vienen desde Sudamérica en Panamá, por varios motivos. Algunos de los que se han manifestado es que el sistema de justicia penal panameño es más expedito que el nuestro y es una situación real. Nosotros sabemos que nuestro sistema de justicia penal se encuentra colapsado, con plazos sumamente largos para tener una condena en firme”, alegó Ramírez.
A principios de marzo, Juan Manuel Pino, ministro de Seguridad panameño, informó a los medios de que durante los últimos dos años batieron récords en decomisos de droga, y en lo que va del 2024 han confiscado más de 23 toneladas de cocaína.
Según la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas de aquel país, Panamá alcanzó la cifra récord de decomisos en el 2021, con casi 117 toneladas de cocaína. Empero, desde entonces también ha venido disminuyendo la incautación de los alijos a 109 toneladas, en el 2022, y 95 toneladas el año pasado.
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Fernando Ramírez también criticó el Plan Escudo implementado por la Fiscalía, ya que, según él, se concentra en el narcomenudeo.
“Pareciera que la política de persecución penal pasó de dirigir sus acciones e investigaciones al tráfico internacional y más bien lo está concentrando hacia el tráfico local”, cuestionó.
Hace tres semanas, en entrevista con La Nación, el fiscal adjunto Mauricio Boraschi describió el Plan Escudo como una operación destinada a eliminar los puntos de venta de drogas en las calles, para reducir la violencia. No obstante, afirmó que continuarán con las investigaciones sobre el tráfico internacional de drogas.
Robert Alter, director de la Oficina para Asuntos Antinarcóticos, Seguridad Ciudadana y Justicia (INL, por sus siglas en inglés), de la Embajada de Estados Unidos en Costa Rica, prefirió no profundizar en las causas de la caída en los decomisos.
“Es cierto que durante los últimos años Costa Rica se ha convertido en un nodo importante en el tráfico de cocaína, marihuana y otros narcóticos. Nosotros, desde la Embajada de Estados Unidos, y mi oficina en particular, trabajamos muy de cerca con todos esos socios de la sociedad costarricense para abordar esta problemática”, declaró Alter.
Alter menciona que se debe realizar una lucha partiendo de detener el narcotráfico; luego, investigar, enjuiciar y condenar a los criminales, y después prevenir la criminalidad, sobre todo a nivel local.
