Asegura que las alegaciones de los 'populares' están "huérfanas de todo sustento probatorio"
MADRID, 18 (EUROPA PRESS)
La teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez-Conde, ha pedido al alto tribunal que inadmita a trámite la querella que presentó el PP contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, al no ver indicios de presunta prevaricación en su decisión de ascender a Dolores Delgado a la máxima categoría del Ministerio Público.
Así consta en un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que la 'número dos' de la Fiscalía defiende que las alegaciones que dan lugar a la querella "aparecen huérfanas de todo sustento probatorio, siendo expresiones meramente asertóricas".
El PP acudió al Supremo al entender que la actuación de García Ortiz era "susceptible de ser calificada" de un delito de prevaricación porque obró con "arbitrariedad" para "pagar una deuda personal de gratitud" con Dolores Delgado.
El partido destacó el hecho de que el jefe del Ministerio Público "se apartó del parecer del Consejo Fiscal --que respaldó por mayoría al otro candidato, D. Luis Rueda--" y que "lo hizo además sin ningún esfuerzo argumentativo, sin respaldo normativo y sobre la base de unos méritos ajenos a la jurisdicción militar exclusivamente amparados en su exclusiva obstinación personal".
Además, la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo insistió en que el fiscal general "formuló su proposición a sabiendas de que Dolores Delgado no era la candidata idónea para la cobertura de la vacante". Según los 'populares', García Ortiz la propuso "de forma arbitraria y pese a no ser la candidata mejor posicionada".
Ahora, la teniente fiscal del Supremo sostiene que en la querella del PP "ninguna infracción legal se denuncia ni referida a la competencia, normas procedimentales, o a la idoneidad de" Delgado e insiste en que, por el contrario, se reconoce que --"con independencia de la preferencia" de los 'populares' por el otro fiscal que se postuló para el cargo-- Delgado "reunía todos los requisitos para ser nombrada".
ALEGA QUE LA DECISIÓN FUE DEL CONSEJO DE MINISTROS
Sánchez-Conde incide en que no puede hablarse de un delito de prevaricación porque lo que se le imputa a García Ortiz "no es el dictado de una resolución, sino haber efectuado una propuesta de nombramiento sobre la que carecía de poder decisorio, al estar atribuida dicha decisión a otro órgano distinto, en concreto al Consejo de Ministros".
"Es claro que no concurre el presupuesto típico del dictado de una resolución administrativa, por lo que los hechos no pueden ser subsumidos en el tipo penal que se imputa en la querella".
Así las cosas, la teniente fiscal del Supremo pide al tribunal que "acuerde el archivo por no ser los hechos denunciados constitutivos de delito".
