Además hubo un incremento de casi el 5% de nuevos procedimientos que ingresaron el año pasado en los órganos judiciales
La situación de los tribunales roza el colapso ante el incremento de la carga de trabajo y la falta de recursos que destina el Ministerio de Justicia. Así lo confirman los últimos datos que ha publicado el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Durante el año pasado, los órganos judiciales registraron 7.004.309 asuntos, un aumento del 4,8 % respecto a 2022. Y a ello se suman los asuntos que a 31 de diciembre de 2023 seguían en trámite, que totalizaron 3.981.707 procedimientos, un 17,2 % más que un año antes.
Tal como confirmó LA RAZÓN, las necesidades de la Administración de Justicia para el año pasado era de 444 nuevas unidades judiciales, entre juzgados y plazas de magistrados, según datos del órgano de gobierno de los jueces. Estos son los recursos que se requerían para asegurar un normal funcionamiento de los órganos jurisdiccionales. Sin embargo, esta cifra dista mucho de las 70 unidades que Justicia programó el año pasado. Es decir, en 2023 solo se cubrió el 16% de las plazas judiciales que se requerían.
Pese a esta sobrecarga que muestran las cifras, la eficiencia en los niveles de resolución se mantienen más o menos en la misma línea del pasado ejercicio, con una capacidad de resolución de los tribunales se mantuvo apenas sin variaciones durante el pasado ejercicio: los 6.444.487 asuntos resueltos supusieron una reducción interanual del 0,3%.
Así lo demuestra el informe estadístico sobre la Situación de los órganos judiciales del CGPJ. De él se desprende que el número de nuevos asuntos únicamente disminuyó en el orden Contencioso-Administrativo, mientras que en las jurisdicciones Civil, Penal y Social aumentó un 6,4%, un 3,9% y un 5,4%, respectivamente.
En el orden Civil, los órganos judiciales registraron 2.989.730 asuntos en 2023, un 6,4% más respecto al año anterior. En esta jurisdicción se sintió más la falta de recursos para afrontar este incremento de trabajo, ya que se resolvieron 2.630.999 asuntos, un 0,3% menos que en 2022, y quedaron en trámite 2.278.006, un 18,7 % más.
A pesar del aumento de asuntos en la jurisdicción Penal, hubo una tasa de resolución positiva. En 2023 ingresaron 3.343.193 asuntos, con un incremento interanual del 3,9%, y se resolvieron 3.210.964 asuntos, un 1,4% más respecto a 2022. Sin embargo, crecieron sensiblemente los asuntos que quedaron pendientes de ser tramitados: en total, fueron 1.050.579 asuntos, lo que supone un incremento del 17,8% respecto al ejercicio anterior.
En la jurisdicción Contencioso-Administrativa, la entrada de 207.978 nuevos asuntos supuso una reducción interanual del 5,1% y también se redujo, en 8,5%, el número de asuntos resueltos, que sumaron 204.675. Al final del periodo quedaron en trámite 227.006 asuntos, un 3,6% más en términos interanuales.
El ingreso de 463.294 nuevos asuntos en la jurisdicción Social supuso un incremento del 5,4% respecto a 2022. El número de asuntos resueltos se situó en 397.692, un 7,7% menos que el año anterior y el de asuntos en trámite, en 426.075, un 16,1% más.
Más litigiosidad
En cuanto a la tasa de litigiosidad, es decir, el número de procedimientos judiciales que se tramitan por cada mil habitantes, en el conjunto de España se sitúa en 145,7 asuntos por cada 1.000 habitantes, pero destaca en Canarias y Andalucía, que se sitúan a la cabeza a nivel nacional.
Las comunidades autónomas que mostraron un nivel superior a la nacional fueron Canarias (188,7), Andalucía (156,8), Cataluña (154,2), Baleares (150,6) y Madrid (149). Mientras que la otra cara de la moneda la representan el País Vasco (103,2), La Rioja (103,9) y Navarra (115,7).
