Las cooperativas de ahorro y crédito realizaron, durante el año pasado, millonarias estimaciones por deterioro de créditos de cara a la entrada en vigencia, en enero pasado, de una nueva normativa más rigurosa para calcular el riesgo de pérdidas en préstamos.
Las 21 entidades del sector finalizaron el 2023 con una provisión por deterioro crediticio de ¢68.411 millones, un aumento del 23% en comparación con los ¢55.648 millones de 2022, según la información publicada por la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).
El monto estimado por estas instituciones fue el segundo más elevado. La banca privada lo superó con ¢107.5000 millones, pero dichas entidades aglutinan el 33% del saldo total de crédito del país que fue de ¢24.574.800 millones en 2023.
Las cooperativas, entre tanto, representan el 12% de los recursos prestados por el sistema financiero, es decir, ¢2.949.885 millones, según la información publicada en la web de la Superintendencia.
Reglas de calificación para préstamos tendrán cambio drástico en bancos
A las nuevas reglas de estimaciones se suma que durante el año pasado, la Sugef llevó a cabo inspecciones de operaciones crediticias en cinco instituciones del sector, y a dos de ellas les instruyó realizar un cambio en la clasificación y calificación de una porción de la cartera, confirmó la entidad fiscalizadora a La Nación.
“En torno al impacto por el cambio normativo, sus resultados dependen de las características propias de su cartera de crédito, por lo tanto, sus resultados pueden demandar o no mayor requerimiento de estimaciones para las entidades supervisadas”, detalló la Superintendencia por escrito.
El Reglamento sobre el cálculo de estimaciones crediticias comenzó a regir el 1.° de enero anterior. La normativa tiene como objetivo establecer la metodología para cuantificar el riesgo de las operaciones crediticias y de los deudores, así como constituir las provisiones para salvaguardar la estabilidad y solvencia de las instituciones supervisadas.
El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) aprobó la normativa en noviembre de 2021, pero se estableció como plazo hasta el 31 de diciembre anterior para que los bancos, cooperativas, financieras y mutuales alcanzaran el monto mínimo de provisiones por deterioro crediticio con la nueva fórmula de cálculo, en comparación con la anterior, dictada por el Reglamento de calificación de deudores, ya derogado.
Las nuevas reglas para el cálculo de estimaciones son más estrictas para las entidades cuyo segmento más relevante sea el consumo, precisamente el nicho principal de las cooperativas. Tres cuartas partes del saldo de crédito se dirigieron a ese negocio al cierre del 2023.
Óscar Hidalgo, gerente de CS Ahorro y Crédito: ‘Tuvimos que tomar este trago y seguir adelante’
CS Ahorro y Crédito efectuó la estimación más elevada de todo el sector de cooperativas, por ¢29.933 millones, debido a un deterioro en una porción de los préstamos de consumo, confirmó Óscar Hidalgo, gerente de la entidad.
El vocero de la entidad explicó que decidieron efectuar la totalidad de la provisión del periodo 2023, aunque tenían la opción de hacerla de manera gradual.
“Determinamos que se estaba produciendo un mayor deterioro en un grupo de créditos de consumo, que es la principal línea de negocios, y ahí definitivamente teníamos que valorar mejor la situación para adaptarnos a la nueva normativa de estimaciones”, afirmó Hidalgo.
La Nación informó que debido al ajuste, la entidad debió revertir el resultado del 2023 para mostrar una pérdida de ¢26.975 millones, inicialmente reportada como una ganancia de ¢3.288 millones.
Coopealianza también realizó una estimación por ¢20.646 millones en 2023, la segunda más elevada del segmento de cooperativas, según el reporte de Sugef.
La millonaria provisión por deterioro estuvo acompañada por una degradación en la categoría de riesgo de una porción de su cartera de crédito, según revelan los estados financieros auditados.
Las entidades supervisadas por Sugef clasifican a los deudores según el cumplimiento de sus obligaciones, utilizando categorías que van de 1 a 8, donde 1 representa a personas con los pagos de sus préstamos al día, mientras que en la categoría 8 se ubican aquellos con atrasos de más de 181 días o en proceso de cobro judicial.
Coopealianza detalló que el cambio en la categoría de riesgo de un grupo de deudores fue el resultado de la aplicación de la nueva norma, no de una reclasificación.
“Todas las operaciones crediticias están otorgadas en apego al perfil de riesgos establecido y aprobado por el Consejo de Administración”, se informó mediante la oficina de prensa.
En Coopenae, la entidad más grande del segmento, las estimaciones por deterioro ascendieron a ¢5.690 millones, en parte debido a que una porción de operaciones se les rebajó la categoría.
Adrián Álvarez, gerente general de la entidad, explicó que obedeció a factores como la transición por efecto de recuperación de cartera, así como el desempleo, el endeudamiento o el salario mínimo vital.
Álvarez comentó que las nuevas reglas implican un incremento del 5% en el nivel de estimaciones específicas con respecto a la normativa derogada.
El segmento de financieras también experimentó un aumento relevante en las provisiones por deterioro crediticio.
Este rubro finalizó el año anterior con ¢40.976 millones, casi el doble en comparación con los ¢21.317 millones del 2022, según datos publicados en la página de la Sugef.
Las financieras Monge y Multimoney registraron las mayores estimaciones por ¢22.144 millones y ¢15.281 millones, respectivamente.
Ambas entidades se caracterizan por tener una fuerte presencia en préstamos de consumo.